El conflicto sobre el Fobaproa (y su actual seudónimo, el Iproaba) no versa ante todo sobre economía y finanzas. Toca algo mucho más importante: la existencia y la vigencia de la ley en México, la legalidad en la República Mexicana, la suerte de la nación.

Aparte del monto descomunal que en definitiva deberemos pagar todos, la cuestión fundamental es que esa deuda es resultado de actos ilegales del gobierno de la República, a través de sus altos funcionarios. Actos que han redundado en la protección y la complicidad con operaciones fraudulentas de particulares, ahora cubiertas por el erario público. Todas esas operaciones tienen nombres, apellidos y beneficiarios conocidos. Esos actos fuera de la ley encubren fraudes, quiebras culposas, uso ilegal de fondos para campañas políticas. Entre ellas, las que llevaron a la Presidencia de la República a Ernesto Zedillo y a la gubernatura de Tabasco a Roberto Madrazo Pintado.

La cuestión fundamental es, en otras palabras, que tanto el Fobaproa como el Iproaba, al sancionar la impunidad de fraudes y delitos y permitir que los delincuentes escapen sin castigo legal, son inconstitucionales; es decir, están fuera de la ley suprema de la República. Nada puede subsanar esta ilegalidad de fondo, como bien lo demuestra Alejandro Nadal (La Jornada, 16 de diciembre de 1998).

Por eso no era arbitrario que el PAN, dispuesto ya a cubrir el fraude financiero, demandara la renuncia de Guillermo Ortiz, uno de los grandes generadores y encubridores de las ilegalidades del Fobaproa. El doctor Zedillo comprendió bien que enjuiciar a Ortiz era hacerlo con todo su gobierno. En el nivel simbólico, donde se juega la política, era el intento del PAN de cubrir el atraco salvando el propio honor. Zedillo no se lo permitió. Y aquí el PAN, según su costumbre inveterada en las cuestiones de fondo, dobló una vez más la rodilla ante el presidente de turno y ante el sistema político, cuyo cómplice, socio y entenado ha sido siempre.

A ese mismo nivel simbólico, no es el PRI, que siempre defendió la ilegalidad y al Fobaproa, el principal responsable de la presente ilegalidad. Es el PAN, que pudo haberla evitado y no quiso, no supo y no pudo. No fue para esto que los llevaron al Congreso muchos de sus electores. Se lo harán saber en su momento.

Ni PRI ni PAN han salido impunes de esta aventura legislativa. A ambos les ha costado ya fracturas en sus filas.

Los legisladores de ambos partidos que se negaron a chapotear en la ilegalidad y votaron en contra no fueron demasiados. Pero sí los suficientes, sin embargo, para mostrar el malestar que atraviesa a esos partidos y las crisis que vendrán. Estas rupturas inéditas de la disciplina parlamentaria son un anuncio de los tiempos próximos y pueden ser, me atrevo a pensarlo, irreversibles y acumulativas. Pues esas rupturas se complementan, por otro lado, con la agregación de votos del PRD y otras fuerzas políticas en torno al rechazo al Fobaproa.

El Ibaproa no pasó sin un prolongado debate en el Congreso. En este debate, el Congreso de la Unión ha ocupado su lugar y valorizado su función, cualquiera que haya sido el resultado final del voto. No es cierto que un Congreso se vitaliza por el consenso, como creen los plebiscitarios y los totalitarios.

Un Congreso cobra sentido en la discusión y en el disenso, en el debate plural de todas las cuestiones frente a la nación, en la trasparencia y la publicidad de sus sesiones.

La democracia no es el consenso nacional autoritario. La democracia es el juego de diversas opiniones y opciones que coexisten en toda sociedad moderna y que toman decisiones a través de mayorías y minorías legítimamente constituidas por el voto ciudadano.

En la democracia, cada uno se hace responsable de su voto, sin esconderse tras la disciplina o el consenso obligado. Es lo que hicieron los legisladores del PRI y del PAN que se negaron a aprobar el atraco.

Con este atraco, el sistema político aún reinante ha colocado al país entero fuera de la ley. Lo que este voto de aprobación de la impunidad ha dicho es que en este sistema no hay garantías para nadie, salvo las que dé la fuerza. No hay economía sana en los tiempos modernos que pueda sustentarse en esos principios. Antes que el llamado ``modelo económico'', es la vigencia de la ley en México lo que hay que discutir.

Si vienen a este país los inversores, no será porque se sientan amparados por una legalidad que las autoridades encargadas de hacerla cumplir ignoran o pasan por alto. Será porque su propia fuerza de chantaje económico les permitirá, como en el caso de los bancos y de las sociedades financieras extranjeras, imponer su propia ley en una tierra sin ley.

Por eso, el mayor desastre del gobierno del PRI y sus aliados (el PAN, Vicente Fox y varios otros) en el caso Fobaproa no está en su política económica. Está en la preservación denodada de la impunidad y de la ilegalidad manifiesta de todo el sistema.

El mayor desastre es haber declarado a México una tierra sin ley y sin justicia. Y tierra sin ley es siempre tierra de conquista del más fuerte, que en el mundo globalizado de estos días es el poder financiero de Estados Unidos y su respaldo militar, el Pentágono.

Las batallas en el Congreso de la Unión no han sido estériles. Esta vez han sido anuncio y prolegómeno de otras mayores, entre ellas la batalla por la paz, la democracia y la ley en Chiapas. Pero además han sido anuncio de que una enorme protesta, un sobresaldo moral, un movimiento de la nación se gesta en la sociedad mexicana.

Pueden las figuras disputarse las candidaturas. Lo cierto es que más allá de esas disputas ha madurado el tiempo para un movimiento amplio y plural por la nación, la democracia, la justicia, la paz y la legalidad republicana.

Contra las voces de los cínicos que habitan en todos los partidos, México no volverá a ser tierra de conquista.

El año venidero será el de la prueba.