Reiteran Menem y Frei condena a la extraterritorialidad jurídica

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 15 de diciembre Ť Dos ex agentes de la policía pinochetista se entregaron hoy a la justicia para responder por su participación en una matanza, al tiempo que los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei rechazaron el principio de extraterritorialidad jurídica.

El ex jefe operativo de la antigua Central Nacional de Información, coronel retirado del ejército Alvaro Corbalán, y Sergio Vargas, ex teniente del mismo organismo, se presentaron ante el juez Hugo Dolmesth, quien se encarga de la investigación del asesinato de 12 jóvenes izquierdistas entre el 15 y 16 de junio de 1987.

Ambos respondieron así ante la orden de arresto del juez emitida el 3 de diciembre, acusados de violencia innecesaria en relación a siete de los 12 asesinatos, en lo que se llamó Operación Albania en contra de miembros del entonces clandestino Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Sobre este caso, que también se conoció como la matanza de Corpus Christi, hay ya otros siete militares en prisión bajo proceso, y los nuevos detenidos fueron recluidos en distintos cuarteles militares.

El caso estaba cerrado, pero fue reabierto en diciembre pasado por resolución de la Corte Suprema tras demostrar los querellantes que las víctimas no murieron en ningún enfrentamiento armado, sino producto de homicidios.

En Buenos Aires, Menem y Frei reafirmaron su ``más enérgico rechazo'' a la aplicación de la extraterritorialidad de ``legislaciones nacionales y extranjeras'', en alusión al caso Pinochet.

Apuntaron, en un comunicado conjunto, que el precepto de extraterritorialidad ``es incompatible con el principio de la igualdad soberana de los estados y puede derivar en conductas intervencionistas que alteren sus normales relaciones''.

El juez español Baltasar Garzón ha demandado a Gran Bretaña la extradición de Pinochet, así como las capturas de los ex dictadores argentinos Jorge Videla y Emilio Massera, en el marco de investigaciones sobre asesinatos en Chile de españoles y de la Operación Cóndor, que se extendió a los países sudamericanos dictatoriales de los años 70 y 80.

El canciller chileno, José Miguel Insulza, insistió en que Pinochet ``debería y puede ser juzgado en Chile'', y reiteró que fue ``un gravísimo error'' del régimen militar su apoyo a Gran Bretaña durante la guerra de las Malvinas contra Argentina en 1982.

A su vez, el vicecanciller argentino, Andrés Cisneros, negó que la postura chilena de respaldo a los reclamos de Argentina de soberanía sobre las Malvinas esté vinculado con la decisión británica de abrir el trámite a la extradición de Pinochet a España.

Sostuvo que hay una trayectoria democrática de Chile respecto de las Malvinas, al afirmar que ese país ha acompañado a Argentina desde hace años en sus reclamos ante el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas.

En Valparaíso, la mayoría de la oposición de derecha hizo aprobar una moción de censura al gobierno de España por haber tramitado la solicitud de extradición de Augusto Pinochet, bajo el argumento de que la medida se adoptó ``violando claros principios del derecho internacional, agraviando a Chile y su economía...''

En contra hubo siete votos y nueve abstenciones, todos de los partidos integrantes de la gobernante Concertación Democrática, quienes señalaron que el acuerdo violaba el artículo 5 de la Constitución.

Por lo demás, dijeron que la moción más bien podría perjudicar las gestiones del gobierno chileno.

La derecha también aprobó otra controvertida medida, referente a la creación de una comisión que busque la verdad histórica sobre las causas políticas, económicas y sociales que motivaron el golpe militar de 1973, y que deberá comenzar la pesquisa desde 1965.

Los partidos de la coalición gobernante rechazaron tal comisión, al señalar que se pretende escamotear lo sucedido en los últimos 25 años, de los cuales 17 se vivieron bajo la dictadura pinochetista y ello, dijeron, no ayuda a la reconciliación.

En cambio, hubo consenso en la aprobación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de un mecanismo para investigar y juzgar el caso de los más de 2 mil detenidos desaparecidos de la dictadura castrense, pues ``es un derecho inalienable de los familiares y la sociedad'' de conocer el paradero de esas personas; además, se garantizará el anonimato de quienes proporcionen datos sobre estos casos.

En tanto que los partidos de la coalición gobernante se aprestan a responder a las tergiversaciones que contiene la reciente carta de Pinochet ``a los chilenos'', surgieron los primeros rechazos a la cifra del ex dictador de que hubo un tercio de muertos entre los militares que combatían a las ``bandas terroristas''.

Mientras, LanChile anunció que suspenderá sus viajes a las Malvinas, a petición del gobierno, pero sólo a partir del 31 de marzo, cuando concluye el contrato con la corporación de desarrollo del archipiélago.