La política del gobierno de Zedillo y el discurso con que la defiende han superado los límites de lo comprensible y socialmente aceptable. En ella sólo aparecen dos componentes contrapuestos: la política económica y la seguridad pública; los otros campos de la acción pública, sobre todo la política social, se disuelven en el aire. Lo absurdo es que entre economía y seguridad pública existe una relación perversa, de contraposición: una genera las causas que justifican a la otra, por lo que las dos son un fracaso total.

La aplicación irreflexiva del dogma neoliberal, la aceptación del papel subordinado y dependiente en la economía mundial, el sometimiento a los dictados de los organismos financieros multinacionales, el privilegio otorgado al capital financiero especulativo, la protección irrestricta a los grandes banqueros y empresarios ineficientes y corruptos, la creencia ciega en la lógica del ``libre'' mercado, la ausencia de políticas de desarrollo económico, y sobre todo agrícola e industrial, la arremetida de largo plazo contra el salario y el mercado interno, la aplicación recurrente de políticas recesivas, han llevado a que Zedillo haya logrado transitar de la crisis de fin de sexenio a la crisis de todo el sexenio. Los efectos han sido devastadores para los trabajadores: desempleo masivo y creciente, caída continua del salario durante dos décadas, informalización de la fuerza laboral en condiciones de baja productividad e ingreso y, como resultado, crecimiento de la pobreza y la miseria.

Desde hace 15 años, la política social es desmantelada mediante la reducción relativa del gasto público, la privatización de los servicios sociales y el desmonte de la seguridad social; la infraestructura y servicios públicos para los sectores populares se deterioran, pues se atienden sobre todo las necesidades modernizadoras del gran capital. La masa empobrecida se lanza a la informalidad o al delito para sobrevivir o se vuelve carne de cañón para la delincuencia organizada que crece a la sombra de la corrupción burocrática, policial y judicial. Ante la protesta ciudadana por la inseguridad, en lugar de cambiar la política económica y social para atacar sus causas profundas, se toma la falsa vía de aumentar los cuerpos armados, penetrados por la ineficacia y la corrupción, y modernizar sus armamentos a costos multimillonarios.

El proyecto de presupuesto para 1999 es otra pieza de esta política del absurdo. La política de ingresos se basa en incrementos de tarifas e impuestos que golpean a toda la población, y estímulos para los grandes empresarios. En la de egresos se destinan sumas enormes al pago de la deuda pública interna y externa, al salvamento de constructoras de carreteras, bancos y grandes deudores --aún venales-- del Fobaproa, y a la seguridad pública. Al mismo tiempo, aunque el discurso lo niegue, se sigue reduciendo el gasto público social y continúa ausente la política de fomento agrario e industrial. Si la legislatura no enmienda este despropósito, una de las víctimas será la educación, incluyendo la universitaria. Al mismo tiempo se fija un tope salarial muy inferior a la inflación de 1998, que seguirá reduciendo el salario real de todos los trabajadores.

Los gobiernos estatales y municipales, incluido el del Distrito Federal, que no participan en la definición de la política económica, verán recortados, por segundo año consecutivo, los recursos provenientes de la Federación o tendrán que pagar el costo político de aplicar el dos por ciento adicional de tasas impositivas --Cárdenas y otros gobernadores se han negado a ello--, que no compensa lo perdido; y enfrentar el crecimiento de la delincuencia, efecto de la política económica federal, aumentando el gasto en seguridad pública y pagar los costos de un fracaso anunciado en su combate; tendrán también menos recursos para atender las demandas sociales acrecentadas. Como si no bastara, la recesión anunciada a escala mundial y nacional, impulsada por la política gubernamental, disminuirá la masa de ingresos fiscales por la caída de la actividad económica en general.

Estamos frente al círculo vicioso, perverso, del neoliberalismo a la mexicana, que ha atrapado a sus creadores priístas, al igual que le ocurrió al aprendiz de brujo.