En la cooperación antinarcóticos con EU, ``importantes reveses'': Green

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 15 de diciembre Ť Miembros de los gabinetes de México y Estados Unidos iniciaron hoy una reunión sobre la lucha antinarcóticos, y en público reiteraron su compromiso de incrementar la cooperación, pero en privado funcionarios de ambos países comentaron que dedican la mayor parte del intercambio a buscar nuevas formas de manejar las consecuencias de la Operación Casablanca y el políticamente controvertido proceso de certificación estadunidense sobre el combate mexicano a los estupefacientes.

La canciller Rosario Green y el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, al igual que el zar antidrogas estadunidense, Barry McCaffrey, y la procuradora de Estados Unidos, Janet Reno, pusieron en marcha la sexta reunión del Grupo de Contacto de Alto Nivel para el control de drogas.

Según McCaffrey, la reunión de día y medio se enfocará en los temas bien conocidos de las relaciones bilaterales en torno a la lucha antinarcóticos, y los grupos de trabajo se reunirán para hablar de temas como reducción de demanda, lavado de dinero, tráfico de armas, interdicción, control de químicos precursores y extradición. Agregó que Estados Unidos presentará a México un informe que detalla sus esfuerzos antidrogas, en particular en el rubro de la reducción de la demanda.

La mayor parte de la sesión pública del encuentro estuvo dedicada al elogio de los niveles de cooperación alcanzados entre ambos países, y varios funcionarios reiteraron los comentarios de Reno en el sentido de que existe ``una relación de trabajo excelente''. Pero los comentarios del lado mexicano fueron más sutiles.

``Nuestra cooperación siguió avanzando, pero también recibió importantes reveses'', declaró Green, en lo que aquí se entendió como una referencia diplomática al asunto Casablanca. Los funcionarios estadunidenses habían esperado poder dejar atrás las tensiones creadas por la serie de arrestos que resultaron de la controvertida operación unilateral contra el lavado de dinero por parte de banqueros mexicanos, pero Green y Madrazo, al parecer, llegaron con la decisión de que no podían dejar de mencionar el tema.

Madrazo advirtió que tales incidentes ``dieron pauta para que los amigos de la confrontación pusieran en duda éste y otros mecanismos de colaboración bilateral''.

``Casablanca fue un problema que debió ser enfrentado'', expuso McCaffrey, en respuesta a preguntas sobre el asunto. Pero insistió que una reunión poco después del incidente, ayudó a restablecer la cooperación.

Reno también pareció referirse al asunto, sin mencionarlo por su nombre, cuando comentó que ``las diferencias entre nuestros sistemas y procedimientos no deberían ser percibidas como obstáculos para la cooperación. Deberían verse como bases sobre las cuales construir nuestra relación diversa''.

En privado, los funcionarios estadunidenses mostraron preocupación no sólo por los daños que causó Casablanca a la relación bilateral, sino por la posibilidad de que sus pares mexicanos, respondiendo a las dinámicas políticas internas, podrían renovar sus demandas para la extradición de los agentes de Estados Unidos que participaron en la operación encubierta.

Esas demandas, advirtieron fuentes legislativas y un funcionario del gobierno en Washington, casi garantizarían que el Congreso descertificara a México en 1999.

Formalmente, no se espera que las reuniones del grupo de contacto de hoy y mañana resultarán en ninguna iniciativa nueva. El documento de las ``medidas de efectividad'' que se preparaba para difundirse esta semana fue postergado por problemas de agencias gubernamentales de ambos países, y no se espera ningún otro texto o acuerdo sustancial al concluir esta reunión.

Sin embargo, Madrazo Cuéllar advirtió durante la sesión de inauguración, que las filtraciones de información a los medios sobre investigaciones antinarcóticos estaban minando la procuración de justicia en casos importantes. ``Esto es tan válido para Estados Unidos como lo es para México'', subrayó, al revertir una crítica que frecuentemente hacen funcionarios estadunidenses que se quejan de las dificultades de compartir información sensible con sus contrapartes mexicanos.

En privado, funcionarios mexicanos se han quejado de que los principales periódicos de Estados Unidos frecuentemente parecen tener acceso a información confidencial sobre esfuerzos antinarcóticos mexicanos. Madrazo solicitó que el grupo de contacto nombre una comisión para investigar el problema de las filtraciones.

Ninguno de los participantes del grupo de contacto se refirió hoy al tema en público, pero detrás del escenario funcionarios de ambos países reconocieron que esta reunión se realiza bajo la penumbra del próximo debate sobre la certificación en Washington.

``La certificación será difícil, cunde la preocupación aquí'', comentó a La Jornada un alto funcionario del gobierno de Clinton que participa en los preparativos para ese debate. Como parte del esfuerzo para sortear este controvertido proceso anual, participantes del grupo desayunarán mañana con algunos de los críticos más severos de México en este rubro, entre ellos los senadores Dianne Feinstein, Paul Coverdell y Charles Grassley.

Pero algunos funcionarios estadunidenses siguen optimistas de que podrán tener más éxitos para mostrar antes de la fecha límite del 28 de febrero de 1999, cuando el presidente Bill Clinton debe anunciar sus determinaciones sobre los países a certificar que cooperan plenamente con la lucha antidrogas de Estados Unidos.

``Mucho depende sobre qué hace el gobierno mexicano'', indicó un alto funcionario del gobierno de Clinton. ``Si hacen un poquito más, este problema podría quedar resuelto''. Esta fuente y otros funcionarios aquí comentaron que una extradición de alto perfil, o la detención de un capo mexicano, podría dar un apoyo tremendo en el esfuerzo de las autoridades estadunidenses de ganar la certificación mexicana.

Pero también ayudaría, señaló un vocero legislativo, que mínimo, al acercarse el debate de certificación, ``ellos (el gobierno mexicano) tuvieran que arrestar a más funcionarios de alto nivel implicados en narcocorrupción''.