Exigirá a las compañías rigidez y una clara identificación de unidades sometidas a subasta

Humberto Ortiz Ť Para secar el mercado de autopartes y vehículos robados, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal investiga a compañías aseguradoras que vía subasta permiten que grupos criminales se abastezcan de unidades recuperadas, y cuya facturación provoca que con un solo documento se puedan amparar hasta tres autos más de procedencia ilícita.

La autoridad les exigirá, anticipó, que instrumenten perfectamente las bases de sus remates, identifiquen claramente los automotores subastados y rigidicen sus controles para que no intervengan bandas delictivas.

``Esto es absolutamente prioritario'', señaló el procurador Samuel del Villar.

Del 1 de enero al 4 de diciembre de 1998 han sido robados 44 mil 333 automóviles, contra los 54 mil 737 registrados en el mismo periodo de 1997, es decir, 10 mil 404 menos. El promedio de recuperación de autos suma ya 416 millones 160 mil pesos, aproximadamente, si se toma en cuenta una cotización de 40 mil pesos por unidad.

El procurador capitalino informó también que en el proyecto del Código Penal para el Distrito Federal, cuya iniciativa será enviada por el jefe de gobierno a la Asamblea capitalina en enero próximo, quedará incluido un articulado que exija y obligue a las compañías de seguros a poner candados que eviten la venta de vehículos a organizaciones criminales, so pena de sufrir sanciones ejemplares.

El funcionario ofreció una rueda de prensa conjunta con el delegado en Iztapalapa, Elio Villaseñor Gómez, para inaugurar un módulo del Ministerio Público y de la Policía Judicial en la lateral de avenida Ignacio Zaragoza, en la unidad habitacional El Salado, y allí adelantó que la PGJDF propondrá a los procuradores del centro de la República buscar extender los principios integrales de operación policiaca aplicados en esa demarcación capitalina --donde se comercializa y acopia por lo menos 60 por ciento de vehículos robados en el Distrito Federal--, particularmente en puntos de mayor incidencia como las vías México-Puebla, Querétaro-México, Toluca-México y Cuernavaca-México, así como sus troncales.

Al efecto, añadió, será necesaria la intervención de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal de Caminos.

Por estos motivos, el procurador Del Villar consideró imperativa la participación de las aseguradoras y la reglamentación de las subastas de vehículos recuperados.

Y es que, insistió, el problema medular para secar el mercado es identificar los coches y las autopartes robadas, porque hasta ahora los mecanismos para hacerlo son ``muy precarios''.

Acompañado por Arturo Gutiérrez Velasco, coordinador de Investigación de Robo de Vehículos, el titular de la PGJDF mostró un registro de automóvil ``hechizo'' con un pedazo de lata de cerveza.

Abundó: ``El problema mayor es identificar la mercancía robada en los deshuesaderos, porque está amparada con facturas de salvamentos subastados por aseguradoras''.

Explicó que en muchos casos ha quedado comprobado que las refacciones no se relacionan con la documentación exhibida. Así, exigió la cooperación de esas empresas, pues las organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de vehículos robados son ``participantes destacados'' en sus subastas, y las facturas expedidas se utilizan como medio para lavar automóviles y autopartes de procedencia ilícita.