El periodo ordinario de sesiones clausurado ayer en San Lázaro deja un saldo amargo para el país, tras la aprobación, en lo sustancial, de la propuesta gubernamental de transferir a la Nación los costos del rescate de la banca privada y de otorgar una impunidad tácita a los responsables de irregularidades, inconstitucionalidades y delitos llanos en la instrumentación de ese salvamento. Como lo señaló en tribuna el coordinador de la bancada perredista, Porfirio Muñoz Ledo, esta clausura anticlimática y desesperanzadora contrasta con el arranque de la actual legislatura, carente de mayoría absoluta, y en el que la alianza de formaciones opositoras generó expectativas de que el Legislativo podría, después de muchas décadas de hegemonía priísta y servilismo a la institución presidencial, ejercer su auténtica función de contrapeso al Ejecutivo.

Tras ese deplorable desenlace del debate más trascendente que tuvo lugar en el país en el curso del año que está por terminar, la próxima disputa política en el Legislativo habrá de articularse en torno al presupuesto de egresos para 1999. Se prevé, a este respecto, la apertura de un periodo extraordinario de sesiones para resolver el presupuesto del año próximo antes de que termine el presente.

Es importante considerar que la propuesta gubernamental unificó, en su contra, a casi todos los sectores económicos y suscitó el rechazo de todos los partidos, salvo el PRI, en cuyas filas no han faltado, pese a todo, expresiones discordantes ante el conjunto de medidas recesivas y lesivas que se pretende imponer al país en nombre de una ``salud financiera'' desmentida de antemano por la gravosa solución al Fobaproa.

No debe pasar inadvertido que el tema del presupuesto y de los impuestos adicionales propuestos por el gobierno no es necesariamente una agresión mayor, pero sí mucho más visible y perceptible, a ojos de la población, que la conversión en deuda pública de los pasivos bancarios y la absolución de las ilegalidades del rescate de las instituciones financieras privadas. Por ello, las fracciones parlamentarias que se resolvieran a defender la aprobación sin modificaciones de la iniciativa oficial, tendrían que cargar con un costo político ineludible, acaso tan elevado como el que hubo de pagar el propio PRI en las elecciones del año pasado, por el incremento del IVA de 10 a 15 por ciento en 1995.

En forma aún más evidente que ante el rescate bancario, en la inminente discusión sobre el presupuesto, los intereses políticos inmediatos de los partidos coinciden con los de la mayoría de la población. En el caso concreto del PAN, queda el interrogante de si sus legisladores asumirán, en el tema del presupuesto de 1999, la misma actitud sumisa y cómplice que ostentaron ante el asunto del Fobaproa. Entre no pocos priístas, por lo demás, se tiene la percepción de que la disciplina partidaria --es decir, el acatamiento de las instrucciones del Ejecutivo-- llevaría implícito, en esta ocasión, un sentido de inmolación política y electoral.

Con todo, en días recientes el gobierno federal ha endurecido sus posiciones y exige que su proyecto de presupuesto sea aprobado, sin más, por el Legislativo. Ello introduce un factor adicional de polarización al debate que, según los indicios, habrá de desarrollarse en San Lázaro en los días próximos.