Nacional Financiera anunció anoche que mañana jueves espera el pago, en efectivo, de mil 114 millones de pesos, por parte de Pipsamex. Esta es la nueva empresa de la familia Rincón, creada ex profeso para participar en la licitación de PIPSA, el ex monopolio gubernamental de papel periódico. Técnicamente, el nuevo dueño no es Grupo Industrial Durango, sino la compañía que sus accionistas mayoritarios -los Rincón- constituyeron para evitar un largo proceso de autorizaciones que habrían debido obtenerse de los demás. Probablemente, más adelante Pipsamex se incorporará al grupo. El caso es el mismo en función del interés gubernamental de deshacerse de la firma papelera. La otra empresa que partició en la licitación --Organización Editorial Mexicana, de los Váquez Raña--, simplemente contribuyó a llenar el requisito de que hubiera cuando menos dos concursantes. PIPSA quedó, finalmente, en buenas manos.

La fórmula

Es una solución de mercado, como las que agradan a financieros y economistas. Un numeroso grupo de diputados de todos los partidos coinciden en que un modo de salvar la cuestión del impuesto telefónico --es decir, no aplicarlo y al mismo tiempo tapar el hoyo del presupuesto de ingresos-- sería redocumentar a un año los pagos de intereses que considera el presupuesto de egresos de 1999 a favor de algunos de los banqueros rescatados. Según los legisladores, la propuesta del secretarío Gurría comprendería los siguientes pagos:

No se trata de cancelación ni de moratoria, como lo sugeriría López Obrador, sino de redocumentación, una operación que se concerta millares de veces todos los días entre los bancos y su clientela. (El gobierno mexicano se ha convertido en su cliente número uno, con una deuda a pagar --aunque, insisto, difícil de cobrar-- que en el tiempo sobrepasará un millón de millones de pesos). Claro, se les cubrirían sus intereses, inclusive con un premio. Esta sería una medida de emergencia, mientras se ve qué ocurre con el precio del petróleo. Tiene la ventaja de que daría a Gurría y a los diputados todo el año próximo para armar un esquema mejor. A un clientazo como el gobierno mexicano no podría negársele un servicio de esa naturaleza, ¿o sí?

El chayotazo

Sin embargo, y a pesar de que buscando con ganas se hallarían otras salidas decentes, parece ser que el secretario Gurría quiere salirse con la suya en lo del impuesto telefónico. Y si el dream team --formado por diputados del PRI y el PAN-- pudo sacar adelante lo del Fobapan, con mayor razón podrán con lo del impuesto, que se antoja como una tarea menor. La cuestión es convencer a un número suficiente de legisladores panistas. Ayer por la tarde comenzó a circular una versión en los pasillos de San Lázaro: habrá cien mil pesos de premio para cada legislador que vote a favor del impuesto. ¿Bochornoso? Tal vez, pero como dice el refrán: ¿qué le importa otra raya al tigre? Si hay aceptación, en unas pocas horas más estarán aprobándolo, a pesar de que su líder Felipe Calderón, dice que le da asco votar al lado del PRI.

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