El referendo ya se hizo en 96 y está en el Congreso: Rabasa

Angélica Enciso L. Ť El coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, Emilio Rabasa, expresó que la postura del gobierno acerca de la consulta convocada por el EZLN sobre los acuerdos de San Andrés es que la decisión en materia de legislación indígena reside en el Congreso de la Unión, que es la única instancia competente, además de que esa consulta ya se hizo en 1996.

En entrevista, se le interrogó acerca de si se incorporarían aspectos derivados de la consulta a la iniciativa gubernamental sobre derechos y cultura indígenas. Dijo que en ésta ya se encuentran ``más de las dos terceras partes del proyecto de la Cocopa'' y que no es posible someter la soberanía del Congreso de la Unión al ``acuerdo o no de un grupo''.

Durante su participación en una reunión con diputados y senadores de la CNC, en la que se analizó el tema sobre legislación indígena, señaló que la propuesta de ley de la Cocopa no tiene carácter de iniciativa, ya que es un proyecto que se elaboró pero que no está en el Congreso de la Unión, por lo que las únicas ``iniciativas que están a discusión son las del PAN, la del Ejecutivo que envió al Senado y la del Partido Verde''.

El coordinador dijo que salió un comunicado en relación con una consulta. ``Nosotros hemos dicho que la iniciativa de la Cocopa no es del todo desechable; es más, la exposición de motivos del presidente (Zedillo) la incorpora, pero hay cuatro puntos de ella que se apartan de los acuerdos de San Andrés y son inaceptables''.

Señaló que el gobierno federal ha estado ``dispuesto a platicar sobre esos diferendos y ahora se pretende llevar a una consulta nacional -la cual, por cierto, ya se realizó entre marzo y mayo de 1996- el proyecto al que se le hicieron esas observaciones''.

A pesar de ello, dijo, se ha tratado de platicar sobre el tema, ``lo que no se puede hacer es pretender obligar (al Presidente) a que presente un proyecto en el que está convencido de que hay esas cuatro observaciones y que un Ejecutivo responsable no puede enviar al Congreso''.

Explicó que las cuatro observaciones que el gobierno hizo al proyecto de ley de la Cocopa, que ``son incompatibles con los acuerdos de San Andrés'', son sobre la tenencia de la tierra o su explotación colectiva; el ``derecho y uso de la explotación de los medios de comunicación social''; la competencia en materia de educación, y que los municipios con población mayoritariamente indígena tendrían derecho a la ``libre asociación intracomunitaria''.

Señaló: ``Estamos en una situación en que un partido político detiene el proceso de dictamen hasta que no se retome el diálogo con el EZLN y éste se empecina en no hacerlo; ante ello, el Congreso no puede permanecer como rehén''.

En la entrevista aseguró: ``No vamos a variar en el punto de vista de resolver el conflicto con el EZLN de manera pacífica; hemos estado presentando iniciativas políticas a lo largo de este año que nos han permitido crear una situación de mayor distensión, aunque sí nos preocupan, y mucho, hechos como la emboscada de El Bosque''.

Agregó: ``Seguiremos insistiendo en decirle al EZLN, que lo mejor que puede hacer y la mejor respuesta que puede dar a las comunidades indígenas que dice representar y a la sociedad en general es retomar el diálogo con el gobierno''.

En su exposición ante los legisladores reunidos en el salón Emiliano Zapata de la CNC, hizo un recuento de las actividades realizadas por el gobierno este año en Chiapas. Señaló que ahí lo fundamental es que predomine la ley; que se erradique toda impunidad y para ello se requiere contar con ``toda una estructura de fuerza social pública adecuada y de procuración y administración de justicia''.

También dijo que es fundamental erradicar todos los brotes de violencia que se puedan dar en distintas zonas del estado, así como ayudar a los cerca de 10 mil desplazados de Chenalhó. Más de 30 por ciento de esa población ha retornado a sus lugares de origen en condiciones de seguridad, precisó.