Esperan en Jalisco la intervención de la CNDH ante los abusos de militares
Jesús Aranda, enviado, Zapopan, Jal., 13 de diciembre Ť Al cumplirse un año de los hechos en San Juan de Ocotán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sigue a la espera de que en ese, como en otros 51 casos de quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas -presuntamente- por militares en esa entidad, su homóloga nacional -CNDH- responda y emita una recomendación al respecto.
Así lo señaló la presidente de la CEDHJ, María Guadalupe Morfín Otero, quien advirtió que la falta de precisión en la ley para delimitar la participación de militares en acciones de seguridad pública y en contra del narcotráfico ha derivado en ``confusión que genera violaciones a los derechos humanos y, por tanto, inseguridad''.
Por lo que toca a quejas presentadas en contra de militares, la funcionaria destaca que por estar involucrada una institución federal (el Ejército Mexicano), los asuntos deben turnarse necesariamente a la CNDH. Sin embargo, el organismo que preside Mireille Roccatti no ha emitido hasta la fecha recomendación al respecto.
De acuerdo con la CEDHJ se han denunciado nueve casos de ejercicio indebido de funciones, ocho de violación de tránsito y residencia, siete allanamientos de morada, siete detenciones arbitrarias, cinco homicidios, cuatro casos de cohecho, cuatro sin fundamentación legal, tres casos de amenazas, tres de tortura, dos de despojo, dos de ejecución sumaria, y dos casos de robo.
Nos ayudarían mucho las recomendaciones de la CNDH como gesto de control, porque sería una manera de impedir los abusos de poder, dice esperanzada.
Al mismo tiempo, reconoce en entrevista que la falta de una recomendación de la CNDH en el caso del asesinato de Salvador Jiménez y el secuestro de 20 jóvenes del poblado de San Juan de Ocotán, ocurrido el 12 de diciembre del año pasado, aumenta las dudas sobre una auténtica impartición de justicia y castigo a los culpables de los hechos. Toda vez que la Comisión que encabeza Mireille Roccatti no ha recomendado aún la necesidad de que el asunto sea investigado y juzgado por el fuero común, a pesar de que así lo establece la ley.
Morfín Otero cuestiona que aun y cuando la Procuraduría General de Justicia Militar inició el proceso penal contra 28 soldados por el asesinato y tortura de Salvador Jiménez, no hay garantías plenas de que los delitos cometidos por los soldados sean castigados.
Para la defensora de los derechos humanos de Jalisco, la oportuna exigencia del gobernador Alberto Cárdenas, en el sentido de que se esclarecerán los hechos, y la presión de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluida la CEDHJ, permitió que ``al menos esta vez'' el acto no se inscribiera en ``una cadena más de impunidad''. Ello por que la Secretaría de la Defensa Nacional manifestó su deseo de aplicar la ley.
Sin embargo -cuestiona- por el hecho mismo de que el proceso en contra de los militares es prácticamente cerrado, se mantienen muchas preguntas e inquietudes respecto a los acontecimientos:
``¿Realmente el móvil de la acción de los soldados fue encontrar una pistola? ¿Realmente los detenidos fueron los que dieron las órdenes o las cumplieron? ¿Se llegó al nivel máximo en grado jerárquico de quienes ejecutaron y planearon el operativo? ¿Efectivamente se les sancionará? ¿Habrá reparación de daños para los agraviados?''
Sobre esta última inquietud, menciona durante la entrevista celebrada en sus oficinas que la justicia castrense no incluye en su legislación lo relativo a la reparación del daño.
Aunque señala que en ese caso se pueden hacer valer instrumentos internacionales de derechos humanos, a fin de recomendar al Ejército la reparación del daño.
Según la presidente de la CEDHJ, las autoridades militares deben garantizar una investigación impecable, la certeza -con elementos de convencimiento- de que quienes están detenidos fueron efectivamente los que intervinieron en los hechos, la delimitación específica de los grados de responsabilidad de cada uno.
Por otra parte, Morfín Otero plantea la necesidad de que se legislen y se precisen los límites en la actuación del Ejército en cuestiones de seguridad pública y en contra del narcotráfico, a fin de que los militares actúen únicamente por petición, con el mando y en coordinación con las autoridades civiles.
Menciona que ante la incapacidad de las autoridades civiles por resolver el problema de la inseguridad, ``se cae en la tentación `` de darle a los militares injerencia, cuando son los civiles los que deben atender el asunto.
No basta, enfatiza, con argumentar una ``dudosa aplicación'' de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos o la aplicación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para justificar la actuación de los militares en asuntos domésticos. Debe quedar suficientemente clarificado para la sociedad civil.