La expresión de satisfacción de la alta jerarquía panista reunida para festejar el acuerdo sobre la Ley del Fobaproa era contundente. También lo era la cara de júbilo del diputado Angel Aceves del PRI: había cumplido fielmente con el encargo, entregaba buenas cuentas ¡al presidente Zedillo! y a Gurría. ¿Qué más se puede pedir de un representante oficial en el Poder Legislativo para manejar un escándalo de este tamaño? Después de nueve meses se llegó a un acuerdo entre el PAN y el gobierno para aprobar el conflictivo paquete financiero cuyo centro era el tratamiento del salvamento del sistema bancario.

El proceso que llevó a la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) fue muy manoseado, sobre todo por el PAN. Este partido pasó de una negativa total a la aceptación del Fobaproa, a la propuesta de un híbrido como es el IPAB, a la demanda de renuncia del gobernador del Banco de México para, finalmente, acordar con el PRI en el momento decisivo y en la tradición política que, al parecer, ni el final del siglo XX ni la larga crisis económica van a lograr erradicar en el país y que es la aceptación del poder.

El acuerdo dejó de lado de modo efectivo la demanda política más elemental que se deriva de la crisis bancaria, es decir, la rendición de cuentas y la aplicación de responsabilidades a quienes administraron el proceso de privatización de la banca, a quienes permitieron y avalaron el funcionamiento cuando menos muy sospechoso, si no es que ilícito, de los grupos financieros, y a quienes llevaron a cabo la intervención en la quiebra del sistema y que ahora representa 610 mil millones de pesos para las cuentas públicas de la nación.

Lejos de lo que piensa o dice Felipe Calderón, ésta no es una solución integral al problema financiero y bancario del país. Lo sabe también el diputado Handam, autor de la iniciativa, cuando reclama al PRD su oposición. La verdad la saben todos: en Palacio Nacional y en Insurgentes Norte (cerca de la estación de Buenavista) y en la Asociación Nacional de Banqueros. La Ley fue aprobada al modo más convencional de la endeble vida parlamentaria del país, rapidito y a última hora y sin siquiera considerar de modo específico las cantidades de recursos que involucra esta nueva disposición. Este año serán cuando menos 18 mil millones aplicados a intereses, más aquéllos que irán al salvamento de algunos bancos. Y cada año, por un largo periodo, el Ejecutivo tendrá que solicitar al Congreso los recursos necesarios para ir cubriendo el agujero financiero. Estas cantidades son imposibles de calcular, serán parte del gasto no programable, y lejos de introducir elementos de planeación para conducir la política fiscal, que buena falta hace en el marco de recurrente inestabilidad de la economía, abre todavía más la brecha de la incertidumbre. Pero, ciertamente, todo esto es compatible con el horizonte inmediatista con el que se gobierna y se diseña y aplica la política económica y, como puede verse, es también un rasgo de los criterios para legislar. Si el capital financiero opera con base en ganancias de corto plazo, por qué no habría de hacerlo el capital político, finalmente somos posmodernos.

La solución a la que se llegó en el problema del Fobaproa no cancela el conflicto económico que representa la crisis bancaria y la más amplia fragilidad financiera de la economía mexicana. El gobierno y los partidos dejaron de lado la cuestión fundamental que representa la necesaria modificación de la manera en que se conduce la economía mexicana. Los logros del programa económico implantado desde 1982 no están en la revolución exportadora del país, única muestra que tiene que ofrecer en términos absolutos. La evidencia de ese programa está en la permanente inestabilidad financiera, la desarticulación productiva, la crisis agraria, el aumento del desempleo, la constante caída de los ingresos reales y la brutal acumulación de la pobreza. En el marco de la cuestión del Fobaproa jamás se ha discutido cómo promover una reforma bancaria que, por cierto, no puede estar desligada de una verdadera reforma fiscal y financiera. El arreglo que ha llevado a la creación del IPAB no sólo no es motivo para el júbilo panista y la satisfacción priísta de haber cumplido; es motivo para hacer una reflexión responsable sobre la situación en que seguirá funcionando la economía y la manera de prepararse para el próximo episodio de la crisis.

Y por si fuera poco, el IPAB nace con todas las malformaciones propias del sistema político mexicano, atrofiado en su naturaleza institucional. Igual que la tan mentada autonomía del Banco de México nació atrofiada cuando el Presidente designó al secretario de Hacienda Guillermo Ortiz para ser el gobernador, ahora el instituto surge con una especie de veto para que este personaje cumpla funciones directivas. Si la conducción del IPAB recae en funcionarios delegados, será una forma más de controlar desde el poder lo que se presume debía ser un fortalecimiento institucional. Como el ejercicio de la política no puede ser motivo de tristeza para quienes la ejercen (como le ocurre al subsecretario Levy cada vez que tiene que hacer recortes a las condiciones de vida de los demás) y mucho menos puede ser fuente de desasosiego para los ciudadanos que padecen esa política, declaremos la muerte del Fobaproa y la vida del IPAB.