En octubre, la dirección quintanarroense del PRD expidió la convocatoria para elegir a su candidato a la gubernatura. Lo hizo con formas muy distintas a las aplicadas en otros estados donde hubo procesos electorales este año: canceló la consulta a la base militante y a los ciudadanos.

Y se abrogó el derecho de escoger entre dos aspirantes ``externos'': Tulio Arroyo Marroquín, dirigente local de Alianza Cívica, y Gastón Alegre.

El jueves 15, el Comité Ejecutivo Estatal seleccionó al empresario radiofónico, debido a que -consideró- ``podría arrasar'' en la elección.

Se dijo, por ejemplo, que Gastón ha sido benefactor de algunas comunidades indígenas y que es un activo filántropo.

Las acusaciones que pesan sobre él -maltrato a sus empleados, su ``afición'' por el alcohol y denuncias por hostigamiento sexual- no fueron consideradas.

En entrevista, Tulio Arroyo acusa que el presidente estatal perredista -Julio César Lara- y otros líderes siempre estuvieron del lado de Gastón y se condujeron con parcialidad.

``En lugar de estructura, el PRD optó por apoyarse en las estaciones de radio para ir en busca de un voto clientelar'', dice.

La intervención fallida

El CEN intervino cuatro semanas después de que Gastón fue designado, por solicitud de la diputada Laura Itzel Castillo, quien le planteó a Andrés Manuel López Obrador sus dudas sobre la probidad de Alegre.

En los últimos días de noviembre el líder nacional le pidió a la legisladora que recabara pruebas para sustentar sus dudas.

El jueves 3, luego de una sesión conjunta del CEN con el Consejo Político Consultivo -en el que participan Ifigenia Martínez, Rosalbina Garavito, Porfirio Muñoz Ledo y Adolfo Gilly, entre otros- Castillo impugnó formalmente la candidatura y presentó las pruebas. La candidatura cayó.

Al finalizar la reunión, Laura Itzel comunicó la decisión a Julio César Lara y a la diputada Elba Capuchino. Y les solicitó que se suspendiera la asamblea en la que Gastón rendiría protesta.

El CEN comisionó a Carlos Navarrete, secretario de Planeación, para ejecutar el acuerdo. Navarrete se reunió con Alegre y con la directiva perredista para decirles que ejecutaba un mandato del pleno, pero bajo protesta, pues él no estaba de acuerdo.

El sábado 5, medio millar de personas se congregaron en un salón del hotel Plaza Caribe de Cancún. Habían sido invitados a la toma de protesta del empresario. Navarrete llegó al lugar y dijo escuetamente que el PRD había decidido suspender el acto.

Al mismo tiempo, Gastón llamaba por teléfono a Porfirio Muñoz Ledo y -como buen comunicador- colocaba en el celular el micrófono. Los asistentes pudieron escuchar la inconfundible voz del líder de los diputados perredistas que decía: ``El CEN no ha tomado ninguna decisión. Hay un `grupito' que se opone. No somos todosÉ''.

En medios de comunicación -locales y nacionales- corrió la versión de que el nuevo candidato sería el senador Jesús Polanco, quien hace poco renunció al PRI.

El lunes 7 el CEN retomó el asunto en un debate de más de cuatro horas.

``No podemos permitir que una personalidad cuestionada sea candidato del PRD'', dijo la senadora Rosalbina Garavito.

Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez hicieron la defensa. Porfirio relató que lo conoce desde que fueron compañeros en la preparatoria y argumentó que ha ejercido su profesión de abogado con apego a la ética y que podía comparársele con un médico, ``que no escoge sólo a pacientes sanos''.

Ifigenia lo describió como un ``fiscalista de talla internacional''.

Ambos dijeron que si le acusaba de vínculos turbios o acciones incorrectas se debían mostrar las pruebas.

Laura Itzel dijo que el CEN debía tomar decisiones políticas y no ``abrir investigaciones que corresponden a policías''.

Cuando el debate se estancó, intervino López Obrador, para proponer una votación ``indicativa''. La propuesta fue rechazada por Jesús Ortega.

En algún momento, Navarrete planteó la posibilidad de hacer candidato al senador Polanco, a fin de provocar de esa manera ``una ruptura en el PRI''. La idea fue vetada por López Obrador.

Al final, el CEN formó una comisión -Laura Itzel, Ortega y Navarrete-, que se reuniría con el comité quintanarroense.

Gastón esperaba en la puerta.

``Vas a tener que invitar la cena para seguir discutiendo el asunto'', le dijo Navarrete. Y Alegre invitó. El y Navarrete se reunieron con Ortega y Porfirio Muñoz Ledo en el restaurante Biarritz, donde comieron tortas.

Al día siguiente, los perredistas de la península amenazaron con romper con la directiva si se cambiaba a Alegre ``por alguien de menor perfil''.

Gastón apeló al ``derecho de audiencia'' y se defendió. Negó haber sido abogado de Durazo, aunque aceptó que en su adolescencia entabló amistad con él y con el ex presidente José López Portillo.

Reconoció que fue dueño de 10 mil hectáreas en Tlalpan, que le fueron expropiadas en el sexenio de Luis Echeverría, para construir el Colegio Militar.

Y sobre su pleito judicial con los comuneros de San Andrés Totoltepec, dijo que el Tribunal Agrario había fallado en su favor y que, no obstante, les cedería parte de sus tierras.

Finalmente, se impuso el argumento de que el CEN no podía quitarle la candidatura a Alegre, porque el estatuto no lo faculta.

Pese a ello, el CEN emitió una moción de censura en estos términos: ``Ante los distintos señalamientos y acusaciones expresadas en la opinión pública nacional, se exhorta al Consejo Estatal para que Gastón Alegre no sea registrado como nuestro candidato''.

Pero el Consejo Estatal ratificó la decisión de la directiva y el miércoles 9 Alegre se registró ante el Instituto Electoral de Quintana Roo. Fue solo, nadie del CEN lo acompañó.

Pero él ni se inmutó. Incluso, anunció que hará un donativo de tres millones de pesos al CEN del PRD para financiar las campañas en Quintana Roo. Y prometió la donación de un predio para la sede del partido.

``La maniobra fue al mejor estilo del PST de Rafael Aguilar Talamantes'', dice un miembro del CEN que censura la actuación de Navarrete, quien apenas el miércoles afirmó -en la ciudad de México- que ``el CEN respalda totalmente la candidatura de Gastón''.

Humberto Zazueta, secretario de Derechos Humanos, también le reprochó: ``Su actuación es totalmente incongruente con los acuerdos del CEN''.

Pasada la tormenta, Laura Itzel Castillo insiste en que la pugna ``no fue personal, sino por la vigencia de los principios del partido''.

Alerta: ``Sin caer en sectarismos ni cerrar las puertas, sí debemos reservarnos el derecho de admisión. Quienes sean candidatos viniendo de rupturas deben ser personas comprometidas con la transformación democrática y, sobre todo, honestas''.

Tulio Arroyo Marroquín cierra el capítulo: ``El CEN intervino tarde. En el sure ste tenía que salir una figura con estatura moral... Los riesgos son muchos, no se justifican, porque el costo político es demasiado alto''.