Acteal, Chiapas. En el asesinato de 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres, cometido en el paraje montañoso de Chenalhó el 22 de diciembre del año pasado, ``hay responsabilidades del gobierno estatal y federal que no se han investigado a fondo. La PGR se ha limitado a señalar a funcionarios muy menores'', sostiene José Antonio Montero, abogado de las víctimas e integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

``No se ha investigado a funcionarios de los gobiernos estatal y federal, elementos de las fuerzas armadas y de inteligencia que cometieron alguna falta por omisión o por comisión, antes, durante y después de la matanza'', agrega Montero.

En los expedientes judiciales hay evidencias y testimonios que señalan responsabilidad oficial. La libertad de que gozaron los asesinos para cometer el crimen fue increíble. Más de 60 personas -90 según el Centro Fray Bartolomé- armadas con fusiles AK-47, rifles 22 y ametralladoras UZI dispararon durante 7 horas contra 350 indígenas refugiados en Acteal, quienes habían rezado en una ermita.

El saldo: 45 cadáveres, 22 heridos... y un pueblo lastimado para siempre.

Hay pruebas de que ``40 elementos policiacos estaban a 200 metros del lugar del crimen y no hicieron nada mientras los indígenas eran masacrados''. El joven abogado Montero aporta otros datos: ``Al momento en que ocurría el crimen, estaba en Acteal el general de brigada retirado Julio César Santiago, coordinador de asesores del Consejo de Seguridad Pública del estado''.

El general aceptó ante el Ministerio Público (MP) que había permanecido cuatro horas allí. Con él estaban dos comandantes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) con sus respectivos contingentes. En los expedientes hay testimonios de funcionarios estatales que demuestran su conocimiento -previo al 22 de diciembre- de que en Chenalhó maniobraban grupos paramilitares.

Las responsabilidades de funcionarios -al menos por omisión- abarcan desde el gobierno estatal hasta la Secretaría de Gobernación (SG). En su testimonio ministerial, Homero Tovilla Cristiani, secretario general del gobierno del estado, afirma que un agente del CISEN (Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, de la SG) informó al Consejo Estatal de Seguridad Pública, a las 12:30 del 22 de diciembre, dos horas después de comenzada la masacre, que ocurrían disturbios en Chenalhó. No obstante, jamas se averiguó quiénes fueron los agentes del CISEN que proporcionaron la información al funcionario, qué fue lo que reportaron, si Emilio Chuayffet tuvo conocimiento de lo que sucedía, si -a su vez- la SG enteró al presidente Ernesto Zedillo. Esos miembros del CISEN, de quienes no hay mayores datos en el expediente, también tendrían que ser investigados.

El consejo, máximo órgano de toma de decisiones en Chiapas, tiene ramificaciones en todo el territorio del estado. Está integrado por representantes del gobierno estatal y el general al mando de la 7 región militar. Unos meses antes de la masacre fue constituido el Comité de Chenalhó, en el cual participaban las autoridades municipales priístas, los mandos de Seguridad Pública, una red de inteligencia militar y el CISEN.

La pasividad o complicidad con que actuaron diversas autoridades en el caso Acteal involucra al entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro y a todo su gabinete, además de integrantes de las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno federal, incluido el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet.

El proceso jurídico ha servido para castigar a muchos de los autores materiales del crimen, pero también para eximir de cualquier responsabilidad a las autoridades estatales y federales, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas, mismos que toleraron o participaron en la formación de grupos paramilitares.

``Pienso que Acteal es un crimen de Estado'', insiste el joven abogado, quien agrega: ``Hay bastantes indicios que vinculan a las Fuerzas Armadas con los paramilitares. Lo único que faltaría sería la declaración del presidente Zedillo, las confesiones del general Cervantes, del general (Mario) Renán Castillo y del gobernador Ruiz Ferro. También de quienes compran las armas, de los que propagan la política contrainsurgente. Lo único que faltaría en la investigación sobre Acteal sería eso, investigar al gobierno''.

El color de la impunidad

La Procuraduría General de la República (PGR) ha dirigido la investigación de la masacre hacia supuestos conflictos interfamiliares e intracomunitarios.

``De forma consciente o inconsciente, la PGR desvirtúa la existencia de una violencia previa propiciada por una estrategia de guerra irregular, así como la relación de los `grupos civiles armados' de filiación priísta con las fuerzas armadas y con funcionarios del gobierno'', señala José Montero.

El crimen de Acteal no fue un pleito entre comunidades, tampoco un conflicto entre familias rivales que se disputaban el poder político y económico del municipio, menos aún un conflicto religioso. Más bien se trató de una disputa política para acabar con disidentes mediante una guerra sucia.

En el proceso, el poder judicial ha desvirtuado los hechos. Según el Tribunal Unitario de Circuito, ``en Acteal se cometió un homicidio calificado realizado por una serie de circunstancias distintas a lo que podría ser una estrategia de guerra de baja intensidad'', informa Montero.

El tribunal también rechazó el argumento del delito de asociación delictuosa para los asesinos y cómplices. Luego, la PGR tampoco consideró en sus investigaciones la responsabilidad de los servidores públicos en funciones cuando se cometieron los delitos que se les imputan.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno estatal y a la PGR para que se investigara a los funcionarios públicos del gabinete de Ruiz Ferro por su responsabilidad en los hechos. La recomendación no ha procedido.

El fiscal especial de la PGR ha declarado que quiere dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH y eso lo obliga a abrir una investigación en contra de ex funcionarios como Homero Tovilla, entonces secretario general de gobierno; Uriel Jarquín, subsecretario; Jorge Enrique Hernández Aguilar, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Jorge Gamboa Solís, jefe de la policía estatal, entre otros. Pero el fiscal dice que no tiene elementos contra ellos.

``La PGR ha hecho un esfuerzo importante, no muy común en otros casos'', considera al abogado Montero. ``En comparación con otros crímenes que no se obtienen resultados, aquí se ha dado un avance. La PGR ha tenido seguimiento de los procesos, ha aportado pruebas, ha fortalecido ciertas áreas de los procesos que se veían débiles con declaraciones de otros procesos que se les siguen a los policías. Sin embargo, no hay nada de las responsabilidades oficiales ni del desmantelamiento de los grupos paramilitares del área''.

Las investigaciones del caso están divididas. Por un lado están el proceso abierto a los autores materiales y sus cómplices, por el otro está el caso de los policías acusados de no impedir los hechos y otros de no detener a los integrantes de los grupos civiles armados ni decomisar las armas. Luego se abrió otro proceso contra los consignados por su participación en los hechos delictivos.

``La PGR fragmentó la investigación. Esta división implica el riesgo de no conocer los hechos integralmente y analizar la existencia de un contexto criminal que se repite en la matanza: la existencia de grupos armados que mantenían una relación con las autoridades municipales y estatales, y con las Fuerzas Armadas y policiacas. Los hechos investigados tienen relación entre sí, por lo que deben ser abordados en su conjunto: desde la conducta del general presente hasta el agresor que salió de Tzajalucum rumbo a Acteal. Esto ha sido desestimado totalmente por los tribunales''.

En las conclusiones presentadas por la PGR no todas las conductas de los procesados tienen relación. En lugar de pensar -dice José Montero- en hechos concretos simultáneos, planeados y concatenados, la autoridad judicial juzga las conductas individuales aisladas.

``El juez seguramente sentenciará a estas personas por homicidio, por portación ilegal de armas; pero el Estado desea absolverse a sí mismo de toda responsabilidad. Estamos conscientes de que la justicia está sujeta a un juego político, a que las aristas procesales y jurídicas están sujetas a esta interpretación. El caso Acteal está politizado''.

En 1995, cuando comenzaban a formarse los grupos paramilitares en la zona norte, y un mes antes de la ofensiva militar contra los zapatistas, la Secretaría de la Defensa Nacional editó un Manual de guerra irregular, operaciones de contraguerrilla y restauración del orden. El instructivo fue editado en el taller gráfico de la Sección 7 del Ejército y varios de sus apartados se ajustan a los hechos de Acteal.

En el capítulo ``Acciones para controlar a la población'' se habla de la formación de fuerzas civiles armadas:

Fase 1. La preparación se realizará con las siguientes actividades: organización del comité de barrio, organización de las fuerzas de contrarrestar, establecimiento (de) destacamentos de seguridad, búsqueda de información, desarrollo de operaciones psicológicas, y la celebración de reuniones secretas, entrenamiento de fuerzas civiles, militares y militarizadas.

Fase 2. Aquí se darán a conocer todas las limitaciones a que se verá sujeta la población, indicar los correctivos a quienes violen las disposiciones dadas. Asimismo, se hará hincapié (en) que se impondrán con vigor y firmeza.

En el capítulo ``La organización de unidades tácticas de contraguerrilla y disponibilidad de tropas'', el manual afirma: ``El comandante de la contraguerrilla puede no tener el control de la totalidad de las fuerzas de unidades de retaguardia para emplearlas. Dichas fuerzas pueden incluir unidades de combate y de apoyo de combate y apoyo de servicio. Agregado a esto, el comandante puede tener fuerzas paramilitares o irregulares bajo su control en ciertas situaciones''.