Resaltan el incumplimiento de recomendaciones emitidas por comisiones estatales

De los corresponsales Ť En el marco de la celebración del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, representantes de organismos no gubernamentales denunciaron violaciones a las garantías en contra de indígenas, campesinos y reclusos, además de la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los comités estatales de derechos humanos.

En Chihuahua, organizaciones de mujeres propusieron una enmienda a la Declaración Universal, con el fin de incluir en un nuevo documento los avances conseguidos en una serie de convenciones internacionales que recomiendan acciones afirmativas hacia los derechos humanos de este sector.

Por su parte, diputadas panistas en el Congreso de Chihuahua entregaron una iniciativa de ley que prohíbe a los patrones solicitar examen de gravidez para otorgar empleo a las mujeres, tanto en el sector público como en el privado.

Mientras, la Academia Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos dio a conocer en Chiapas que los presos políticos agrupados en La Voz de Cerro Hueco han sufrido violaciones a sus derechos, desde el haber sido detenidos para impedir sus propias formas de organización y autodeterminación, hasta no ser juzgados por instancias imparciales.

Miguel Angel de los Santos, abogado de los inculpados y representante de la Academia, explicó que recientemente el juez primero del Ramo Penal, con sede en Tuxtla, Juan de Dios Olvera, negó la salida temporal de Juan Esteban Castro Cruz para asistir al funeral de su hijo fallecido, pese a que se le insistió en que se trata de una persona de 64 años sujeta a proceso, por tanto se le presume inocente de acuerdo con la Declaración Universal.

En Guerrero, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos denunció que el Ejército Mexicano cumple una tarea de ``apagafuegos'', mezclado con un trabajo de contrainsurgencia, que provoca confrontación con la población civil, además de que realizan ``actuaciones ilegales que se enmarcan dentro del esquema de guerra de baja intensidad'', persiguiendo ciudadanos a quienes involucran con el EPR y el ERPI, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

La denuncia de los diez organismos no gubernamentales que conforman la red también establece que en la ciudadanía guerrerense hay un ``desencanto y malestar'' por la inseguridad pública y por la creciente violencia, ante el reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que en los últimos 32 meses han muerto de manera violenta cuatro personas cada día, en promedio, llegando a un saldo de 42 mil 5 delitos hasta septiembre del presente año.

A su vez, la vocera del Frente Zapatista de Liberación Nacional en Veracruz, Carolina Eugenio, denunció que en los últimos cuatro años los atropellos a los derechos constitucionales en la sierra veracruzana han adquirido ``tintes alarmantes'', pues ``no sólo se practica una violación sistemática por la actual situación económica y marginación, sino que ésta va acompañada de agresiones a la dignidad de los indígenas''.

Entre tanto, la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California informó que 40 por ciento de las recomendaciones que ha emitido este año no han sido autorizadas por las autoridades, en su mayoría del sector judicial.

En este orden, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sección Tabasco, denunció que el gobierno del estado se ha rehusado a cumplir las recomendaciones 47/98 y 58/98 que le envió este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La primera de ellas fue para que se investigara a los jueces que incurrieron en presuntas irregularidades con la aprehensión de 67 trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, la cual, ``pese a que fue aceptada el 30 de mayo por el gobernador Roberto Madrazo, hasta la fecha no se ha cumplido''.

En la recomendación 59/98 se le pide a la procuradora local Patricia Pedrero Iduarte se desista de la petición de una orden de aprehensión contra el profesor Indalecio Pérez Pascual, porque ``se vulneraron las garantías elementales de Pérez Pascual''. Tampoco fue acatada por el gobierno tabasqueño, indicó la ANAD.

Finalmente, el Patronato Pro-Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, entregaron un reconocimiento al obispo emérito de aquella entidad, Bartolomé Carrasco Briseño, ``por su lucha en defensa de los derechos humanos y a favor de los más necesitados''. (Miroslava Breach, Angeles Mariscal, Hugo Pacheco, Andrés Morales, Jorge Cornejo, René A. López y Víctor Ruiz)