De 1988 a la fecha han sido asesinados más de 600 perredistas: Carlos Payán
Andrea Becerril y Alonso Urrutia Ť Las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República conmemoraron ayer el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en ese marco, el senador del PRD, Carlos Payán Velver, recordó a los más de 600 militantes y simpatizantes perredistas asesinados a partir del sexenio de Carlos Salinas y hasta nuestros días. El legislador entregó luego a la mesa directiva de esa cámara la lista de cada uno de esos luchadores sociales victimados.
Payán saludó también ``al juez de España y a las autoridades inglesas que están haciendo posible que se pueda juzgar a Augusto Pinochet, asesino y torturador de hombres''. Ello, ``nos hace pensar que de ahora en adelante ningún crimen contra la humanidad, ningún genocidio, podrá quedar impune y los responsables de ello deberán ser castigados''.
``!Qué gran día este para la celebración de los derechos humanos!'', agregó Payán Velver, entre aplausos de legisladores de su bancada y de otras fuerzas políticas, que también celebraron la posibilidad de enjuiciar a Pinochet.
Al hablar a nombre del grupo parlamentario del PRD, Payán citó las últimas líneas de un poema de César Vallejo, y señaló que con esa misma emoción y compasión con la que el poeta peruano alude al hombre, él saludaba la decisión de enjuiciar al ex dictador chileno.
Payán Velver aludió a los 601 perredistas asesinados de 1988 a la fecha. ``Quiero, si no lograr que se haga justicia en ellos, es decir sobre sus asesinatos, si honrar al menos la memoria de los militantes y simpatizantes del PRD muertos''
Por otra parte, la fracción del PAN, a través del senador Luis Mejía Guzmán, planteó la necesidad de que los países de América Latina impulsen el fortalecimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues todavía existe una tendencia a considerarla como una lista de derechos que no vincula ni obliga.
En tanto, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD signaron un punto de acuerdo en el que condenan la violación sistemática de los derechos humanos de los mexicanos que emigran a Estados Unidos.