Los cambios podrían perjudicar a instituciones altruistas: SHCP, SEP y Ssa
Gabriela Romero S. y Raúl Llanos S. Ť La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa puntualizó que asume su responsabilidad y por ende el costo político que implica aprobar el dictamen de la iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada.
En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados locales perredistas, Martí Batres Guadarrama, sentenció que es una discusión que no se puede eludir por varias razones, sobre todo por las modificaciones que se hicieron hace más de un año al Estatuto de Gobierno y que fueron aprobadas, primero en la ALDF, y después por las cámaras de Diputados y de Senadores.
Tras leer el artículo 67, fracción VI, y el 91 del Estatuto de Gobierno, en el que se estipula que ``...el jefe de gobierno del Distrito Federal nombrará y removerá al presidente de la Junta de Asistencia Privada de acuerdo con lo que disponga la ley'', Batres externó que no le parece honesto que los legisladores de oposición no le informen debidamente a las instituciones de asistencia privada que ellos votaron a favor de esta facultad del jefe de gobierno.
Remarcó que el dictamen de la iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada, aprobado el lunes pasado, toma en cuenta las propuestas de otras fracciones y es producto de una discusión intensa donde todos participaron. ``No es el PRD el que propuso, dispuso y aprobó esta facultad del jefe de gobierno. Todas las fracciones lo hicieron''.
Batres calificó como una ``barbaridad jurídica'' el que ahora se diga que mediante esta ley se pretende estatizar a la Junta de Asistencia Privada, cuando es un organismo desconcentrado de la administración pública y no un órgano privado. ``No se puede estatizar lo que nunca ha dejado de formar parte del Estado'', acotó.
Entre sus argumentos a favor de reglamentar las IAP, el líder perredista hizo alusión al comentario del presidente Ernesto Zedillo a propósito de la intervención de la Cruz Roja en la ayuda a los damnificados de Chiapas, ``de tal manera que este debate no sólo forma parte del Distrito Federal''.
Una hora antes, el líder del PAN capitalino, Gonzalo Altamirano Dimas, y el coordinador de esta fracción en la ALDF, Miguel Hernández Labastida, ratificaron su repudio a la propuesta presentada por el partido del sol azteca.
``No podemos ser indiferentes a este atropello que pretende consumar la mayoría perredista a la Ley de Asistencia Privada, ni permitir que se actúe en perjuicio de organizaciones que solamente persiguen fines nobles para ayudar a quienes más lo necesitan'', aseguró Altamirano. Mientras, Hernández adelantó que durante la sesión de hoy su partido interpondrá una ``moción suspensiva'' a la aprobación de este dictamen y presentará una contrapropuesta.
Pablo de Anda Márquez añadió: ``proponemos someter a consulta pública la iniciativa y que no se apruebe en tanto no se tome en cuenta el punto de vista de todos los sectores involucrados; la posibilidad de realizar auditorías permanentes a fin de detectar las supuestas anomalías en el manejo de los recursos de las IAP, y en caso de verificarse, sancionar a los directivos que hayan incurrido en ello''.
Concluyeron que la preocupación perredista por fiscalizar los fondos de las IAP oculta el deseo de controlarlas.
Por su parte, la diputada priísta María Angélica Luna Parra manifestó que los aparentes cambios que se hacen a la legislación actual se limitan a cuestiones de estructura, dejando del mismo modo los artículos que se refieren al manejo de los recursos.
Recordó los intentos que se hicieron en 1991 por modificar la ley en la materia. ``Claro que todos queríamos una reforma a la junta, para que hubiera más transparencia, pero nada de eso se tomó en cuenta'', acusó.
Luego refutó la aseveración de Batres al aclarar que la Junta de Asistencia Privada no es un órgano desconcentrado, como pretende hacer creer el PRD. ``Si lo son, entonces que el gobierno local asuma los gastos de administración''.
Por su parte, el dirigente del PRD capitalino, Armando Quintero, culpó a PAN y PRI de tratar de montar una cortina de humo para esconder ``que detrás del desorden que había en el manejo de los fondos que tenían, está la deducción de impuestos por personas que utilizan con criterios políticos esos recursos''.
Agregó: ``en el caso del PRI, es entendible el enojo del diputado Manuel Aguilera, porque él fue parte fundamental en la designación de Víctor García Lizama, ex presidente de la junta''.
Algunos diputados priístas amenazaron con llevar hoy a la Asamblea a más de 60 organizaciones, entre ellas de minusválidos, para protestar por el mayoriteo que hará el PRD para aprobar esta controvertida ley, por lo que se prevé que el ambiente que imperará tanto adentro como afuera del recinto será tenso.