La decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, de autorizar el trámite de extradición de Augusto Pinochet a España, en donde el juez español Baltasar Garzón lo reclama para juzgarlo por terrorismo de Estado, genocidio y torturas, es un hecho que alegra y reconforta a todas las personas de convicciones humanistas y democráticas en el mundo y, particularmente, en América Latina.

Al margen de la patética circunstancia personal por la que atraviesa el ex tirano desde su detención en Londres, el 17 de octubre pasado -una situación que se prolongará por tiempo indefinido conforme se presenten apelaciones en diversas instancias-, Pinochet se ha vuelto la representación por excelencia del totalitarismo, el golpismo, la traición, el asesinato político masivo y la violación sistemática de los derechos humanos.

Ese símbolo viviente de los excesos más innobles y sucios del autoritarismo militar había construido, por añadidura, toda una institucionalidad nacional orientada, en primer lugar, a preservar su impunidad. Pero ni siquiera la constitución que mandó redactar, ni la senaduría vitalicia que se otorgó a sí mismo, ni la vigencia de sus propias reglas en el Chile contemporáneo -reglas que el presidente Eduardo Frei y el canciller José Miguel Insulza se apresuraron a acatar-- han podido librarlo de la perspectiva inmediata de comparecer ante un juez en calidad de acusado.

La certeza de que esa escena habrá de ocurrir en breve es, por sí misma, un golpe demoledor para todo lo que Pinochet encarna y para todos los criminales de Estado a quienes representa y simboliza.

Más aun, la perspectiva de los procesos legales que habrán de iniciarse a partir de ahora -en Gran Bretaña, para dirimir la extradición y, cabe esperar, en España, para ventilar las acusaciones por terrorismo de Estado, genocidio y tortura-- abre la posibilidad de conocer el destino final de los miles de desaparecidos a manos de la dictadura chilena y de investigar el conjunto de las guerras sucias emprendidas en las dos décadas anteriores por las dictaduras militares sudamericanas con la complicidad, el apoyo, y posiblemente la asesoría y la coordinación de Estados Unidos.

Cabe recordar que el ahora extraditable no fue sólo el verdugo de su propio país, sino también uno de los principales cabecillas de la operación Cóndor, una red criminal establecida por los gorilatos del Cono Sur para colaborar en el exterminio de sus respectivos opositores. Salvo los jefes de la dictadura argentina y el propio Pinochet, los otros socios de esa organización delictiva siguen gozando de una impunidad tan escandalosa que incluso participan en política activa. Tal es el caso del boliviano Hugo Bánzer, quien hoy inicia una poco grata visita a nuestro país en calidad nada menos que de jefe de Estado, y quien ahora se hace llamar ``salvador de la democracia'' a pesar de que, en los años setenta, encabezó una dictadura militar que persiguió, torturó, encarceló, exilió y asesinó a cientos de opositores políticos.

Volviendo a los procesos legales que le esperan a Pinochet, ha de observarse que éstos constituyen una oportunidad invaluable para conocer más sobre el papel desempeñado por la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono en el diseño y la organización de las estrategias de terrorismo de Estado y exterminio político que aplicaron las dictaduras latinoamericanas en los años setenta y ochenta. En este sentido, es clave la rogatoria enviada por el juez Garzón a las autoridades estadounidenses para que desclasifiquen documentos confidenciales sobre los vínculos secretos entre Washington y Santiago y para que permitan interrogar a testigos clave de tales relaciones. El gobierno de William Clinton está, así, ante la disyuntiva entre contradecir sus declaraciones de compromiso con la defensa de los derechos humanos, o poner al descubierto los aspectos más siniestros de la política exterior de su país en el pasado reciente y dejar en evidencia a funcionarios prominentes de administraciones pasadas, empezando por Henry Kissinger, a quien se considera un protagonista encubierto del cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Independientemente de todas las implicaciones mencionadas, Augusto Pinochet, personaje emblemático de los dictadores continentales, comparecerá ante un juez para responder a los cargos de los que se le acusa. En el contexto internacional actual, cargado de incertidumbres de toda clase, ese dato representa una noticia reconfor- tante y luminosa.