Los diputados capitalinos del PRD y del gobierno de la ciudad de México decidieron entrarle a normar la vida de las instituciones de asistencia privada (IAP). El resultado, hasta hoy, lleva dos anotaciones. Una positiva en cuanto a que, por fin, alguien tomó la iniciativa pretendiendo corregir desviaciones y abusos cometidos, rellenando, al mismo tiempo, notables huecos que hasta hoy existen. El otro apunta hacia un retroceso y falta de sensibilidad de los promotores para con el espíritu básico de la cultura ciudadana que está detrás de dichos agrupamientos voluntarios de personas dedicadas a tales tareas.
A las juntas de asistencia concurren numerosas agrupaciones cívicas de particulares, que aportan un porcentaje del dinero que recaudan (1 por ciento). Para fortuna de la vida colectiva del país existen ya varias juntas de alcance estatal. Con esos dineros se sostienen los aparatos burocráticos que las administran y no, como se ha dicho, con recursos públicos o de organismos como el Nacional Monte de Piedad. Por tanto, su definición recaé en el ámbito de lo privado como acomodamiento primario.
Pero también estas juntas suelen manejar dineros provenientes de diversas fuentes como legados, colectas o donaciones. Por tanto, éstas deben ser reguladas mediante específica legislación, para asegurar que la voluntad de los que a través de ellas heredan o contribuyan llegue a su destino predeterminado. La realidad orgánica de las juntas de asistencia privada (JAP) debe dar cabida, entonces, a cuerpos de vigilancia y gobierno que velen por el interés colectivo y eviten las manipulaciones o los abusos que, con frecuencia mayor a la deseable, ocurren en todos los ámbitos de la actividad donde habitan y se mueven los seres humanos.
Sin embargo, nunca hay que perder de vista, para estos casos, el principio rector de la subsidiariedad social. Este indica que todo espacio capaz de ser atendido por la iniciativa individual debe ser ocupado por ella y que, como consecuencia obligada, el gobierno deberá abandonarlo. Así se va tejiendo el entramado de las naciones. Mientras más actividades desplieguen estos agentes privados menos se dejará en las manos de las burocracias gubernamentales y se tendrá, se supone, un mejor funcionamiento de la fábrica colectiva.
Con la nueva ley que fue dictaminada en una de las comisiones de la Asamblea Legislativa del DF se dan varios pasos adelante y otros, desafortunadamente, para atrás. Se forzó la renuncia de un personaje que abusó de su posición, es cierto. Pero ello no da motivo para introducir figuras que permitan la injerencia del gobierno más allá de lo recomendable. En específico, darle facultades al jefe de gobierno del DF para escoger repetidamente, si no le gusta la selección (terna) realizada por el directorio de la JAP. Si en una segunda ocasión rechaza otra propuesta, él podrá nombrarlo a discreción. Se le faculta también para removerlo a discreción. En todos estos casos posibles no se dan condiciones específicas para los rechazos o las remociones. Eso no es conveniente estipularlo de esa manera ni será aceptado por la mayoría, si no es que por la totalidad de los contribuyentes a la JAP.
Es por demás improcedente que el jefe de gobierno del DF tenga tales facultades. Es una junta privada y, como tal, su vida interna debe ser, por que pueden hacerlo con legitimidad y eficiencia, regida por su comisión directiva. Lo conducente es establecer el articulado que enmarque la conducta, los perfiles y las responsabilidades de los integrantes de dicho órgano colegiado. El presidente de la Junta dependerá de ellos y a través de ellos deberá rendir cuentas a los ciudadanos que formaron las IAP afiliadas.
Los legisladores del PRD se han cerrado a pactar con los disidentes de dicha ley propuesta y ya dictaminada. Mayoritear en estas cuestiones no es de manera alguna recomendable para un gobierno citadino que tiene que dar muestras palpables de su respaldo a la sociedad civil y no partir de desconfianzas veladas y afanes de control sectario sobre ella. No lo lograrán de todas maneras. En la JAP hay instituciones afiliadas que tienen alcance nacional y los recursos con que cuentan son también recabados en el ámbito nacional e internacional. Lo más seguro es que se domicilien donde les den mejores garantías para su autorregulación. La batalla para asegurar su autonomía apenas comienza y no se augura un buen final para los promotores y para el mismo jefe de gobierno, que ha dado su aprobación al proyecto en marcha.