El gobierno no podrá manejar los recursos: el titular de la junta
Ricardo Olayo Ť El presidente interino de la Junta de Asistencia Privada (JAP), José Altamirano Escoto, dijo que se equivocan aquellos que, escudados en ``falsas banderas'', sostienen que el gobierno podrá manejar los recursos económicos de las instituciones de asistencia privada. Por ley esto es imposible, pues de inmediato los recursos dejarían de ser vigilados por la autoridad.
Subrayó que también, de acuerdo con la normatividad, las instituciones no pueden salir de la junta, porque su creación está inscrita precisamente en el esquema de beneficios, exenciones y subsidios que ofrece el gobierno a este tipo de agrupaciones que trabajan con dinero de donaciones, herencias y recursos de gente pobre que acude al empeño, entre otros.
Si los patronos de cada institución quieren salir y formar otra agrupación, como una asociación civil, lo pueden hacer, pero no pueden llevar con ellos a la institución de asistencia privada, pues su actividad está regulada por la autoridad desde hace muchos años.
Aunque en este caso, cada institución, de acuerdo con sus estatutos define estos criterios, y en ello tampoco puede tener injerencia el gobierno.
Lo que no tiene reversa, expresó, es la permanencia en la JAP, pues la ley en la materia indica que todas estas organizaciones tendrán la rectoría del gobierno, como fiel de la balanza, pues hay acusaciones diversas de malos manejos.
Las IAP tienen exenciones, deducibilidad de impuestos y se les da asesoría para un fin altruista de ayuda a grupos minoritarios. Pueden formar una asociación civil, pero pierden todos estos beneficios y también la vigilancia de la junta, que es benéfica para todos.
Altamirano rechazó que la iniciativa que presentó el PRD y será votada el jueves en el pleno tenga fines estatizantes; se trata de un esfuerzo por poner orden a una actividad importante que el gobierno pretende apoyar.
El encargado del despacho en la JAP llegó al cargo hace una semana tras la renuncia esperada de Víctor García Lizama, quien tiene acusaciones en contra por el manejo que realizó en forma clientelar y en beneficio económico de sus amigos, como lo han declarado los funcionarios del gobierno de la ciudad.
En entrevista, declaró que la ley es precisa al indicar que corresponde al gobierno cuidar que se haga buen uso de recursos donados o de herencias, y en este momento el objetivo es lograr la transparencia.
Muchos han enarbolado banderas equivocadas, pero debe quedar claro que el gobierno no pretende y no puede apoderarse de un solo peso de las instituciones. De la creación, hace algunos meses, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada (AMIAP), dijo que es una buena noticia porque puede hacer contrapeso al gobierno si así lo determina. Ojalá y agrupe a más de la mitad, como ocurre ahora, para que tenga mayor representatividad, dijo al referirse a la organización que se vincula a favor de García Lizama y que fue creada cuando aumentaron los datos que revelaban malos manejos en la junta.
Dijo que el objetivo es que regrese la tranquilidad a esa instancia y que mientras él se desempeña interinamente ya solicitó a los cinco representantes de las instituciones que entreguen la propuesta de su terna para elegir al nuevo presidente, pero hasta ahora no ha habido respuesta. Sin embargo, este proceso se verá alterado en caso de que el jueves sea aprobada una nueva ley.