El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática presentó ayer una serie de propuestas de modificación al proyecto de presupuesto gubernamental para 1999. El documento es, sin duda, un ejercicio útil y esclarecedor a ojos de la opinión pública, en la medida en que ilustra las diferencias en materia de política económica y del manejo de los recursos públicos entre el gobierno y ese partido opositor.

Entre los puntos de la propuesta perredista sobresale, entre otros, la reducción de los salarios de los altos funcionarios de los poderes de la Unión, desde el del Presidente de la República hasta los sueldos de los directores generales, lo cual generaría un ahorro de casi 6 mil millones de pesos; es decir, casi cuatro veces las asignaciones federales otorgadas a la UNAM en el curso de este año. Resalta también la propuesta de que el país se ahorraría otros 6 mil 900 millones de pesos con medidas adicionales de austeridad para el gobierno federal y la reasignación de 26 mil 792 millones de pesos -destinados al saneamiento de los bancos privados- a actividades orientadas al desarrollo económico y social.

De esta forma, la nación dispondría de más de 38 mil millones de pesos, que servirían para no incrementar el precio de las gasolinas durante el año próximo; apoyar a los pequeños deudores; incrementar 18 por ciento los salarios de los trabajadores del Estado y fortalecer el gasto educativo en 11 mil 350 millones de pesos.

En el documento, la dirigencia perredista también propone reasignar a los municipios los fondos para programas asistenciales manejados por el gobierno federal; fortalecer el subsidio a la leche para casi un millón de niños de familias marginadas y restablecer el de la tortilla para 600 mil familias que sobreviven en condiciones de pobreza extrema, así como revisar el costo de la deuda pública.

Al margen de sus contenidos, que en principio parecen plausibles y realizables, la propuesta del partido del sol azteca se presenta en un momento oportuno para ser considerada por el Legislativo en la elaboración final del presupuesto de 1999.

En términos políticos, el documento referido podría tender un puente de diálogo y negociación entre el Ejecutivo federal y ese partido, y facilitar la superación de los intercambios ríspidos entre ambas partes. No puede dejar de mencionarse que el texto comparte los propósitos juaristas de austeridad republicana, anunciados por el presidente Ernesto Zedillo en su toma de posesión, y que es una contribución importante para formular la política económica de Estado, a la que convocó el mandatario en su tercer informe de gobierno.

La actual parece una circunstancia propicia para tal propósito. No ha de perderse de vista que, recientemente, el ex secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog y el ex presidente Miguel de la Madrid -en declaraciones por separado, no exentas de tonos autocríticos- se refirieron a la necesidad de construir consensos en torno al manejo de las finanzas públicas; a dejar atrás los dogmas y las posturas irreductibles, y a retomar la justicia social como uno de los principios rectores de la política económica.

Con esas circunstancias en mente, cabe esperar que la iniciativa perredista encuentre una acogida favorable -o atenta, por lo menos- en el poder público, y contribuya a esclarecer y ordenar el debate con los demás partidos políticos.