Demandan juicio político contra Rafael Tovar y Teresa Franco
Mónica Mateos Ť Un grupo de investigadores del INAH y representantes de asociaciones civiles acudieron a la Cámara de Diputados para exigir juicio político en contra del presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), Rafael Tovar y de Teresa, así como de la directora del mencionado instituto, María Teresa Franco, por ``destruir'' el patrimonio arqueológico de Teotihuacán, incurrir en ``omisiones en sus funciones e interpretaciones dolosas y amañadas de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; hacer uso indebido de recursos públicos federales; incurrir en violaciones constantes de la normatividad vigente en materia de conservación en zonas como Chichén Itzá, San Juan de Ulúa y Cuicuilco''.
En un documento dirigido a la LVII Legislatura del Congreso enumeraron los motivos para interponer la demanda de juicio político a los funcionarios mencionados, así como a otras 17 personas, entre ellos, Eduardo Matos Moctezuma, responsable del Proyecto Especial Teotihuacán 1992-1994, y Maricarmen Serra Puche, ex presidenta del Consejo de Arqueología, órgano consultivo del INAH.
Violación ``constante'' de la ley
Entre las causas que los demandantes invocan, se encuentran: cambio indebido de uso del suelo en distintas áreas de la zona arqueológica de Teotihuacán; uso indebido de los recursos públicos federales en dicha zona, durante el proyecto especial 1992-1994, por lo cual resultó ``dañado'' el erario federal. Explicaron que la suma asignada a este trabajo fue de más de 12 mil millones de pesos (``en moneda nacional de 1992''), y de ese monto se invirtió en lo que iba a ser la plaza comercial El Corzo ``por lo que se sabe, más de 7 mil millones (...) no hubo razonamientos que hicieran comprender a los funcionarios que el proyecto afectaría irreversiblemente a la zona, y siguieron con el proyecto de carácter estrictamente comercial y sin clara vinculación con el quehacer arqueológico''.
Señalaron que las acciones que actualmente intenta Franco, como son recuperar el predio La Ventilla, demoler un piso de El Corzo y cambiar el uso del suelo ``acaso obedecen a una determinación judicial que hasta hoy se desconoce, o se debe a las recomendaciones que sabemos hizo la UNESCO, o al dictamen y punto de acuerdo que emitió esta legislatura el 21 de abril del año en curso (...) sea lo que fuere, lo anterior implica errores que no fueron involuntarios ni menores, por lo cual reclamamos el juicio político''.
Los demandantes señalan como causales del juicio, la violación ``constante'' de la normatividad para conservar los bienes arqueológicos e históricos no sólo en el Proyecto Especial Teotihuacán, sino también en Chichén Itzá y San Juan de Ulúa al permitir la realización de los conciertos de Luciano Pavarotti y Andrea Bocelli, respectivamente; así como la autorización para fraccionar en la zona de Cuicuilco.
Entrevistado al respecto, al término de la entrega de los premios INAH 1998, Rafael Tovar señaló desconocer los detalles de esta demanda de juicio político y confiado aseguró, al explicarle los cargos que el grupo de ciudadanos le imputa: ``que me lo demuestren''.