Jibarizar, reducir la magnitud del problema para desestimar la responsabilidad, parece ser la consigna del gobierno mexicano ante las denuncias sobre violación a los derechos humanos en México. A pesar de la multitud de informes y de recomendaciones que dentro y fuera del país se han hecho sobre la gravedad del estado actual de los derechos fundamentales, la versión oficial busca minimizar el asunto.

La última perla corrió a cargo del subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo Gout, quien, de manera simultánea a la presentación del informe de la organización Human Rights Watch (HRW), señaló que los reportes de organismos internacionales sobre violación a los derechos humanos en el país tienen una intencionalidad política y carecen de bases reales, aunque reconoció que tampoco se puede negar que ese problema persiste (La Jornada, 4/12/98).

¿A qué organismos se refiere el funcionario mexicano? Prácticamente a todas y cada una de las instituciones dedicadas al monitoreo y defensa de los derechos humanos en el mundo, comenzando por Naciones Unidas. No hay que olvidar que cuando el 14 de agosto de este año la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías de la ONU emitió una resolución sobre la situación de los derechos humanos en México, y en particular en Chiapas, el gobierno mexicano la rechazó. Los informes de organizaciones con una incuestionable autoridad política y moral como Amnistía Internacional o HRW han sido sistemáticamente descalificados por la administración del presidente Zedillo, a pesar de estar sustentados en sólidas evidencias.

En lugar de reconocer el incumplimiento de sus compromisos internacionales, el gobierno mexicano ha tratado de poner obstáculos a la inspección internacional sobre derechos humanos. En el último año han sido expulsados del país más de 80 observadores, y se han puesto multitud de obstáculos para acreditar a nuevas misiones.

Pero, a pesar de esta actitud, o precisamente por ella, los informes de los organismos internacionales siguen dando cuenta de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos en México y de que la administración del presidente Zedillo no ha desarrollado una estrategia para contrarrestar abusos. El último informe de HRW, presentado el pasado 3 de diciembre en Washington, fue muy poco complaciente con la visión oficial y concluyó que ``continuaron ocurriendo en todo el país graves problemas de derechos humanos, entre ellos la tortura, la detención arbitraria, y un sistema de justicia poco receptivo ante los abusos''.

Si bien es cierto que el gobierno mexicano ha decidido aceptar la competencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) no puede pasarse por alto el hecho de que, formalmente, el país es signatario de cerca de 30 instrumentos jurídicos internacionales que buscan complementar y coadyuvar en la defensa de los derechos humanos, pero ninguno de ellos tiene vigencia plena. Tampoco puede ignorarse que el gobierno mexicano ha ignorado reiteradamente las observaciones y recomendaciones provenientes de distintos organismos internacionales, la OEA incluida.

Se han incrementado las violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personales. El número de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y acciones de grupos paramilitares va en aumento. Las matanzas de Acteal y El Bosque, en Chiapas, y de El Charco, en Guerrero, muestran un nuevo y alarmante patrón de comportamiento: el de asesinatos indiscriminados, en el que participan paramilitares, fuerzas de seguridad pública y Ejército.

El sistema de procuración e impartición de la justicia está lleno de vicios e insuficiencias. Para amplios sectores de la población, sobre todo para aquellos que protestan en contra de la política gubernamental, no existe derecho a la justicia. La impunidad campea en las zonas rurales, y en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca se ha enseñoreado.

Tratar de minimizar el nivel de violación de los derechos humanos en el país, presentar la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como botón de muestra suficiente de la voluntad oficial por corregir el problema, negar que ante el tema el país se encuentra en el tobogán de la indolencia, son señales de que la verdadera jibarización es la que previamente se operó en la cabeza y la ética de los funcionarios responsables.