El impuesto al servicio telefónico es violatorio de la ley: especialistas
Víctor Cardoso Ť La Fundación para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (Funtel) advirtió que si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) insiste en aplicar un impuesto al servicio telefónico, además de inhibir el desarrollo de la industria y poner en peligro el proceso de apertura en las telecomunicaciones, se violarían las leyes de Planeación y Federal de Telecomunicaciones.
Según un análisis de la Funtel, coincidente con otro elaborado por el Grupo de Economistas Asociados (GEA) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), para la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), este impuesto ``no se aprecia congruente'' con el Plan Nacional de Desarrollo.
En medio de la discusión abierta por el pretendido impuesto de 15 por ciento y sus repercusiones en la economía en general, algunas empresas dieron a conocer que mantendrán firmes sus proyectos de inversión en México.
La estadunidense Lucent Technologies, uno de los principales proveedores de equipos de telecomunicaciones y propietaria de los Laboratorios Bell, confió en mantener un ritmo de crecimiento superior a 50 por ciento en la construcción de redes públicas de telecomunicaciones y de por lo menos 30 por ciento en sistemas privadas.
La empresa Vital, especializada en redes de telecomunicaciones, anunció inversiones de 200 millones de dólares anuales a partir del próximo año para ampliar sus presencia en México. El director de operaciones para América Latina, Raúl Parra Ovalle anunció que se mantienen los planes de negocio de la empresa, a pesar de la inestabilidad del mercado mexicano y confió en la fortaleza de sus alianzas con proveedores como Alcatel, Cisco, IBM, Lucent Technologies y operadores como Red Uno y Teléfonos de México.
El estudio de GEA y el ITAM, elaborado para la Canieti, sostiene que la aplicación del gravamen provocará una baja en el consumo y por ende, el gobierno sólo recaudaría 43 por ciento de lo que estimó originalmente en la Ley de Ingresos para 1999.
A su vez, Funtel considera que la aplicación del impuesto, así como las políticas discriminatorias y de protección al operador dominante en telefonía impedirán que los nuevos competidores en el mercado telefónico cuenten con negocios de largo plazo.
``Esta reducción de la demanda, acarrearía, como consecuencia inmediata, que las nuevas empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, así como las que pretenden entrar al mercado durante el próximo año, no podrán subsistir en un entorno en donde, por la repercusión del impuesto, se experimentaría una dramática reducción en la demanda'', añade el documento.