Presentaron perredistas ocho puntos a Gobernación

José Antonio Román Ť En una tensa y áspera reunión, la comisión negociadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entregó al secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, la agenda nacional de ocho temas que pretende abordar con el presidente Ernesto Zedillo.

Durante el encuentro privado -de casi 40 minutos- el secretario rechazó tajantemente las ``ofensas y adjetivos'' contenidos en el documento perredista. ``El gobierno no puede admitir este tipo de lenguaje, porque falta a lo que dice buscar, que es el respeto entre quienes dialogan'', dijo el subsecretario de Desarrollo Político, Jorge Alcocer, luego de que la representación perredista presentó de manera pública dicho texto.

Rosalbina Garavito, Demetrio Sodi y Ernesto Prieto, integrantes de dicha comisión, refutaron también las acusaciones de la Secretaría de Gobernación. En conferencia de prensa, ya sin la presencia de Alcocer -quien se retiró antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas-, afirmaron que en el documento no hay ofensas ni descalificaciones para nadie, pues en su diagnóstico sólo se retrata la grave situación que vive el país.

Por desgracia, en el Congreso no ha habido condiciones para avanzar, ha faltado voluntad política del gobierno para llegar a acuerdos y la mesa de coordinación legislativa no ha avanzado en ninguno de sus 17 puntos. ``Para qué seguir dándole vueltas, mejor vamos a donde está el origen de las decisiones y no donde está el vocero de las decisiones'', dijo el diputado Sodi.

Incluso, en un intento de entender la actitud y críticas de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el legislador agregó: ``La verdad a veces ofende''.

Así, aunque el eventual encuentro entre el presidente Zedillo y el PRD aparece con pocas probabilidades de que se dé, debido a este enfrentamiento inicial, la senadora Rosalbina Garavito expresó que su partido espera una respuesta positiva. ``La pelotita está ahora en el terreno del Ejecutivo'', dijo.

La propuesta de agenda del PRD, que puede servir para construir un acuerdo nacional por la paz, el desarrollo y el bienestar, contiene ocho puntos:

-Reorientación del paquete económico de 1999.

-Autonomía de los programas contra la pobreza.

-Plan de austeridad republicana.

-Programa nacional de apoyo a pequeños deudores.

-Legislación anticorrupción.

-Comisión de la verdad para el caso Fobaproa.

-Paz con dignidad en Chiapas y desmilitarización.

-Reforma electoral nacional y autonomía del Tribunal Electoral.

En su diagnóstico, el Partido de la Revolución Democrática señala que ignorar la realidad política del país a través de un discurso de falso optimismo y la manipulación informativa, no son sinónimos de responsabilidad política; tampoco de compromiso con la mayoría de los mexicanos.

Ultima oportunidad

Afirma que la ``falta de voluntad política'' del gobierno ha impedido cualquier avance, y la mesa de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo ``ya no es un espacio suficiente'' que ofrezca posibilidades de llegar a acuerdos y destrabar la parálisis política que se vive. ``Estamos ante la última oportunidad para revisar los grandes problemas nacionales, afinar diagnósticos y buscar coincidencias, bajo reglas de respeto mutuo, y tomar acuerdos que nos permitan remontar la delicada situación actual por la que atravesamos'', dice el texto de siete cuartillas.

Señala que México padece un grave deterioro de su vida económica, combinado con un profundo desorden institucional y una creciente confrontación política que degrada el bienestar de los mexicanos, cuya inconformidad amenaza la estabilidad política y la paz social de la nación.

``La legalización del Fobaproa, condenando al pueblo a pagar 680 mil millones de pesos en los próximos 25 años; un proyecto económico para 1999 que sacrifica a todos pero continúa con los privilegios a los banqueros; el costo de mantener 60 mil soldados y equipo militar en Chiapas; el financiamiento del gobierno a las campañas electorales priístas a través de recursos presupuestales en especie y dinero en efectivo.

Deprimente panorama ante el nuevo milenio

``El desmantelamiento del sistema educativo; la inseguridad pública; la impunidad y corrupción que permea toda la vida pública del país; la pérdida sistemática del poder adquisitivo del salario; la crisis de pobreza que padecen dos de cada tres mexicanos, son elementos que configuran el deprimente panorama de México ante el nuevo milenio''.

Expone también que en estas ``contradicciones del régimen autoritario, se ha extraviado la transición democrática que el pueblo mexicano espera ver culminada el año 2000. La vida política nacional se descompone y el presidencialismo se recrudece al grado de paralizar la acción del Poder Legislativo, con el propósito de mostrar a la nación que la democracia es un estorbo y que es necesario seguir con la inercia del autoritarismo''.

Agrega que el país vive hoy una peligrosa confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, entre los gobiernos federal, estatal y municipal, entre los partidos y las fuerzas políticas nacionales, y entre los actores económicos y el gobierno.

Es urgente, considera el PRD, un acuerdo que permita crear la confianza necesaria para la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo. La colaboración entre los poderes, entre los niveles de gobierno y entre las fuerzas políticas son indispensables para arribar con paz al fin del siglo.

La propuesta anuncia que en breve el Partido de la Revolución Democrática presentará un estudio de ``alta calidad técnica'' para plantear fuentes alternativas de ingreso para financiar el presupuesto del próximo año, sin aumentar la deuda y sin afectar con más impuestos y alzas de precios la deteriorada y difícil economía de los mexicanos.

Dentro del plan de austeridad, señala que la propuesta de reducir gastos superfluos implica esclarecer los fraudes e ilícitos cometidos en el Fobaproa y castigar a los responsables; recortar el gasto militar; reorganizar dependencias y fusionar otras; reducir sueldos de la alta burocracia; eliminar dispendios de funcionarios, y controlar el gasto federal destinado a los gobiernos estatales, actualmente desviados para el fortalecimiento de cacicazgos regionales.

Contralorías ciudadanas

Respecto de la legislación anticorrupción, propone crear contralorías ciudadanas en todos los niveles e instancias de gobierno, con facultades para supervisar y evaluar las funciones administrativas y el uso de recursos públicos.

Plantea también, en el caso de Chiapas, cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar y aprobar la iniciativa de ley indígena presentada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), así como crear una instancia de mediación, que ante el estancamiento del trato directo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), resulta ``indispensable''.

Aun cuando se reconocen avances en la legislación electoral, el PRD señala que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) requiere ser revisado para subsanar deficiencias.

Denuncia que el Poder Judicial no es independiente, por lo cual plantea que al igual que el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral sea autónomo, con magistrados regionales y centrales seleccionados por consenso de los partidos y designados por el Congreso de la Unión. Incluso, propone homologar las legislaturas estatales a la legislación federal, haciendo las reformas constitucionales respectivas.

``Queremos un diálogo franco y directo con el Presidente de la República; queremos que el titular del Poder Ejecutivo nos escuche y nosotros lo escucharemos con respeto; queremos discutir y negociar, buscando tejer acuerdos para el avance nacional.

``En estos tiempos aciagos, el país necesita de la buena voluntad y congruencia de todos los actores de su vida pública. El pueblo de México no merece un futuro sin esperanza. Olvidemos dogmas, pensamientos únicos y posiciones irreductibles; hagamos política y empecemos a encauzar las grandes decisiones de la vida nacional: el ajuste al modelo económico, la transición democrática y el Estado de bienestar'', concluye la propuesta perredista.