La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acaba de informar al Congreso de la Unión que, a raíz de las recientes caídas de los precios internacionales del petróleo, el Presupuesto de Egresos para 1999 deberá ser modificado con base en la nueva estimación oficial que sitúa entre 9 y 10 dólares la cotización de la mezcla de crudo mexicana durante el próximo año. Según el comunicado de la SHCP, la merma de los recursos públicos por este motivo fluctuará entre los 8 mil 500 millones y los 17 mil millones de pesos.

En primer lugar, cabe cuestionar las afirmaciones en el sentido de que el barril de crudo mexicano oscilará entre los 9 y los 10 dólares durante los próximos 12 meses: al día de hoy, el hidrocarburo nacional se vende en 7.50 dólares y no parece previsible que, en el corto plazo, el mercado petrolero mundial se recupere lo suficiente como para que las expectativas de la SHCP y la Secretaría de Energía resulten acertadas.

Si se tiene en cuenta que los organismos financieros internacionales prevén una posible recesión mundial para el año que viene --y, por consiguiente, una disminución de la demanda de crudo--; que países productores como Rusia, agobiados por la crisis económica, podrían verse obligados a malbaratar su petróleo para importar alimentos, y que numerosos expertos estiman que el precio del hidrocarburo se situará por debajo de los 9 dólares en 1999, las previsiones gubernamentales resultan, por lo menos, aventuradas. Por ello, sería conveniente que los legisladores realizarán un análisis profundo del mercado petrolero y consideraran otras opiniones, pues ajustar el presupuesto con base en premisas tan inciertas como las ofrecidas por las autoridades hacendarias podría conducir a que, de mantenerse o reducirse las cotizaciones actuales del petróleo, sean necesarios futuros recortes presupuestales, tal como se observó a lo largo de 1998 a consecuencia de previsiones económicas desacertadas.

Pero, aun en el caso de que los supuestos oficiales resultaran correctos, queda en pie el problema de fondo y de método planteado en las recomendaciones formuladas por la SHCP al Legislativo: para las autoridades hacendarias, encabezadas por el secretario José Angel Gurría, mantener el déficit fiscal en 1.25 por ciento del producto interno bruto es una medida obligada para mantener finanzas públicas sanas en 1999. Sin embargo, en el entendido de que el gasto previsto es, de por sí, insuficiente para cubrir los requerimientos básicos de rubros tan importantes como la educación, la salud y el desarrollo agropecuario, el empecinamiento oficial en mantener su propuesta de déficit implicaría o mermar aún más los recursos destinados a sectores prioritarios para el desarrollo social y nacional --situación que resulta inviable-- o elevar los impuestos a fin de incrementar la recaudación, posibilidad igualmente contraproducente e impopular.

La recomendación de la dependencia encabezada por Gurría, así, condiciona el desarrollo nacional a una consideración ideológica: mantener a toda costa, incluso a riesgo de inducir una recesión y dislocar aún más la dinámica productiva y el gasto social, finanzas públicas equilibradas. Y si se considera que en la propuesta de presupuesto se incluyen partidas muy considerables para cubrir el rescate de la banca --del orden de los 18 mil millones de pesos-- resulta evidente que la postura gubernamental está impregnada de fundamentalismo. Mientras, por dar algunos ejemplos, la soberanía y la seguridad alimentarias están amenazadas; los salarios han caído a niveles ínfimos; la pequeña y mediana industria se encuentran en crisis por la depresión del mercado interno y los elevados impuestos, y la enseñanza y la investigación universitarias se encuentran en riesgo por falta de recursos, el gobierno persiste en el afán de que los contribuyentes paguen el costo de la debacle bancaria.

Ante lo inevitables que resultan los ajustes al presupuesto, los legisladores harían bien en recortar la partida destinada al rescate de la banca. Con los 18 mil millones de pesos destinados a ello, podría atemperarse el impacto de la baja de los ingresos petroleros sin reducir otras partidas e, inclusive, mantener el déficit en un nivel manejable y destinar mayores fondos al gasto social.