Al mismo tiempo, la prensa da cuenta de dos hechos relevantes con relación al tema del Fobaproa: primero, el auditor canadiense hace público que las autoridades financieras no han entregado la información necesaria para auditar las operaciones realizadas; segundo, el PAN y el PRI presentarán al pleno de la Comisión de Hacienda el proyecto de dictamen para crear el organismo que entierre al Fobaproa: el Instituto para el Seguro de Depósitos Bancarios.
Michael McKey reiteró que no tiene acceso a la base de datos del fondo ni de los bancos, lo que impide avanzar en las auditorías (Reforma, 2/XII/98); esto conduce a que los resultados se retrasen el tiempo que las autoridades hacendarias tarden en entregar la información. Sin embargo, con base a la presión ejercida por Vicente Fox, la coordinación parlamentaria del PAN ha aceptado que su propuesta sea presentada como resultado del acuerdo entre ellos, el PRI y el Ejecutivo; Felipe Calderón Hinojosa, contrariamente, señaló que ``aún no hay acuerdo con el PRI''.
Para el dirigente panista, el PRI tiene que aceptar: I) el proyecto de ley del PAN; II) la destitución de Guillermo Ortiz y Eduardo Fernández; III) el nombramiento de un fiscal independiente que investigue y acuse, en caso necesario; IV) la devolución del dinero recibido por el PRI para la campaña presidencial de 1994. Para los legisladores panistas, el punto a discusión es evitar que los funcionarios involucrados en el Fobaproa puedan participar en la Junta de Gobierno del instituto y dejan, para cuando estén los resultados de las auditorías, el castigo a los culpables, ya sea funcionarios públicos o empresarios. Como se observa, las diferencias planteadas no son triviales y de su desarrollo depende, ciertamente, la aprobación no sólo de la iniciativa que crea el instituto, sino también del presupuesto mismo.
El PRI y el gobierno han venido actuando con la misma lógica que en Chiapas: aceptan las propuestas del PAN, con pequeños matices; posponen la negociación sobre Ortiz, Fernández, Zamora y Arrigunaga, para cuando estén listos los dictámenes de los auditores; fuerzan la presentación de la propuesta panista el 19 de noviembre y le hacen el vacío, presentan el mismo documento como un material de consenso del grupo de alto nivel, entorpecen la labor de McKey, por lo que lo dictámenes se demorarán todo el tiempo posible. En síntesis, aceptan en la mesa, pero rechazan en los hechos, provocando que la presión se concentre en la bancada panista; la experiencia con los acuerdos de San Andrés debiera preocupar al congreso y, particularmente, a los panistas.
Así las cosas, parece claro que entre los posibles escenarios para la salida del Fobaproa se perfilan los siguientes tres: a) el acuerdo PAN-Hacienda-PRI aborta, ya sea porque el PRI rechaza la exigencia de que Ortiz renuncie o porque el PAN no quiere que la renuncia sea eliminada del acuerdo; la primera posibilidad ha sido planteada con fuerza por Mariano Palacios Alcocer, la segunda existe entre numerosos parlamentarios panistas; b) la propuesta del PAN, rechazada por el PRI, es respaldada por el PRD con añadidos que garanticen las auditorias y las sanciones a los culpables, consiguiendo una solución nueva; c) el PAN acepta votar con el PRI, dejando para después las renuncias, compartiendo el costo político de la aprobación del Fobaproa.
En los tres escenarios, es posible plantear preguntas centrales a los partidos políticos; al PRI, ¿es peor que renuncie Ortiz o que el Fobaproa no se resuelva?; al PAN, ¿se puede confiar en el PRI y en el gobierno, suponiendo que una vez aprobado el Fobaproa se proceda al deslinde de responsabilidades?; al PRD, ¿está abierta, en este momento, una oportunidad extraordinaria para incidir en la solución al Fobaproa?
Las respuestas que cada partido dé definirán, en buena medida, el destino del Fobaproa, el presupuesto y, en realidad, modificarán la arena en la que ocurra la lucha política.