La semana pasada se anunció la creación de una nueva corporación policiaca, la Policía Federal de Seguridad Pública que, hasta donde la ciudadanía ha sido informada, estará conformada por la Judicial Federal, la Migratoria y la Federal de Caminos.

La iniciativa es una más de las múltiples medidas que se han tomado para abatir los índices de delincuencia, y que tienen como denominador común la dureza de sus contenidos y el supuesto de que, en última instancia, es la ciudadanía el enemigo a vencer. Ninguna de estas medidas ha sido en definitiva científica y seria. La única educación posible parece ser a más delincuencia más policía, aprovechando la existencia de corrientes incluso inducidas de opinión pública que optan por el camino fácil de incrementar las medidas policiacas.

Esta iniciativa, que no fue consultada ni siquiera con los organismos del sistema público de protección a los derechos humanos, y menos aún con las organizaciones civiles, parece más bien tratarse de un acto de efectismo político a corto plazo, encaminado a apuntalar ciertas candidaturas para el 2000.

La nueva policía agrupará a tres corporaciones de triste recuerdo para los mexicanos por sus elevados estándares de corrupción y violación a los derechos humanos.

No hemos sido tampoco informados de si se efectuarán depuraciones serias de sus miembros, así como de quienes serán elegidos para integrar esa nueva corporación policiaca. Tampoco sabemos bajo la coordinación de qué autoridad federal de procuración y administración de justicia estará, ya que los tres organismos policiacos de que surgirá dependen de tres autoridades distintas, a saber, la Procuraduría General de la República y las secretarías de Comunicaciones y la de Gobernación.

Y esto no es tan simple como parece. Más allá del 2000 y de los vaivenes políticos, se corre el riesgo de que se cree una policía política que no se ocupe precisamente de prevenir y perseguir el delito. Se da igualmente la impresión de que se pretende generar en México un cuerpo semejante al FBI, posiblemente incluso por presiones del gobierno del norte. Por otro lado, la iniciativa contraviene de manera evidente la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha establecido con claridad que la única forma razonable de abatir el delito es profesionalizar y capacitar a los agentes policiacos; sancionar conforme a la ley sus abusos y arbitrariedades; eliminar la corrupción en las corporaciones; profesionalizar a fiscalías, ministerios públicos y jueces, y establecer su acción políticamente independiente, autónoma y eficiente; educar en derechos humanos a todos los integrantes de los aparatos de procuración y administración de justicia, y trabajar porque los jueces conozcan la jurisprudencia de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es importante también fomentar medidas preventivas, tales como fortalecer la educación cívica de los ciudadanos y crear condiciones sociales que prevengan la comisión de delitos.

Todas estas medidas coinciden con las propuestas hechas desde hace años por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a las que hay que añadir el mejoramiento de los salarios de policías y ministerios públicos. Si hoy México cuenta con buenos profesionales en la medicina, el derecho, la ingeniería y otras áreas, es porque el gobierno hace tiempo se decidió a invertir en ello. Esos buenos resultados no parecen importar y se continúa evitando la inversión en la capacitación y profesionalización policiaca, que no implica simplemente enseñar a los futuros agentes a disparar con precisión y detener a ``sospechosos''.

Para los organismos públicos y civiles de derechos humanos queda muy claro lo expresado por Carlos Ayala, presidente de la CIDH, en su reciente visita a México: no importa si el país tiene o no recursos, sino que cumpla con los estándares de derechos humanos a los que se ha comprometido a nivel internacional. Para ello habrá de contar con algo más que medidas que privilegian el uso de la fuerza y la permanente vigilancia. Habrá que distinguir claramente entre seguridad pública y seguridad nacional; habrá que respetar el mandato constitucional del Ejército y reinstalarlo de nuevo en sus cuarteles, y habrá que generar una relación de confianza entre los ciudadanos y sus policías, una relación que no puede darse mientras prevalezcan la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.