Adecuar el marco jurídico, clave contra ilícitos, considera la PGJDF

El proceso de transición a la democracia requiere no sólo de policías y cuerpos judiciales capacitados, honrados y comprometidos con el ciudadano para preservar el estado de derecho y el cumplimiento de las leyes, sino también de un marco jurídico adecuado que, en lugar de facilitar la libertad del delincuente y obstaculizar la denuncia de la víctima, lleve a los culpables a la cárcel y logre la reparación de los daños.

Así lo expresa el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, quien considera que el cambio de gobierno en la ciudad de México, hace un año, impuso la necesidad de reformar un marco jurídico que requiere de la construcción de bases constitucionales para dar verdadera seguridad a la población. Este cambio incluye, dice, la depuración eficaz de los cuerpos policiacos y de otras esferas de la actividad pública, donde las leyes han permitido la impunidad y la corrupción de funcionarios, al catalogar como no graves los delitos patrimoniales, el abuso de autoridad y la colusión con la delincuencia.

Para poder llevar la acción pronta y expedita de la justicia a los ciudadanos, sin obstáculos, es necesario acercar a éstos con los jueces, eliminar las reformas legales emprendidas en 1993 y restablecer el estado de derecho. En resumen, dice el procurador Del Villar, acabar con la corrupción en todos los órganos de prevención, procuración e impartición de justicia, y terminar con la impunidad promovida por aquellas reformas.

Desburocratizar procedimientos penales

Ante la preocupación que provoca la inseguridad y la falta de justicia entre los capitalinos, para el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas es fundamental desburocratizar los procedimientos penales, descentralizar la estructura de impartición de justicia y buscar el ejercicio honrado de todos los funcionarios judiciales, lo que significa un cambio cualitativo que imponga el cumplimiento de la ley y el restablecimiento de la confianza de la gente.

Samuel del Villar, procurador de Justicia capitalino, afirma que el actual gobierno mantiene dos premisas fundamentales en materia de seguridad: la corrupción y la criminalidad interna, las cuales están relacionadas, considera, con el ``inadecuado'' marco legal dictado por los códigos Penal y de Procedimientos Penales vigentes en el DF, que se remonta a las reformas penales introducidas por el equipo de abogados que encabezó Fernando Gómez Mont.

Según el procurador, las reformas de 1993, sobre todo en lo que se refiere a los artículos 16 y 19 constitucionales, ``premiaron la impunidad, la delincuencia y la corrupción''. Pero a partir de 1999 ``esperamos que se acelere el proceso de contrarreformas, para establecer efectivamente un marco jurídico adecuado, que dé a la población la seguridad que necesita, proteja sus derechos y no a los delincuentes''.

El artículo 16 constitucional estipula la necesidad de que la autoridad integre las órdenes respectivas para cualquier detención o trámite judicial y establece la necesidad de que la ley fundamente, por escrito, cualquier motivo para proceder en contra de los delincuentes, mientras el juez que reciba la consignación deberá ratificar de inmediato la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. El artículo 19, por su parte, castiga el maltrato en las aprehensiones o prisiones, y establece que ninguna detención podrá exceder el término de 72 horas sin que se justifique con un auto de formal prisión. Cualquier prolongación será castigada por la ley penal.

Del Villar anunció que a más tardar en marzo de 1999, cuando se inicie el primer periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa, Cuauhtémoc Cárdenas enviará a ese órgano una serie de iniciativas de reforma a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del DF, para desburocratizar los procesos penales, ampliar aquellos probatorios y abrir a la sociedad para comprobar la comisión de los delitos.

``El régimen autoritario dejó un marco institucional absolutamente antagónico, no sólo en términos de democracia, sino de estado de derecho'', sostiene Del Villar, en entrevista con los reporteros de la sección Capital de La Jornada.

``En un periodo muy breve, de aquí al año 2000, tenemos que construir las bases institucionales y constitucionales para establecer ese estado de derecho, y sobre ellas dar seguridad a la población. Vamos a abrir las vías de acceso de la ciudadanía a la impartición de justicia''.

Para Samuel del Villar, la población delincuente ``es mínima'', comparada con la inmensa mayoría de ciudadanos que presentan una moralidad colectiva básica, respetuosa de los derechos humanos. ``La población es amable'', afirma, pero la actividad criminal, sumada a la situación económica'', provoca la descomposición de la autoridad legítima.

``La política económica no nos corresponde a nosotros, aunque las decisiones macroeconómicas tienen impacto en los índices criminales. Lo que sí nos atañe es integrar la autoridad del Estado para hacer cumplir la ley'', dijo. ``Cierto es que las condiciones económicas son muy difíciles, que no ayudan, y a ésto se agrega el marco tan adverso en favor de la minoría criminal''.

El procurador capitalino afirma que las estructuras promovidas por las regencias --``ese sistema autoritario''-- promovieron ``una dictadura de la corrupción que implicaba a los funcionarios de la Procuraduría, quienes incluso pasaban a ser criminales''.

Además, con el diseño prevaleciente de las estructuras de administración de justicia, procreadas hasta el 5 de diciembre de 1997, ``se burocratizó terriblemente el problema. El Ministerio Público, por ejemplo, pasó de ser el gestor social a que obliga su naturaleza, a un burócrata despegado del proceso. Se desintegró y desprofesionalizó el MP'', agrega Del Villar, en una revisión de las condiciones en que comenzó su trabajo, luego de su designación, hace un año, como procurador capitalino.

Asegura que fue a partir de 1993 que surge un descontrol absoluto de la criminalidad. Ese año se cometieron 133 mil 717 delitos, un promedio diario de 376. En 1994 la cifra llegó a 171 mil 496, 442 al día; durante 1995 ocurrieron 218 mil 599, 598 en promedio. Para 1996 el número fue de 248 mil 567, es decir, 689 diarios, y en 97 alcanzamos los 260 mil 532 crímenes, casi 700 por día. Actualmente, en lo que va de 1998, son 219 mil los delitos cometidos, con un promedio de 656.

``Si bien la cifra implica un promedio muy alto, ciertamente ya está por debajo de 1996 y aun de 97'', enfatiza Del Villar. ``Hay ahora una tendencia que parte prácticamente desde marzo, hace nueve meses, lo que significa que se ha podido desarrollar una estrategia que, esperamos, se consolide''.

Considera como un cambio cualitativo la relación entre las diferentes corporaciones policiacas que, de acuerdo con su punto de vista, ha suplido ``la enorme inestabilidad de estos cuerpos en años anteriores, la gran corrupción de todos los encargados de las diferentes etapas del proceso judicial, el conflicto estructural tradicional entre la Procuraduría y la Policía Preventiva, y aun entre elementos de esta corporación, y el conflicto tradicional que había también entre las procuradurías del Distrito Federal, el estado de México, y la propia General de la República. Es decir, la rivalidad generalizada''.

Ejercer responsabilidades

Del Villar sostiene que la PGJDF inició un proceso de unificación de la seguridad, así como ``de ejercer la responsabilidad que tenemos en el fuero común y la de otros en el fuero federal, para cumplir lo que a todos nosotros nos corresponde, con el propósito de actuar con armonía, como se refleja en el Programa Tepito que lanzamos este jueves y que para su éxito requiere de la coordinación entre todas las corporaciones''. En su opinión, ``esos niveles que hemos alcanzado son inéditos''.

En la percepción de los ciudadanos sobre la acción y estructuras de la administración de justicia, ``estas acciones provocarán poco a poco que los habitantes recobren la confianza en la autoridad, ante la decisión tajante de perseguir con toda intención la corrupción de los propios servidores de la dependencia''.

En 1999, el programa para acercar a los ciudadanos al proceso de instrucción judicial, se sustentará en tres fases. En primer lugar, llevar las agencias del Ministerio Público a donde realmente las necesita la gente, en una medida de descentralización hacia donde se presenta la mayor incidencia de delitos. Después se buscará la dignificación de las diversas agencias del MP, para crear las condiciones de espacio y dignificación de áreas comunes. Por último, se intentará imponer la respuesta expedita en los procedimientos penales, a partir de un sistema de información que sustituya al actual y que retrasa, de acuerdo con cifras del funcionario, entre 20 y 50 por ciento los tiempos de atención al público.

``Rapidez, probidad y cortesía en la atención se establecerán con base en el análisis y revisión de los procedimientos administrativos'', dijo Samuel del Villar, quien prometió: ``Vamos a reaccionar con mayor prontitud ante cualquier denuncia''.

Esta iniciativa incluye, además, el establecimiento de unidades desconcentradas para la atención de delitos cometidos por servidores públicos en las 16 delegaciones políticas, porque ``nuestra prioridad siempre será la realización de una auténtica limpieza moral''.