Tras la cascada de incrementos en los precios de los alimentos, el transporte, los combustibles y la luz, y con la perspectiva de un aumento de diversas tasas impositivas, la decisión de los representantes patronales y gubernamentales en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) de aumentar sólo en 14 por ciento los salarios mínimos, adoptada ayer con la abstención de los delegados del sector laboral, es a todas luces insuficiente para compensar la grave contracción experimentada, en los últimos días, por la capacidad adquisitiva de los trabajadores asalariados, y no se diga para remontar las pérdidas acumuladas por los ingresos laborales en lo que va del presente sexenio.

El ingreso mínimo diario de entre 29.70 y 34.45 pesos -según la zona geográfica-, establecido ayer, no guarda relación alguna con el precepto constitucional que señala que ``los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos''. En esa medida, la determinación de la CNSM es violatoria de la Carta Magna.

Por añadidura, esta decisión representa una injusticia intolerable si se considera que el gobierno pretende resarcir, con los dineros públicos, las pérdidas que su propia impericia causó a un puñado de banqueros e inversionistas, y cuyo monto equivale a unos 590 millones de los salarios mínimos mensuales implantados ayer, algo así como una deuda -adicional al pasivo ya existente del sector público- de más de 6 mil pesos para cada habitante del país.

Los alegatos gubernamentales y empresariales que buscan justificar la depresión salarial, argumentando que un mayor nivel de ingresos laborales generaría inflación, dejan de lado el hecho de que ésta ya se produjo, y no por alzas salariales, sino como consecuencia de los incrementos en los precios y tarifas del sector público y, en menor medida, de las fluctuaciones del tipo de cambio.

Ante este panorama, resulta exasperante, para los asalariados del país, la propuesta -reiterada hasta el cansancio por el gobierno y los empresarios, desde el sexenio antepasado y sin ninguna correspondencia con la realidad- de que ``el crecimiento económico permitirá mejorar los ingresos de los trabajadores''.

Con irritación creciente, los trabajadores han estado más de tres lustros escuchando esas fórmulas retóricas mientras su ingreso se devalúa y se acorta en forma sostenida. Y ya que no parecen ser capaces de percibir la zozobra y la angustia material de la mayor parte de los mexicanos, los responsables de la política económica debieran, al menos, darse cuenta del peligroso descontento acumulado.