El gobierno chileno descarta sumarse a las 14 demandas que hay contra Pinochet

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 30 de noviembre Ť En medio de rumores crecientes sobre inquietud al interior del ejército y de nuevas fricciones en la coalición oficialista, el ministro secretario general de la Presidencia, John Biehl, afirmó hoy que el gobierno chileno descarta sumarse por ahora a las 14 demandas por violaciones a los derechos humanos presentadas en el país contra el ex dictador Augusto Pinochet.

Biehl confirmó además que Chile emprendió gestiones para que países ``amigos'' intercedan ante Gran Bretaña por la liberación de Pinochet, en momentos en que la prensa local especula con la posibilidad de que el presidente estadunidense Bill Clinton pida al primer ministro británico, Tony Blair, que rechace la extradición solicitada por España.

Sobre la posibilidad de entablar una acción judicial contra Pinochet, Biehl dijo que por el momento ``no es una postura oficial''. Esto contradice recientes declaraciones del canciller José Miguel Insulza, quien planteó en Europa la posibilidad de que el gobierno tomara parte en la acción judicial contra el ex general, detenido en Londres hace 45 días a petición de la justicia española.

La mayor parte de las querellas contra Pinochet se refieren a crímenes que caen bajo el olvido legal por la ley de amnistía que el propio ex dictador hizo aprobar en 1978.

``En Chile aún no existen reales condiciones para el juzgamiento de Pinochet, ni en general respecto de las graves violaciones a los derechos humanos'' bajo la dictadura (1973 y 1990), dijo hoy la bancada de diputados socialistas, en carta abierta enviada al ministro británico del Interior, Jack Straw. Según la misiva, de los mil 180 casos documentados en el informe de 1991 sobre Verdad y Reconciliación, sólo 103 llegaron a los tribunales.

Los diputados socialistas sostuvieron que para enjuiciar a Pinochet en Chile se necesitaría reducir el ámbito de competencia de la justicia militar; anular o reinterpretar la ley de amnistía; facultar a los jueces civiles para ingresar a los recintos militares, y eliminar el cargo de senador designado y vitalicio.

La diputada socialista Isabel Allende, hija del derrocado presidente Salvador Allende, dijo por su parte que si bien preferiría el regreso de Augusto Pinochet a Chile, en el país ``no existen condiciones'' para juzgarlo.

En cambio, el candidato izquierdista favorito en las presidenciales del año próximo, Ricardo Lagos, dijo al diario El País que está a favor del regreso de Pinochet a Chile, pues ``el pueblo que sufrió tiene derecho a juzgarlo'', aunque reconoció que un eventual proceso en su país contra el ex dictador requiere un ``compromiso y una voluntad de los chilenos de avanzar en esa dirección''.

Pero Andrés Zaldívar, presidente del Senado y precandidato presidencial de la Democracia Cristiana, partido del presidente Eduardo Frei, sostuvo que no se puede condicionar el retorno a Chile de Pinochet con hacer justicia en el tema de los derechos humanos, pues ``son dos temas que se manejan separados''.

Estas diferencias fueron muestra de los desencuentros en el oficialismo por el tema, al grado que dirigentes democristianos se automarginaron de la reunión semanal con los otros integrantes de la Concertación Democrática.

Desde la derecha, el ex ministro del Interior de la dictadura, Sergio Onofre Jarpa, afirmó que quienes cometieron ``excesos'' en materia de violaciones a los derechos humanos deberían ``pedir perdón'', pero aclaró que no hay ninguna prueba que involucre a Pinochet, al tiempo que el sobrino del ex dictador, Rafael Saavedra, desmintió haber declarado que aquél prefiere suicidarse antes que ser deportado y procesado en España.

En este contexto, el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, aseguró que ``no hay ruido de sables'', en alusión a las versiones sobre irritación en los medios castrenses chilenos.

Desde Cartagena, donde asiste a una reunión de ministros de Defensa, Guzmán aseguró que los militares chilenos están tranquilos, pese a que la detención de Pinochet ha supuesto ``un golpe muy signficativo para ellos''.

Dijo además que Chile ``se opone a la extraterritorialidad adoptada recientemente por terceros países sobre los nuestros'', y aseguró que la detención de Pinochet afecta ``la convivencia interna de mi país y sus relaciones con antiguos amigos del continente europeo''.

Mientras, la directiva de los generales y almirantes en retiro se entrevistó esta tarde con el comandante en jefe del ejército, el general Oscar Izurieta, para analizar las gestiones encaminadas a lograr la liberación de Pinochet.

De su lado, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, manifestó su ``repudio'' a la quema de banderas británicas que realizaron el pasado fin de semana partidarios del ex dictador Pinochet. ``Estamos luchando para obtener su regreso, pero el peor favor que nos pueden hacer es dedicarse a quemar banderas o a amendrentar a ciudadanos inocentes, porque damos la impresión de un pueblo bárbaro'', dijo.

Ap, Afp y Reuters, Londres, 30 de noviembre Ť Mientras Gran Bretaña dio pocas esperanzas a Chile sobre una eventual liberación de Augusto Pinochet, y el canciller chileno José Miguel Insulza prosiguió en España su batalla para obtener la liberación del ex dictador, Estados Unidos rompió hoy el silencio sobre el caso, al afirmar que la posición del gobierno chileno merece ``un significativo respeto''.

Entre tanto, el hospital psiquiátrico en que se encuentra Pinochet bajo custodia dijo que el senador vitalicio debe ser transferido a una residencia privada, porque ``ya no necesita atención médica especializada''. La declaración del Grovelands Priory se interpretó como un nuevo golpe a las esperanzas del ex dictador, de 83 años, de evitar la extradición de España, bajo el argumento de que no está en condiciones de salud para ser procesado por genocidio y torturas.

``Ahora es responsabilidad de los asesores del general Pinochet hallar un alojamiento alternativo'', dijo una declaración del hospital, donde una fuente que pidió no ser identificada dijo que el ex dictador fue admitido ``debido a un elemento psiquiátrico de tensión'', pero mejoró, y su familia no se apresuró en buscar un nuevo alojamiento. Según los medios de prensa británicos, Pinochet podría mudarse a una casa del suroeste de Londres, pero la versión no fue confirmada.

Antes de conocerse el comunicado del hospital, el ministro británico de Defensa, George Robertson, dijo haber explicado al canciller Insulza que la decisión de permitir que continúe el procedimiento de extradición solicitado por España, o dejar que el ex dictador regrese a su país, corresponde a su colega del Interior, Jack Straw, ``y no es un asunto de discusión ministerial colectiva''.

Asimismo, un comunicado del ministerio del Interior sostuvo que esa decisión de Straw, que será dada a conocer el 11 de diciembre, ``estará basada en los elementos contenidos en la solicitud de extradición española y en la ley de extradición de 1989''.

Insulza, quien cerró este lunes una visita de cuatro días a Londres con una reunión con Robertson, también mantuvo encuentros con los titulares de Defensa y de Asuntos Exteriores en su intento de lograr el regreso de Pinochet a Chile.

En Washington, el portavoz del Departamento de Estado dijo hoy que en Chile ``los ciudadanos de un Estado democrático están luchando con un problema muy difícil: cómo equilibrar la necesidad de justicia con las necesidades de reconciliación. Creo que sus conclusiones merecen un significativo respeto''.

James Rubin agregó que Estados Unidos ``también está comprometido en favor de la democracia y el respeto de la ley en Chile''.

La batalla de Insulza

Entre tanto, en el primer día de su visita de 48 horas a España, el canciller Insulza advirtió hoy que en España existe un ambiente político desfavorable a Pinochet, lo que a su juicio tendrá ``un peso sobre la justicia, más allá de la voluntad de los jueces de ser imparciales''.

Pero, tras entrevistarse con el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, Insulza dijo que estas afirmaciones son una ``constatación de hechos'', y no una crítica al poder Judicial español o al pleno funcionamiento democrático de sus instituciones.

En cuanto a las relaciones hispano-chilenas, dijo no creer que ``el camino de la ruptura y sanciones sea el apropiado'', ya que ``las relaciones internacionales van más allá que las relaciones diplomáticas''.

Por su parte, el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, con quien Insulza se entrevistará este martes, aseguró en la localidad portuguesa de Vilamoura que aceptará ``cualquier decisión'' que tome el gobierno británico sobre Pinochet.

Insulza también se entrevistará con el canciller español Abel Matutes, quien hoy reiteró que el tema del ex dictador chileno es un asunto ``judicial y no político''.

El gobierno de Aznar transmitió, a su pesar, la petición de extradición de Pinochet hecha por el juez Baltasar Garzón, pero fuentes gubernamentales citadas por Reuters señalaron que Aznar confía en que Gran Bretaña permita volver a Chile al ex dictador.

Insulza ha dicho en Europa, para persuadir a Londres, que Pinochet podría enfrentarse a la justicia en Chile: ``Quiero que se tenga fe en la democracia y en la justicia chilenas'', insistió hoy.

Sin embargo, el abogado que dirige la acusación en la primera querella contra Pinochet aceptada en Chile, Eduardo Contreras, dijo en Barcelona que Insulza ``miente''. ``Si él y el gobierno de (Eduardo) Frei quieren juzgar a Pinochet en Chile, le preguntamos por qué no inicia acciones el gobierno a través del Consejo de Defensa del Estado'', sostuvo Contreras.

A su vez, Carmen Soria -hija de un funcionario español de Naciones Unidas asesinado bajo la dictadura de Pinochet-, quien debió abandonar Chile hace quince días después de recibir amenazas de muerte, dijo que el gobierno chileno reconoce más fácilmente el derecho de inmunidad ``a los verdugos que a sus víctimas''.