Hace seis años, los gobiernos de México y Estados Unidos divulgaron el contenido de un trabajo conjunto destinado a buscar soluciones a los problemas ambientales de la frontera común. El diagnóstico de lo que se llamó Plan Integral Ambiental Fronterizo 1992-1994 revelaba, entre otras cosas, que si en el país había serios problemas en dicha región, también los tenía nuestro vecino. Por ejemplo, cerca de 145 empresas ubicadas en su franja fronteriza, en un año habían arrojado al agua y al suelo más de 32 millones de toneladas de residuos químicos tóxicos; en paralelo, en más de 400 lugares se habían depositado irregularmente, sin los cuidados necesarios, residuos que afectan los recursos naturales y la salud pública de ambos países. El agua aparecía con el mayor deterioro, sin que existieran políticas para garantizar su calidad ni las suficientes plantas de tratamiento para aminorar los daños y volverla a utilizar en ciertos procesos. Lo común era que el líquido contaminado fuera a dar a ríos y arroyos y, finalmente, al Golfo de México y el océano Pacífico, afectando negativamente los ecosistemas costeros.

Entonces también se reconoció que las casi 2 mil maquiladoras estadunidenses establecidas al norte de México ignoraban las normas mínimas de seguridad en cuanto al manejo de los materiales que utilizaban en sus procesos industriales. Que no se ejercía control sobre sus desechos. Los dos gobiernos confesaban saber muy poco acerca de las materias primas y demás materiales que dichas empresas introducían a México, así como los residuos que, por ley, deben regresar a Estados Unidos. Las autoridades desconocían con exactitud el tipo, la cantidad y la disposición final de dichos residuos. Además, había transporte clandestino y contrabando de sustancias que exigen un manejo muy cuidadoso.

Como fruto de las irregularidades anteriores, se acumulaban las sospechas y ciertas evidencias inocultables de que el medio y la salud de la población sufrían daños diversos. El mejor ejemplo para lado y lado de los más de 3 mil kilómetros de línea fronteriza era el río Bravo. Tan importante reserva de agua se encontraba degradada en perjuicio de 8 millones de personas. A su cuenca se conducían las aguas residuales de las poblaciones y de un buen número de maquiladoras y otras plantas. Ninguna de las 20 principales ciudades fronterizas podían presumir de tener un sistema de tratamiento de agua. Y cuando lo había, su capacidad era insuficiente o no funcionaba bien. En Nogales, las aguas superficiales y los mantos del subsuelo se hallaban contaminados con microorganismos patógenos debido a la falta de drenaje y demás servicios básicos.

En tanto, la presencia de las maquiladoras y otras industrias fronterizas atraían población en busca de empleo, lo que ocasionaba el acelerado crecimiento urbano. Pero sin que hubiera en ningún caso medidas para lograr que éste fuera conforme a normas mínimas de planificación. Por el contrario, brillaban por su ausencia y por ello era notable la falta de servicios básicos de salud pública y saneamiento, transporte, esparcimiento, drenaje y agua potable, lo que ``representa un grave problema en muchas comunidades''.

Cuando los dos gobiernos divulgaron el Plan Integral 1992-94 para la frontera común, se discutía el texto para establecer el Tratado de Libre Comercio. Los asuntos ambientales se ignoraban en él. Así, el mundo político interpretó el plan como un esfuerzo conjunto por mostrar al Congreso de Estados Unidos la más firme intención de acabar con la impunidad en materia ambiental y de aplicar estrictamente las legislaciones de cada país. Finalmente se aprobó el TLC con dos acuerdos paralelos sobre ambiente y trabajo.

A seis años del famoso Plan Integral Fronterizo, vale la pena preguntar en qué medida los serios problemas detectados han sido resueltos. Si hay ahora el control debido sobre los procesos industriales y la generación de residuos. Si se acabó con el transporte clandestino y el contrabando de sustancias tóxicas y peligrosas; si las maquiladoras las regresan a su lugar de origen. Si ahora el suelo, los ríos, arroyos y cañadas no son más el basurero de las ciudades y las industrias. Si ya el agua del subsuelo no está contaminada con patógenos y otros elementos nocivos.

En fin, si en la frontera común el crecimiento urbano e industrial se sustenta en programas viables, y la calidad de vida de la población ha aumentado de tal forma que la pobreza y la desigualdad son cosa del pasado: no como cuando hacíamos parte del primer mundo.