1998 era crucial en la estrategia económica del gobierno. En todos los planteamientos programáticos oficiales, este año aparecía como el momento de consolidación del programa económico instrumentado para enfrentar la crisis que siguió al colapso cambiario y financiero con que dio inicio el sexenio del presidente Zedillo. El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y después los Criterios Generales de Política Económica fijaron objetivos de desempeño que simplemente no fueron validados por la evolución efectiva de la economía.

Así lo muestran las estimaciones de las propias autoridades hacendarias. Al cierre del presente año, el crecimiento del PIB será 12 por ciento menor al programado. Este resultado es muy decepcionante porque entraña un fracaso manifiesto en el compromiso, establecido en el Pronafide, de crear anualmente un millón de nuevos empleos. Esta meta no se cumplió y tampoco se alcanzará el próximo año, pues el gobierno está proyectando para 1999 una tasa de crecimiento económico que será una tercera parte más baja que la de 1998 (3 contra 4.6 por ciento). A pesar de todo lo dicho por las autoridades, el déficit estructural de empleos seguirá ampliándose y, con él, el desequilibrio social que padecemos.

El otro gran fracaso de la política económica se ubica en el terreno de la inflación. La brecha entre el crecimiento de los precios que se proyectó para el periodo comprendido entre los meses de diciembre de 1997 y 1998 (12 por ciento), y el que ahora se estima (17.8), es de casi seis puntos porcentuales. Esto significa una diferencia muy cercana a la mitad. No se olvide que la prioridad de la estrategia macroeconómica es el abatimiento de la inflación, y que a la consecución de esta meta se han subordinado prácticamente todas las herramientas de la política pública.

En el sector externo hay una discrepancia de un punto porcentual del PIB entre el monto del déficit de la cuenta corriente que se programó (2.5 por ciento) y el que se registrará al finalizar el año (3.5). Esta diferencia de 40 por ciento ocurre en un ambiente de menor crecimiento y es muy significativa de la gran fragilidad externa que sigue padeciendo la economía. En la hipótesis de un incremento de la tasa de expansión del PIB -como el que no sin osadía anticipa el gobierno para el año 2000-, este desequilibrio proyecta claramente la amenaza de volverse a disparar.

El déficit público, por último, será mayor en 0.17 puntos porcentuales del PIB, casi 14 por ciento por arriba de la meta programada. La dependencia de las finanzas gubernamentales de los ingresos petroleros y el menor ritmo de crecimiento económico (esto último provocado en gran medida por los sucesivos ajustes presupuestarios), son factores que explican las presiones hacia un déficit más grande. Es cierto que su monto es moderado (1.42 por ciento del PIB), pero su costo económico y social es creciente, como lo muestran las reacciones de la sociedad ante la propuesta presupuestal para 1999. La postergación de la reforma fiscal -no hubo tiempo, dijo en sustancia el secretario de Hacienda- condujo ya a la peor de las circunstancias presupuestarias: menor gasto público -y la amenaza de seguirlo comprimiendo- combinado con subidas inopinadas de los impuestos. Después de muchos años de pregonar el ``saneamiento de las finanzas públicas'', el mensaje de las autoridades hacendarias a los contribuyentes es, de hecho, la confesión de un fracaso.

Un número creciente de agentes económicos y sociales se están ahora preguntando ¿equilibrio fiscal, para qué? Lo dramático de esta situación es que las respuestas de las autoridades -que técnica y teóricamente pueden ser incuestionables- han dejado de tener sentido para la población. La experiencia de más de tres lustros de ajustes macroeconómicos y fracasos lesionó gravemente el discurso económico oficial.