Alejandro Canales

En los días recientes, dos de las principales universidades del país (la UNAM y la UAM) expresaron mediante desplegados públicos en diferentes medios impresos su preocupación por la probable disminución de sus recursos financieros para el año próximo. Los legisladores todavía no aprueban el proyecto de presupuesto para 1999 que envió a la cámara el Ejecutivo federal, y en el que se establecerán los montos de subsidio para las universidades; sin embargo, hay razones para compartir la preocupación.

En primer lugar, los quebrantos en las expectativas sociales han sido reiterados desde comienzos de los años 80. Las crisis económicas parecen repetirse una y otra vez, así ha sido especialmente en el tránsito de una gestión gubernamental a otra. Lo más grave es que las esperanzas de mejoramiento parecen estar diferidas permanentemente, y soportar las dolorosas medidas de austeridad porque después vendrá la recuperación. Sin embargo, al final el tinglado nuevamente se derrumba y vuelta a comenzar. Quizá sólo baste recordar la oferta de la actual gestión gubernamental de ``Bienestar para tu familia'', para pensar en que efectivamente el bienestar deberá esperar mejores tiempos para llegar a la sociedad mexicana.

En segundo lugar, conviene tener presente lo que ocurrió con el presupuesto del año actual. Recordemos que después de una negativa a reducir el impuesto al valor agregado (IVA) -por la merma que representaría en las finanzas públicas- y una tensa negociación en el Congreso, quedó aprobado el presupuesto para 1998. Sin embargo, la tinta de las cifras todavía estaba fresca cuando las autoridades hacendarias le hicieron un primer recorte de poco más de 18 mil millones de pesos. Desde luego, el ajuste era obligado por la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, pero también mostró lo decisivo que sigue siendo ese factor para los ingresos públicos, donde alcanza a representar 40 por ciento.

Pero al primer ajuste le siguieron dos más, y aunque el primero fue el más profundo, hoy los tres suman poco más de 36 mil millones de pesos. Al principio se dijo que no se afectaría el gasto social, precisamente el que se destina a los satisfactores básicos, y que se mantendrían inalterables las metas en ese rubro, especialmente en lo que toca al combate a la pobreza. Sin embargo, después de los tres recortes tampoco se pudo sostener ya tal propósito.

Hoy, el presupuesto para educación terminará con mil 461 millones de pesos menos de los que tenía al inicio del año, el de salud una cantidad similar y al Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) se le redujeron poco más de 400 millones de pesos, por nombrar sólo algunos de los ajustes. Es evidente que las restricciones tienen una repercusión, y aunque las afectaciones se apliquen en gastos de inversión, de todas formas se habrán de resentir más pronto que tarde.

El presupuesto que se proyecta para las instituciones de educación superior el año próximo es preocupante porque los recursos en términos reales serán inferiores a los que hoy tienen. La medida no es la misma para todas, pero en cada caso podrían disminuir. Comparados con sus montos financieros actuales, los porcentajes de reducción son: UAM, 11.46; Conacyt, 10.72; UNAM, 8.07; IPN, 2.35, y Cinvestav, 1.31 por ciento menos recursos (Reforma, 19/XI/98). No deja de ser notoria la diferencia entre las cifras, y ello quizás explique por qué han sido la UAM y la UNAM las que se han manifestado públicamente al respecto.

A pesar de que el castigo presupuestal pueda ser más severo para unas que para otras, no debemos olvidar la importancia de los fondos públicos para el conjunto de instituciones de enseñanza superior y nuestro aparato científico y tecnológico. Las tres cuartas partes de los estudiantes que hoy están matriculados en el nivel de licenciatura y cerca de 65 por ciento de los alumnos de posgrado asisten a instituciones públicas. Además, el financiamiento para investigación y desarrollo experimental depende fundamentalmente de las aportaciones gubernamentales y se realiza en su mayor parte, precisamente, en instituciones como las mencionadas.

En el caso de nuestro país, es inevitable la importancia de los recursos públicos para impulsar o contener el desarrollo educativo y científico, de modo que no son irrelevantes las variaciones en ese terreno. De hecho, apenas en abril de este año el jefe del Ejecutivo, en la segunda Cumbre de las Américas, se comprometió junto con los demás gobernantes de la región a destinar mayores recursos al campo educativo. No obstante, al menos para la educación superior parece que el compromiso quedará incumplido.

Los funcionarios responsables de la política económica nacional han atribuido las dificultades que tenemos a la volatilidad de los mercados internacionales, el descenso del precio del petróleo, la inestabilidad de las economías en diferentes países del mundo y, en general, a la llamada globalización económica. En ese escenario todo es consecuencia del exterior y podríamos estar peor, nos dicen, si no se hubiera hecho lo que se ha realizado y si no se efectúa lo que se propone. Empero, al final los argumentos no se sostienen.

Es imposible obviar los efectos del entorno internacional en nuestra sociedad, pero es difícil aceptar que ahí radica toda la responsabilidad. Lo que parece inevitable es que la academia no contará con los fondos suficientes y nuevamente deberá aguardar mejor ocasión. cl

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