El proyecto del presupuesto federal para 1999 ha provocado un duro y amplio conflicto político y social en el país. El presupuesto es una propuesta de política económica que no puede limitarse solamente a la gestión de un año, como si fuera un ejercicio contable en el que meramente tengan que cuadrar el debe y haber. El presupuesto tiene un pasado y es también una forma de preparar el futuro. Como historia se tienen ya 17 años de reformas en el que uno de los pilares ha sido el saneamiento de las finanzas públicas y hoy lo que se gesta es prácticamente una crisis fiscal. Como soporte del desarrollo este presupuesto queda muy corto, aparece como un conjunto de parches sin un mensaje claro que marque una dirección, más allá, de una austeridad forzada que, por cierto, no es lo mismo que la salud fiscal de la economía. Esto se expresa, de modo claro, en el aumento del costo financiero de la deuda (que tendrá un crecimiento real de 30 por ciento) y las reducciones en los gastos de la inversión pública (con una reducción real de 6 por ciento).

El gobierno no podía esperar menos que los partidos de oposición en la Cámara de Diputados mostraran su rechazo a las propuestas de ingresos y egresos. Y ello ocurre, esencialmente, porque el nuevo ajuste económico sigue enmarcado en la cuestión del Fobaproa, que sesga de modo muy claro las prioridades de asignación de los recursos públicos. El secretario Gurría ya provocó el pleito con la manera en que manejó el tema del adeudo a septiembre de los pasivos acumulados por la intervención bancaria. Ya son 609 mil 928 millones de pesos, 52 mil millones, o 10 por ciento más que el saldo de seis meses, es decir, de febrero, que se conoció cuando el Ejecutivo propuso consolidarlos como deuda pública; un aumento de más de 9 mil millones de pesos cada mes (900 millones de dólares).

La renovada austeridad que ofrece el presupuesto, entonces, no sólo se asocia con los efectos adversos de las condiciones externas, sino que la situación interna ha sido un terreno fértil para ahondarlos. Mientras se discute el presupuesto y se decide si se aprueba o no, ya subió la gasolina, ya se validó una inflación superior a 18 por ciento para este año (50 por ciento por arriba de lo proyectado) y han cambiado sensiblemente las expectativas sobre el desempeño económico y sobre las condiciones de vida para el próximo año.

El gobierno también debió esperar una reacción adversa por parte de los empresarios. Las propuestas de modificaciones de los impuestos no era lo que esperaban, y no queda muy claro cómo es que se relaciona el objetivo esencialmente recaudatorio de la política fiscal con la promoción de una mayor actividad económica. Y también, debió haber esperado el gobierno el rechazo de la sociedad a otra ronda de sacrificios, cuando la inmensa mayoría no alcanzó a ver beneficios de la efímera recuperación después del más reciente episodio de crisis en 1995. Los trabajadores, los desempleados, los estudiantes, las familias ven otra vez achicarse sus expectativas de por sí demasiado estrechas durante muchos años. El dato del secretario Moctezuma, de Desarrollo Social, es contundente, representa la verdadera línea de fondo de toda la discusión: hay 40 millones de pobres en el país y la mitad en situación de pobreza extrema.

La propuesta del presupuesto federal parece tan estrecha como la imagen que el grupo en el gobierno tiene del país, y es cada vez más claro que esa imagen no se ajusta a la visión del resto de la sociedad, que quiere más espacio para ocuparse, estar activa, ganar más y vivir mejor. Como nunca antes se está conformando una oposición al programa económico de grupos que antes no convergían en su posición frente al mismo.

Esta situación se expresa de maneras que pueden ser bastante perversas. Para algunos el gobierno se está convirtiendo en una especie de enemigo, ya que no encuentra en las acciones que realiza una expresión de sus necesidades y expectativas. Y, al parecer, conforme a los patrones que sigue el gobierno sobre cómo administrar la economía, la sociedad es también una enemiga a la que hay que limitar constantemente, puesto que cualquier expansión tiende, más temprano que tarde, a provocar inflación y desequilibrios financieros. La disparidad de las visiones sobre el acuerdo básico para organizar esta sociedad no encuentra ahora formas positivas de expresión y ello contribuye a reforzar la situación de conflicto.