Cuando Francisco Labastida Ochoa llegó al gobierno de Sinaloa, una de sus primeras acciones fue ``limpiar'' los cuerpos policiacos. Pero entre su mismo equipo había dudas sobre la bondad de ese método: ``Eso de las purgas será para tapar un hoyo y abrir otro más grande'', llegó a decir uno de sus colaboradores.

Parece que no se equivocó.

Doce años más tarde, el presidente del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, Oscar Loza Ochoa, dice que la corrupción y los vicios de los cuerpos policiacos continúan en la entidad. De hecho, en el marco de las purgas iniciadas esta semana y que según Labastida se extenderán a todo el país los próximos seis o 12 meses, en Sinaloa se anunció que las corporaciones policiacas serán depuradas en un 20%.

-¿Fue el gobierno de Labastida de ``mano dura''?

-No podría decir eso. Pero menos que los índices delictivos disminuyeron, aunque sí bajaron las balaceras en las calles.

La tierra del secretario de Gobernación no sólo sirvió como modelo para las purgas. En Sinaloa funciona una superpolicía con injerencia en todo el estado.

``Nosotros tenemos nuestra Policía Federal Preventiva en chiquito, la llaman Policía Intermunicipal'', dice Loza Ochoa, quien explica que el campo de acción de ese cuerpo de seguridad es tan amplio como los delitos que se cometen en Sinaloa.

La Intermunicipal, sin embargo, no fue creada durante el gobierno de Labastida, sino ya en el sexenio de Renato Vega, quien dejará el poder en unas semanas.

Ese cuerpo policiaco ha sido rechazado por algunos presidentes municipales, como Alejandro Camacho Mendoza, de Mazatlán, quien argumenta que su existencia es violatoria del artículo 115 constitucional, relativo a la autonomía municipal.

Pese a las protestas, la superpolicía sigue operando.

Los riesgos de la PFP

-¿Estamos frente a una superpolicía ?

-Así es, incluso por encima del procurador general de la República -dice el investigador de la Facultad de Psicología, Benjamín Domínguez Trejo, quien fue vocal ejecutivo del Programa Nacional de Seguridad Pública entre 1983 y 1987.

El especialista en análisis psicológico aplicado a policías comenta que la Policía Preventiva Federal (PFP), anunciada el 16 de noviembre por Francisco Labastida, está destinada al fracaso, lo mismo que las depuraciones de los cuerpos policiacos iniciadas una semana después.

-¿Busca Labastida presentarse como el único que puede resolver el problema de la seguridad con mano dura?

-¡Claro! Lo que él trata de vender es un paquete en el cual la mano dura sea necesaria y la única forma de resolver el problema de la inseguridad. Incluso, si hoy se aplicara una encuesta acerca de la PFP, mucha gente la aceptaría. Pero lo que no le dicen a los ciudadanos es el costo social y político que puede tener, y eso es algo muy perverso de los políticos.

Según Domínguez Trejo, está documentado que los ciudadanos toleran cada vez más la mano dura y la represión, pues ellos piensan que de esa forma se abatirán los problemas de inseguridad: ``Nadie se preocupa cuando ve a un policía en la calle armado de forma ostentosa. La sociedad ya no tiene ninguna reacción''.

El riesgo de esa tolerancia, explica el especialista, es que se den deformaciones en los cuerpos policiacos, los cuales tendrán la posibilidad de establecerse como una organización criminal en todas sus jerarquías. ``Porque conozco de policías -como piensan y reaccionan- es que pienso que esa posibilidad existe''.

Una idea añeja

El debate acerca de una policía nacional no es nuevo.

El primero en impulsar la idea fue el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet Chemor.

Hace unos meses el ex procurador Antonio Lozano Gracia contaba que en 1996, cuando se dio vida al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se planteó la posibilidad de crear una policía nacional. ``La propuesta fue crear una sola policía preventiva federal, donde sólo participarían los agentes de Hacienda, migración y la policía forestal, pero no prosperó''.

Labastida retomaría la idea dos años después.

El 12 de abril el secretario de Gobernación anunció la creación de una policía nacional para auxiliar a la policía federal y a las corporaciones estatales en la investigación y persecución de los delitos.

``Los mandatarios estatales externaron que el programa establecido de ninguna manera atenta contra la libre determinación de las entidades federativas'', dijo entonces.

Para explicar la idea, Labastida se reunió con los gobernadores en grupos de cinco. Todos rechazaron la corporación. El argumento: se violentaría la autonomía de los gobiernos estatales.

No por ahorita

En mayo, después de los reclamos de los gobernadores, los asesores de Gobernación consideraron que no era el momento oportuno de crear la superpolicía y dieron marcha atrás.

``Por el momento no se contempla una policía nacional, pues hubo muchas resistencias de los gobernadores. No será ahora cuando se conforme, pero aún analizamos la posibilidad de constituirla y que funcione en los próximos dos años'', dijo a Masiosare un funcionario de Gobernación.

La propuesta de Labastida era integrar la nueva corporación con los elementos de las policías Judicial Federal y Federal de Caminos, a los cuales coordinaría el procurador general de la República. El Centro de Información Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército se encargarían de capacitar a los elementos.

Seis meses después del rechazo de los gobernadores, Labastida volvió al ataque y anunció una nueva versión de la policía nacional, cuyos matices incluyen el cambio de nombre: Policía Federal Preventiva.

La nueva corporación tardará año y medio en integrarse, explicó Labastida.

Hasta el momento nadie ha dicho quién capacitará a la nueva policía, compuesta por agentes de las policías fiscal, de caminos y migración, pero desde hace meses agentes del Cisen capacitan a los 2 mil 500 el ementos de la Policía Federal de Caminos.

Frankenstein con uniforme

¿Una Policía Federal Preventiva es la solución al problema de inseguridad?

``No, porque habría que ver quiénes la integrarán, cuáles serán los métodos de selección, porque si son los que hoy se aplican para depurar a la PGR, fracasarán. El proyecto está sostenido con alfileres'', responde Domínguez Trejo.

¿Qué problemas enfrentaría esa nueva corporación?

``La territorialidad. Si no hemos sido capaces de controlar acciones de grupos de policías locales, menos lo haremos en el ámbito nacional. Los cotos de poder de cada corporación estarán en juego''.

Habrá, pues, disputas por el control de los territorios. ``Así como los animales marcan su territorio mediante la orina, así también lo hace el hombre cuando mantiene el control sobre un lugar''.

Según Lucio Mendoza -director del Instituto Mexicano contra el Crimen Organizado y ex miembro de la Dirección Federal de Seguridad de Gobernación-, el riesgo de la disputa territorial existe y añade uno más: que esa policía federal se convierta en una especie de policía política.

``Quiero creer en la buena voluntad política y en la vigilancia de la sociedad civil para que ese organismo no realice acciones que no son de su competencia. Existe también el riesgo de que con la Policía Federal Preventiva se cree un nuevo sistema para ``unificar la polla (el botín)''.

Benjamín Domínguez, dedicado por más de 30 años a estudiar el comportamiento criminal de los policías, afirma: ``No podremos manejar ese monstruo de la policía federal, donde se va a seleccionar gente al vapor y donde se dará pie a la criminalidad organizada policiaca y a una policía secreta''.