La Jornada domingo 29 de noviembre de 1998

Respuesta de Alejandro Nadal a Jaime Esperón Díaz Ordaz

Estimada Carmen: La carta del licenciado Esperón Díaz Ordaz, coordinador de Comunicación Social del Tribunal Electoral, sobre mi artículo IFE: crisis de fondo, está llena de errores y no contribuye a aclarar casi nada.

Primero, dice el licenciado Esperón Díaz Ordaz que ``la única ocasión en que el magistrado José Luis de la Peza ha expresado su opinión'' sobre el tema de la investigación sobre las aportaciones ilegales al PRI en la campaña de 1994 es la conferencia de prensa del 18 de noviembre pasado. Eso es falso. El magistrado De la Peza hizo declaraciones a los medios en, por lo menos, tres ocasiones anteriores (véase las notas de José Gil Olmos y de Jesús Aranda en La Jornada los días 12, 13 y 29 de agosto).

Segundo, y más importante, el magistrado de la Peza sí ha hecho declaraciones a los medios en los que parece abrazar la tesis de que el tema del uso de los recursos del PRI en la campaña de 1994 es cosa juzgada. La nota de Jesús Aranda el 29 de agosto informa que el magistrado de la Peza ``comentó que -en caso de que en su momento el tribunal hubiera emitido un juicio definitivo- entonces el asunto no podría ser reabierto por la máxima autoridad en materia electoral del país''.

Esa declaración deja flotando una ambigüedad peligrosa. El magistrado de la Peza sabe perfectamente bien que el anterior Tribunal Federal Electoral (Trife) dictó una resolución sobre los gastos de campaña de los partidos en 1994. Pero esa resolución no es una sentencia ni constituye un fallo judicial. La resolución del Trife simplemente refrendó el dictamen del IFE sobre este punto, tal y como se preveía en la legislación vigente en ese entonces. Pero esa resolución no es un fallo en el que culmina un juicio. Nadie impugnó los gastos del PRI en esa campaña, porque no se tuvieron elementos para hacerlo, y por eso nunca hubo un juicio o litigio ante el Tribunal Federal Electoral en el que el objeto litigioso fueran las aportaciones ilegales para el PRI.

En consecuencia, es absolutamente incontestable que el tema de las aportaciones ilegales al PRI en 1994 nunca fue objeto de un ``juicio definitivo'' y que no hay lugar para hablar de si se puede o no ``reabrir'' el caso. No es conveniente que un magistrado haga declaraciones recogiendo esos términos. En un ciudadano cualquiera, no experto en la materia, podría ser explicable. Pero el presidente de la Sala superior del Tribunal Electoral es un perito en la materia y si usa esos términos mucho contribuye a la confusión. La hipótesis que sostengo en mi artículo es que eso alimenta las expectativas del PRI de que el tribunal pueda concluir que el punto mencionado es cosa juzgada. Las declaraciones del representante del PRI ante el IFE van en esa dirección.

Tercero, la aclaración del licenciado Díaz omite hablar del punto central de mi artículo: hoy en día, como no se ha llevado a cabo la investigación sobre las aportaciones ilegales al PRI en 1994, el tribunal no puede entrar a juzgar el fondo del problema. No hay litis sobre la que se pueda pronunciar. El PRD y el PRI han interpuesto sendos recursos ante ese órganos de justicia, pero el tribunal sólo podrá decidir a qué instancia del IFE regresa la investigación: a la Junta Ejecutiva o a la Comisión de Fiscalización. En relación con la petición del PRI para cerrar el caso, el tribunal electoral se suicidaría si procede a emitir un juicio sobre ese punto pues no hay tema de fondo que tratar, todavía. La aclaración del licenciado Díaz no discute esta parte de mi artículo, así que supongo que no hay opinión en contrario en el Tribunal sobre esta tesis. El caso no puede cerrarse y la investigación sobre las aportaciones ilegales al PRI en 1994 deberá regresar al IFE. Ese organismo debe otorgarle la importancia que el asunto tiene.

Alejandro Nadal

Aseguran que el delito de genocidio sobre los sucesos del 68 aún no prescribe

Estimada Carmen: Tal como lo reseña el día de ayer la nota de Rosa Elvira Vargas y Mireya Cuéllar, el director general del Ministerio Público especializado A, Aquiles Monter Ortega, contestó a la ``solicitud'' (en realidad una denuncia) que le dirigimos al procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, el 2 de octubre del presente. Nos dijo a los demandantes, miembros del Consejo Nacional de Huelga y participantes en el movimiento estudiantil de 1968, que el delito mayor objeto de nuestra denuncia, el genocidio, prescribió exactamente el día que presentamos nuestro escrito, 30 años después.

Parecería entonces que nosotros esperamos justo el día en que ya no se puede hacer nada para exigir el castigo a los responsables del genocidio del 2 de octubre de 1968.

Ante esta respuesta, queremos hacer públicas algunas precisiones:

Primera: La denuncia fue presentada el día 2 de octubre del presente año a las 13:45 horas -como consta en el sello de recibido de la propia Procuraduría General de la República-, es decir, varias horas antes de las 18:10 horas, que fue el momento en el que comenzaron a delinquir, hace 30 años, los miembros del Batallón Olimpia y el Ejército, de tal modo que el delito de genocidio aún no prescribía, como lo puede verificar todo aquel que lea el Código Penal Federal y que sepa contar hasta 30 años.

Segunda: Además, existe lo que la ley llama el delito continuado, y que en este caso consiste en que a partir de las 18:10 horas del 2 de octubre de 1968 las autoridades, encabezadas por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez, continuaron cometiendo los delitos de los que los acusamos, por muchos días, y que es otra de las razones por las que nuestra denuncia fue presentada completamente a tiempo.

Tercera: Hay más elementos para demostrar que el delito ni ha prescrito, ni puede prescribir, pero éstos serán sustanciados en el amparo que ya preparan los abogados que con generosidad y profesionalismo dieron cuerpo jurídico a nuestras demandas, y uno de los cuales -en su tiempo preso político del 68- suscribe la presente.

Cuarta: En estos días, en los que tan mal la está pasando el dictador Augusto Pinochet, acosado por varios países con la ley en la mano, lo menos que puede decirse de nuestras autoridades, es que en materia jurídica y de derechos humanos se niegan hacer el papel decoroso que están haciendo otras autoridades en varias partes del mundo.

José Piñeiro, Raúl Alvarez Garín y Roberto Escudero

Informan de actividades por el Día Mundial de Lucha contra el Sida

Señora directora: Le rogamos publicar lo siguiente: Como parte de las actividades con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, diversas organizaciones no gubernamentales con trabajo en sida realizaremos un tianguis informativo en el costado oriente de la Alameda Central, colindando con el Palacio de las Bellas Artes, simultáneo a la realización en la explanada de ese edificio de un performance de SidArte denominado Un condón para México, un amoroso llamado a la cordura. Estamos seguros de que los y las jóvenes en particular y la población en general encontrarán en esta fiesta de información importantes elementos para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo al sida y de la salvaguardia de los derechos humanos de las personas que viven con VIH.

Amigos contra el Sida, Albergues de México, Arbol de la Vida, Asociación Mexicana de Servicios Asistenciales, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Centro de Atención Profesional a Personas con Sida, Centro Cultural y Humanístico Tlalcalli, Comunidad Unida en Respuesta al Sida, Consejo Nacional para la Juventud, El Caracol, Enfermos Anónimos en Superación, Fundación Diarq, Fundación Mexicana para la Lucha contra el Sida (Casa Toluca), Grupo Interdisciplinario de Sexología (UNAM), Grupo Padrinos, la Casa de la Sal, Mujeres por la Salud en Lucha Contra el Sida, Niños de la calle con Sida, Organización de Atención Integral en Sida, ProPositivo, Red Mexicana de personas que viven con VIH/Sida, Ser Humano, Unigay.