Creo que todo mundo está de acuerdo en que necesitamos órganos electorales federales y locales totalmente creíbles y dotados de la mayor autoridad frente a la ciudadanía, frente a las instituciones y frente a los partidos, que son los grandes actores de la vida política democrática. El conflicto que se ha dado en el Instituto Federal Electoral a raíz de la presentación de la queja que el PRD interpuso sobre los gastos del PRI en las campañas de 1994 nos muestra, a todas luces, que nuestro máximo órgano electoral federal dista mucho de reunir esa credibilidad y, mucho menos, esa autoridad que la transición democrática del país requiere angustiosamente.

Seguir rigurosamente la legalidad que norma las actividades del IFE es su primera y esencial responsabilidad. Siete consejeros dieron curso, con su voto, a la queja del PRD; Jacqueline Peschard se abstuvo y José Woldenberg votó en contra. Para votar en contra, este último adujo lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Algunos han opinado que la resolución apoyada por los siete consejeros sí se ajusta a la disposición citada al considerar que la queja no entraba en la categoría de asuntos generales que requieren examen previo de documentos o que son de obvia y urgente resolución.

Woldenberg demostró en su carta publicada el 24 del corriente mes que la queja no podía ser ventilada en una sesión que era de carácter extraordinario. Dio sus razones: que la queja del PRD sí necesitaba del examen previo de documentos y que no podía ser de obvia y urgente resolución porque el consejo no podía emitir tal resolución. José Agustín Ortiz Pinchetti contestó a Woldenberg con el argumento de que el informe sobre la queja estaba al alcance del secretario ejecutivo y que, por lo tanto, era de obvia resolución. Siento no estar de acuerdo con Ortiz Pinchetti. El asunto estaba y sigue estando sometido a investigación. ¿Cómo puede considerarse que era de ``obvia resolución''?

Lo verdaderamente sorprendente no es la acción de Woldenberg, sino la de los siete consejeros que votaron a favor de que se diera entrada a la queja del PRD y la de la consejera que se abstuvo de votar. ¿En verdad no sabían del tremendo conflicto que iban a provocar para su instituto? Más sorprendentes aún fueron las declaraciones posteriores de algunos de ellos. Juan Molinar, por ejemplo, afirmo que ``el IFE puede vivir sin el PRI''. Luego se retractó diciendo, inocentemente, que había sido una ``inocentada'' de su parte.

La consejera Peschard, dramáticamente, declaró que la salida del PRI del consejo representaba la peor crisis por la que hasta hoy había atravesado. Debió pensarlo dos veces antes de emitir su voto. El consejero Jesús Cantú, por su parte, se lanzó contra el secretario ejecutivo del IFE, Fernando Zertuche, haciéndonos saber que él no votó por Zertuche y que ahora confirmaba que había tenido razón. No sé qué poder crea poseer el consejero Cantú, pero debería pensar que un consejero no puede impunemente lanzarse en contra del secretario ejecutivo o de cualquier otro funcionario del instituto sin desnudarse como un faccioso intemperante.

El Consejo General es la máxima instancia política del IFE. No es un órgano jurisdiccional, ni mucho menos, como lo ha sugerido Alejandro Nadal, una especie de Ministerio Público. La queja del PRD requiere de una resolución jurisdiccional, no administrativa, que es del único tipo que puede producirse en las instancias del IFE. A algunos se les olvida para qué existe el Tribunal Federal Electoral. Por lo demás, es cierto que al TFE no corresponde la investigación de los litigios sometidos a su resolución, pero suena ridículo que esa atribución se la quiera endilgar al IFE. En todo caso, correspondería a las partes en litigio.

Nuestros consejeros ciudadanos, como su mismo título indica, son representantes del pueblo, elegidos a través del Consejo de la Unión. Su obligación es comportarse como tales, respetando en todo momento la ley a la que se deben. Su misión política es todavía más delicada: ellos deben cuidar de que sus actos no provoquen ningún conflicto con los partidos y buscar el consenso de sus acuerdos. Claro que el PRI está tratando de socavar la credibilidad y la autoridad del IFE y, en especial, de su Consejo General. Eso a nadie debería sorprender y menos a los consejeros. Sólo quisiera saber quién le podría negar ese derecho a un partido cuando sus intereses son atacados. El Consejo General del IFE debe reconquistar su credibilidad y, sobre todo, la majestad de su autoridad. Eso sólo lo conseguirá cuando aprenda a representarnos a todos y elimine de sus prácticas todo viso de faccionalismo y parcialidad.