Anteayer, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados para explicar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1999, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, se negó reiteradamente a revelar a los legisladores el monto exacto de los pasivos en poder del Fobaproa, circunstancia que generó airadas protestas de las bancadas opositoras. Sin embargo, poco después, durante una conferencia de prensa, el funcionario señaló que, a la fecha, la cartera asumida por el Fobaproa alcanza ya los 609 mil 928 millones de pesos. Al precisar esa suma, Gurría afirmó que no la hizo del conocimiento de los diputados para no desviar la discusión del Presupuesto de Egresos, asunto para el que fue convocada la sesión en el recinto legislativo.

La actitud de Gurría en esa materia es, en primer lugar, equivocada, y en segundo, podría ser contraria a diversas disposiciones legales. Equivocada porque en el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados se incluye una partida destinada a cubrir el costo del rescate bancario y, por ende, el conocimiento cabal y la discusión abierta sobre el Fobaproa forman parte obligada del análisis legislativo en materia presupuestal.

Además, en el entendido de que, por mandato de la Constitución, el Congreso tiene facultades para ``...reconocer y mandar pagar la deuda nacional'' (fracción VIII del artículo 73 constitucional) y el secretario de Hacienda está obligado a comparecer ante los legisladores para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos (fracción IV del artículo 74 constitucional), Gurría se colocó, con su negativa a informar a los diputados sobre el monto de la cartera del fondo bancario, en una de dos situaciones: o bien incurrió en faltas a las disposiciones constitucionales -circunstancia grave e inaceptable- o, por el contrario, reconoció implícitamente la imposibilidad de asociar el rescate bancario con el presupuesto citado y, por ende, validó con sus hechos los señalamientos en torno de la improcedencia de convertir en deuda pública los pasivos que integran la cartera del Fobaproa.

Por otra parte, sorprenden las declaraciones formuladas en Puebla por el presidente Ernesto Zedillo. Ante los integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el Presidente afirmó, entre otras cosas, que la procuración de finanzas públicas sanas es un componente consustancial de toda política económica, que tal convicción es compartida por los gobiernos -sean éstos liberales, conservadores, socialistas o comunistas- en prácticamente todo el mundo, que en la mayoría de los países ese tema ha dejado de ser asunto de divergencia entre partidos o entre gobierno y oposición, y que una política económica sana es ajena a dogmas e ideologías.

Ciertamente, tiene razón el titular del Ejecutivo al afirmar que el mantenimiento de finanzas públicas sanas es una práctica indispensable para prevenir, en lo posible, la agudización de la crisis por la que atraviesa la economía nacional. Sin embargo, una política económica que pretende hacer pagar a los ciudadanos los saldos del Fobaproa -y, con ello, utilizar recursos públicos para favorecer a unos cuantos en detrimento de la mayoría- no puede considerarse sana ni ajena a consideraciones ideológicas.

En la Cámara de Diputados, en efecto, no se debate en torno al mantenimiento de finanzas públicas sanas, sino sobre la improcedencia de utilizar al erario nacional como tabla de salvamento de la banca -plagada de irregularidades, malas prácticas administrativas e, incluso, fraudes y corruptelas- y sobre los efectos negativos para el desarrollo y la economía nacionales que tendría aprobar, por un lado, una Ley de Ingresos que impone a la sociedad el pago de los errores presupuestales del gobierno e incrementa agresivamente los impuestos para financiar el rescate bancario y, por el otro, un Presupuesto de Egresos que destina sumas exorbitantes -que podrían canalizarse al gasto social- para cubrir el agujero del Fobaproa.

Como lo han señalado en diversas ocasiones diversos funcionarios de Hacienda, y como lo reafirma en su discurso el presidente Zedillo, para el gobierno federal la aprobación en el Congreso de la propuesta oficial en materia económica representa, pese a las múltiples impugnaciones que ha recibido, un paso necesario para mantener finanzas públicas sanas. Sin embargo, para los millones de trabajadores que día con día ven reducirse sus niveles de vida; para los incontables hombres, mujeres, niños y ancianos que sobreviven en la miseria y la desesperanza; para los miles de empresarios que por las medidas de índole recesiva y los elevados impuestos previstos por el gobierno verán en riesgo su patrimonio y, con él, los empleos que generan; y para la gran mayoría de la sociedad que rechaza el uso de recursos públicos para beneficiar a unos pocos, las iniciativas gubernamentales presentadas ante el Legislativo son, valga la expresión, un ejemplo de una política económica insana.

En esa perspectiva, cabe esperar que los diputados asuman una posición congruente con las exigencias de los ciudadanos que los eligieron e introduzcan, con una visión social y respeto a la legalidad, las modificaciones y adecuaciones necesarias en las iniciativas fiscales y presupuestales presentadas, a fin de corregir sus desatinos y primar el interés de las mayorías por encima de las conveniencias particulares.