Pide el gobierno de GB dos semanas para decidir si extradita a Pinochet

Reuters, Afp, Dpa y Ap, Londres, 26 de noviembre Ť El gobierno de Gran Bretaña solicitó una semana más de plazo para considerar si aprueba el proceso de extradición de Augusto Pinochet, al tiempo que recibía un documento de impugnación cursado por Chile tras el retiro de la inmunidad al ex dictador por la justicia británica.

Suiza confirmó a su vez haber recibido de España un pedido para que detecte y congele cualquier activo que pertenezca a Pinochet, en momentos en que el gobierno de José María Aznar señalaba que actuará con la máxima prudencia ya que las inversiones españolas en Chile se elevan a unos 6 mil 500 millones de dólares.

En medio de fuertes presiones de quienes pugnan por llevar a juicio al ex militar y de otros que demandan su liberación, el ministro del Interior británico, Jack Straw, tiene en sus manos decidir su suerte luego que la víspera la Cámara de los Lores le revocó la ``inmunidad absoluta'' de que gozaba.

Ante esta situación, Straw se dirigió al tribunal de Bow Street que atiende los casos de extradición --el mismo que le puso de plazo hasta el 2 de diciembre para que decida sobre el asunto concreto de Pinochet-- y le solicitó que amplíe a una semana ese plazo para formular su decisión, es decir, el 9 de diciembre.

El tribunal no ha respondido a dicha petición, pero está contemplada una prórroga si así lo pide el ministro.

Y, en caso de que se le acepte, entonces la comparecencia de Pinochet ante el tribunal --prevista para el día 2-- también se correría al 9, pues la celebración de ésta depende de lo que decida Straw.

Ahora los reflectores se concentran en Straw, quien tiene poder para liberar al ex dictador por ``compasión'' o simplemente dar luz verde para que se inicie el largo proceso de la extradición a España, donde la justicia lo quiere juzgar por delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas.

La prensa británica y analistas han comenzado a especular sobre la decisión del ministro del Interior, quien es considerado como un ``duro'' pues hace un año entregó a su propio hijo de 17 años a la policía tras caer en una trampa de una periodista que le vendía dos gramos de mariguana.

Straw, quien también ha perseguido a los hooligans, a los que cataloga de ``vándalos, ultraviolentos, neonazis o neofascistas y vergüenza de la nación'', tiene la presión de los familiares de las víctimas del pinochetismo, de los organismos de derechos humanos, de muchos gobiernos y hasta del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura.

En el lado contrario debe enfrentar las críticas de los conservadores, que consideran que el caso daña a Gran Bretaña y perjudica la estabilidad chilena, así como de Margaret Thatcher, cercana amiga del ex dictador, y del propio gobierno chileno.

Enojo chileno

Justamente, hoy Chile entregó su documento de impugnación al Ministerio del Interior y a la cancillería británica, a unas horas de la llegada a Londres del canciller José Miguel Insulza --militante del Partido Socialista chileno y quien estuvo asilado en México después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973--, quien es esperado para este viernes para entrevistarse con los titulares de ambos ministerios y plantear una solución política al asunto.

Pero un vocero de la cancillería británica señaló que el encuentro entre Insulza y su homólogo Robin Cook ``tendrá lugar sobre la base de que el asunto tiene que ser exclusivamente judicial y el señor Cook no puede ejercer ninguna presión'', y agregó que Straw, a su vez, no va a recibir a nadie para hablar sobre este tema.

La prensa británica y los conservadores no pierden de vista las consecuencias que este affaire puede tener para Gran Bretaña en cuanto a las relaciones comerciales con Chile, y el propio gobierno del primer ministro Tony Blair recomendó a sus connacionales evitar viajes a ese país ante la situación ``altamente volátil que se vive''.

En Madrid, donde Baltasar Garzón trabaja en la acusación formal contra el ex dictador, de cara a lo que se considera una ardua y larga batalla por la extradición, el gobierno e inversionistas españoles comenzaron a preocuparse por las relaciones económicas entre España y Chile.

Aznar reafirmó el compromiso de su gobierno con el proceso de transición democrática en Chile, y el canciller Abel Matutes se concretó a señalar que ahora se deberá actuar con ``prudencia'', e insistió en que éste no es una tema entre gobiernos sino judicial, así como tampoco se trata de estar a favor o en contra de Pinochet.

Pese a todo, Matutes recordó que España tiene inversiones en Chile por unos 6 mil 500 millones de dólares, para reflejar de paso la inquietud en los sectores empresariales, como lo dio a conocer el diario especializado Expansión, que apuntó que los inversionistas temen una ``reacción antiespañola'' en Chile.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, sostuvo que no hay un replanteamiento sobre la venta a Chile de submarinos Scorpene, de fabricación hispano-francesa, y a su vez el titular de Economía, Rodrigo Rato, dijo confiar en que el caso Pinochet no afectará el futuro de las relaciones económicas con la nación sudamericana.

Mientras, el embajador chileno en Madrid, Sergio Pizarro, regresó hoy a España, luego de que Chile anunció que se mantendrán las relaciones normales entre los dos países, así como en relación a los nexos con Gran Bretaña, pese a los diferendos con ambas naciones por el caso del ex militar.

A todo esto, en París se presentó una nueva querella contra Pinochet por parte del hijo de un ciudadano uruguayo secuestrado en Argentina en 1976.

La denuncia de Anatole Julien acusa al ex dictador de delitos de apropiación de menores y sustitución de identidad, con relación al secuestro de sus padres y de él y una hermana, cuando eran niños.