El gobierno hunde al país en una guerra económica y los próximos procesos electorales a nivel federal se anuncian particularmente conflictivos. Pero precisamente, cuando más credibilidad se va a requerir para el Instituto Federal Electoral (IFE), el organismo vive su peor crisis.

Esta no se deriva solamente de la salida del PRI del Consejo General. Es importante entenderlo, pues el problema amenaza con extenderse al tribunal electoral.

El conflicto comienza hace dos meses con el mal manejo de la legislación electoral por parte del consejero presidente del IFE, quien argumentaba que las aportaciones ilegales para la campaña electoral del PRI en 1994 son cosa juzgada. Por fortuna, pudo iniciarse la investigación en la Junta General Ejecutiva de ese instituto, la cual inicialmente se había declarado incompetente y comenzó a trabajar, pero poco después, sorpresiva e irregularmente, la propia junta interrumpió su indagación; se declaró incapaz; anuló sus actuaciones, y turnó el expediente a la Comisión de Fiscalización.

El PRD y el PRI ya impugnaron ese hecho ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero mientras que el PRD pide el regreso del expediente a la junta para continuar la investigación, el PRI solicita que el asunto sea desechado por el Tribunal Electoral; su esperanza es que esa instancia cierre el caso por ser cosa juzgada.

Esta esperanza está alimentada quizá por declaraciones del presidente de la Sala Superior del tribunal, anunciando que el asunto es, efectivamente, cosa juzgada. Esas declaraciones constituyen un mal presagio: aun antes de conocerlo, el funcionario ya anuncia su decisión sobre el problema. Eso no es cosa juzgada, sino cosa prejuzgada.

Ese antecedente es malo, pero el punto realmente importante es que, en estricto derecho, el tribunal electoral no podrá juzgar todavía el fondo del problema, y debe limitarse a puntos de procedimiento: o se restituye el procedimiento inicial, o el asunto queda en manos de la Comisión de Fiscalización. En ambos casos, la indagación debe seguir su curso.

¿Por qué razón el Tribunal Electoral no puede conocer todavía sobre el fondo del asunto? Porque no se han agotado los recursos jurídicos previos. Todavía no se ha hecho la investigación sobre las aportaciones ilegales a la campaña del PRI en 1994. Es como si los trabajos de la fiscalía todavía no se hubieran llevado a cabo. El tribunal no puede realizar esa tarea. En síntesis, el asunto en litigio ni siquiera está definido.

Si a pesar de todo, el tribunal decide juzgar el fondo del asunto, estará incurriendo en un acto que entraña graves violaciones al procedimiento judicial. En ese caso, la crisis que hoy afecta al IFE habría llegado a socavar las bases de credibilidad del organismo que se supone tiene la última palabra en conflictos electorales y se provocará un grave retroceso político.

Desgraciadamente, el consejero presidente del IFE ha contribuido mucho a precipitar esta crisis. Su primer impulso fue afirmar que las aportaciones a la campaña de 1994 eran cosa juzgada. Quizás ahora espera sacar este asunto caliente del IFE y enviarlo al Tribunal Electoral, pero las consecuencias pueden ser nefastas para el país.

El obstinado rechazo del consejero presidente para modificar el orden del día en la última reunión extraordinaria mostró que su ignorancia de la ley electoral es comparable a su desconocimiento del reglamento de sesiones del IFE y de los procedimientos parlamentarios. Su credibilidad se desvanece todavía más con su defensa publicada en El Correo Ilustrado de este diario, hace tres días. Cita lo que le conviene del artículo séptimo del reglamento de sesiones, y omite lo que no le conviene. La omisión es tan patente que impone la pregunta: ¿es un error o una maniobra? Si en un punto de procedimiento imprime sesgos tan ostensibles, ¿qué esperar en una contienda electoral controvertida?

Finalmente, el consejero presidente haría bien en entender que él no es la instancia suprema del IFE; lo es el Consejo General, y debe tomar en cuenta este hecho irrevocable.

La aparente complejidad técnica que rodea los trabajos del IFE no debe engañar a nadie. Los ojos de todos vigilan sus trabajos. Los funcionarios de ese organismo y del Tribunal Electoral no deben olvidarlo.