Nada tiene de extraño que el presidencialismo mexicano adopte medidas que violan los mandamientos constitucionales, es decir, el estado de derecho, pues el mantenimiento y reproducción del autoritarismo se llenan de sustancia precisamente en la transgresión del estado de derecho.

Si el presidencialismo autoritario decidiera cumplir con la Ley Suprema, dejaría ipso facto de existir, del mismo modo que si agregamos una unidad más al primer término de la ecuación 1=1, porque dos no es igual a uno. Debe comprenderse con máximo rigor que la contradicción entre presidencialismo autoritario y estado de derecho es radical, lógicamente irresoluble, a menos que nuevos y crecientes factores cuantitativos implicados en la contradicción, por ejemplo la conciencia política ciudadana, provoquen el cambio cualitativo que purgue al gobierno de facto al hacer real ese orden, pero mientras tal acontecimiento no ocurra, el presidencialismo autoritario, para subsistir y conservarse, tendrá que continuar violando los mandamientos constitucionales. Así sucedió con Santa Anna, al disolver a punta de fusil al constituyente de 1842, y con Porfirio Díaz, cuando encarceló a Madero para impedir su participación en las elecciones de 1910.

Las instituciones de educación superior, autónomas o no, cumplen funciones superiores del Estado mexicano y consecuentemente, es obligación de éste proporcionarles lo que necesiten para llevar adelante la muy alta tarea de cultivar el talento nacional. ¿Acaso la sociedad podría desarrollarse venturosamente sin las luces que le proporciona su propio genio y la moral de sus hombres? Como obviamente la respuesta es no, la sociedad dedica muchos recursos a afinar al máximo sus más nobles virtudes espirituales, y para lograrlo organiza las universidades como las instancias que le permiten cumplir con el compromiso de enriquecer constantemente el genio que la guía en la realización histórica de sus ideales. La ineludible obligación del Estado de otorgar a la educación superior los medios que le son indispensables no se altera con la modalidad autonómica.

La autonomía universitaria es autonomía del gobierno del Estado y no autonomía del Estado mismo, pues si esto último fuera así, estaría ante el absurdo de un Estado dentro de un Estado. No, la UNAM, por ejemplo, es una institución del Estado mexicano y autónoma del aparato gubernamental, a fin de evitar que éste la manipule en función de sus intereses. Tal es el sentido de la autonomía desde el movimiento de 1929, y la marginación del gobierno en el caso de la UNAM no lo libera del deber de proporcionarle los recursos para llevar adelante sus quehaceres, porque se trata de una obligación del Estado que el gobierno puntualmente tiene que acatar. No hacerlo viola el espíritu y la letra del artículo 3¼ constitucional, que además, establece la gratuidad de la educación que imparte el Estado.

A la luz de las anteriores consideraciones, los resultados saltan a la vista. La propuesta del actual gobierno al poder legislativo de reducir el subsidio que se otorga a la UNAM y demás instituciones de educación superior -según consta en el proyecto de programa económico que presentó al Congreso-, es inconstitucional, y significa una mar-ginación de lo que conviene a México en la medida en que las restricciones obstaculizan el crecimiento y perfeccionamiento del talento del país: obstruirlo es subordinar la historia propia, la que se corresponde con nuestra cultura, a ideas, ambiciones o caminos que nos son extraños. Ahora la fe de los mexicanos y de sus universitarios está en lo que resuelvan los diputados del Congreso de la Unión.