Al mismo tiempo que la Comisión de Justicia de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña declaraba no aplicable la inmunidad de los jefes de Estado a Augusto Pinochet, la Procuraduría General de la República declaraba la prescripción de los delitos cometidos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

La decisión de los lores no se encuentra sola en el escenario. Junto a ella está la valentía de un juez español, de aplicar las leyes con apego al derecho. Es muy significativo que haya sido España el país que reclama a ese delincuente que lleva por nombre Augusto Pinochet -uno de los mayores asesinos de la historia de América Latina-, justamente por ser esa nación otra de las que sufrió un régimen sanguinario, el de Francisco Franco, quien empezó matando y terminó matando.

La decisión de la Procuraduría General de la República, en México, tampoco se encuentra sola. Junto a ella tenemos la negativa del Presidente de la República a mostrar los documentos militares relacionados con las represiones de 1968, entre ellas la matanza de Tlatelolco. Y es muy significativo también que el mismo régimen, el mismo partido, el mismo sistema político, el mismo poder del Estado que organizó la matanza del 2 de octubre, hoy se niegue a reiniciar una averiguación sobre los acontecimientos y los posibles responsables.

En realidad, no se trataría de llevar a cabo una averiguación nueva, sino de considerar que existen suficientes elementos para revisar la que fue hecha por el entonces procurador y que concluyó con el ejercicio de la acción penal contra algunas de las víctimas sobrevivientes de la masacre, las cuales fueron sentenciadas a 16 años de prisión, aunque liberadas 13 años antes de cumplir sus sentencias. Pero el procurador no está para procurar justicia, sino para proteger a los poderosos, a quienes entonces lo eran y a quienes ahora lo son.

Un solo juez español fue suficiente para arraigar al dictador Pinochet -jefe operativo actual de la reacción chilena, una de las más oscurantistas y criminales del continente-, sin menoscabo de aquellos franceses, suizos y de otros países que intentaron posteriormente perseguirlo.

Ese clamor mundial de justicia es semejante a este otro mexicano que exige el completo esclarecimiento de la matanza de Tlatelolco y también -cómo eludirlo- el del 10 de junio de 1971, Aguas Blancas y Acteal, cuyos autores intelectuales no han sido castigados. De la matanza del Jueves de Corpus jamás se integró la averiguación previa y mucho menos de ejerció acción penal contra una sola persona.

Pinochet alega en su defensa que los actos que se le imputan fueron consecuencia de circunstancias fuera del control de cualquier persona en lo individual. Eso es exactamente lo mismo que dicen cobardemente Luis Echeverría y otros ex funcionarios públicos que dieron las órdenes para el operativo del 2 de octubre.

Echeverría es aún más cobarde, pues culpa de todo a Díaz Ordaz, tratando de ocultar que el personal policiaco de la Secretaría de Gobernación se encontraba junto con el Batallón Olimpia en el asalto al edificio Chihuahua de Tlatelolco. Se entrevistó la mañana del día de la matanza con el entonces presidente y en la agenda que llevó a la audiencia está claramente escrito en primer lugar, el tema del mitin de la tarde, por lo que debió haber recibido instrucciones, que evidentemente ejecutó, ordenando a su vez la acción de los perros de presa de la Dirección Federal de Seguridad, al mando inmediato del capitán Fernando Gutiérrez Barrios.

La policía política del Departamento del Distrito Federal (DDF), comandada por el general Corona del Rosal, también participó en el operativo, como lo hicieron las policías judiciales del DF y de la PGR, todas las fuerzas públicas al servicio de la ilegalidad y el crimen de Estado.

Sin dejar de guardar distancias y diferencias, así como el ejército chileno tiene una deuda histórica con su país y con la humanidad por los tremendos crímenes cometidos, el Estado mexicano debe pedir perdón a México.

Ambas cosas se tienen que ventilar poniendo en claro toda la verdad, castigando a los culpables, reivindicando a las víctimas; las reconciliaciones sociales y políticas, tal como la construcción de la democracia, tienen que hacerse mediante el rechazo de la impunidad.

¿Habrá un juez Garzón mexicano? Tarde o temprano tendrá que haberlo.