Los asesinatos del policía judicial Eduardo Linares Rosas y de un acompañante suyo, ocurridos antenoche en la colonia del Valle, en esta ciudad, parecen una respuesta de la delincuencia organizada a los esfuerzos -intensificados a últimas fechas- de diversas instancias de los gobiernos federal y capitalino para combatirla y, especialmente, para detectar y procesar a sus numerosos infiltrados en las corporaciones policiales.

Al informar sobre el homicidio de Linares Rosas, el director general de la Policía Judicial del Distrito Federal, Mauricio Tornero Salinas, destacó que la forma en que fue realizado permite inferir que los responsables fueron ``profesionales que tenían todo planeado'', y dejó abierta la posibilidad de que en la ejecución hayan participado efectivos de la propia policía judicial que dan protección a las organizaciones criminales dedicadas al robo de automotores, que es justamente el rubro delictivo al que el agente asesinado había propinado severos golpes.

El hecho es que los homicidas de Linares Rosas no sólo buscaban matarlo, sino hacerlo en forma tal que quedara de manifiesto su poder de fuego y su capacidad organizativa.

Ante este repudiable acto de violencia criminal, cabría esperar que las acciones de depuración entre las filas de las corporaciones policiales avancen y se profundicen. Por desgracia, los publicitados operativos efectuados el lunes pasado para consignar a agentes con órdenes de aprehensión han arrojado un resultado pírrico, toda vez que, de los cerca de 200 efectivos presentados ante las autoridades judiciales, y de los 40 o 50 a quienes se aplicó auto de formal prisión -las cifras varían de acuerdo a la dependencia que las emite-, sólo ocho permanecen detenidos, en tanto que el resto han sido liberados, ya sea porque los presentados eran homónimos de delincuentes buscados, porque sus delitos ya prescribieron o porque obtuvieron libertad bajo fianza. Así, lo que fue presentado a la opinión pública como una acción decisiva para el saneamiento policial parece haberse convertido en un fiasco.

Volviendo al asesinato cometido antier, y ante el sostenido incremento de los índices de criminalidad, es claro que la delincuencia organizada tiene la iniciativa ante unos cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia cada vez más desarticulados, infiltrados e inermes.

Ello plantea una situación de extrema gravedad para la ciudadanía y un desafío de grandes proporciones a las autoridades de todos los niveles, las cuales están obligadas a emprender, de una vez por todas, acciones efectivas y apegadas a derecho que reduzcan los márgenes de acción y la impunidad con que operan los delincuentes, restauren la seguridad pública y restablezcan la confianza de la sociedad en las instituciones.