La enseñanza y la investigación universitarias están en peligro una vez más. El origen del problema se localiza en el gobierno federal y sus políticas de ajuste en contra de la nación (salvo en contra de los banqueros); su solución está en manos de los diputados federales y estatales. Estos tendrán que ponderar si se disminuye la calidad y la cantidad de lo que se ha llamado capital humano, o si se mantiene o se aumenta.

Si se disminuyen las posibilidades de las universidades públicas para enseñar e investigar, al mismo tiempo que las universidades privadas aumentan cuotas de inscripción y colegiatura, se están restando posibilidades a los jóvenes para tener una mejor preparación y por lo tanto se restringe la necesidad imperiosa de promover el desarrollo humano, aun en términos del Banco Mundial. Un gobierno que no cuide este aspecto es un gobierno que estará actuando en contra no sólo de su población, sino incluso en contra del desarrollo económico y hasta del capital productivo.

Permitir que se reduzca el presupuesto para las universidades públicas significa no sólo impedir el desempeño y las obras de lo que ya está en curso, sino también frenar el desarrollo (y la función) de las universidades, con las dramáticas consecuencias previsibles para los próximos años. Citando a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, no se podrán enfrentar los retos del desigual desarrollo nacional ni conseguir para México una mejor posición en el contexto internacional si no se refuerza la misión de las universidades en la formación de la masa crítica de técnicos superiores, profesionistas, docentes, especialistas e investigadores del más alto nivel que requiere el país.

Todos los esfuerzos que se han hecho, incluido el Sistema Nacional de Investigadores (desde 1984), se verían lesionados gravemente si se permite en la LVII Legislatura federal que las universidades públicas, y la UNAM en particular, no puedan adquirir libros, revistas especializadas, equipo de cómputo, renovación o mantenimiento de laboratorios o continuar su obra civil, indispensable para el desarrollo de sus funciones. La drástica reducción de recursos para la operación y gasto corriente de las universidades, que no otra cosa significa en este campo la propuesta del Presupuesto de Egresos del Ejecutivo federal, significaría no un año de restricciones y austeridad, sino el freno inmediato de actividades sustantivas de las instituciones de investigación y educación superior y, peor aún, un retroceso de las universidades con gravísimas consecuencias para los jóvenes que ya están estudiando o que aspirarán muy pronto a estudiar carreras profesionales.

Si desde el gobierno se obliga a las universidades públicas a no aumentar los salarios de los trabajadores académicos y administrativos por encima de la inflación (y para recuperar la disminución real que han sufrido en los últimos veinte años), no puede ni debe permitirse que además se frene y se deteriore la actividad de las universidades. Sería como aceptar que el sacrificio de los trabajadores universitarios a favor de las instituciones públicas no ha servido para nada, pues éstas están ahora amenazadas desde otros flancos y no sólo por el lado de los ingresos de quienes en ellas trabajamos.

El reto que tienen los diputados tiene solución, siempre y cuando actúen a conciencia y en apego a su responsabilidad como representantes de la nación y no de quienes sólo sirven a los intereses del gran capital nacional y extranjero. El presente y el futuro de las universidades públicas están en sus manos; no es poca cosa.