$30 millones en pérdidas al DF ha causado la alianza PRI-antorchistas

José Galán y Ricardo Olayo Ť De regreso al Zócalo capitalino para reanudar sus presiones y amenazas en contra del gobierno perredista de Cuauhtémoc Cárdenas, el grupo Antorcha Campesina busca devolver favores al PRI, que en los últimos ocho años significaron un daño de por lo menos 30 millones de pesos a la hacienda pública y al bolsillo de los contribuyentes defeños.

Mientras que su líder nacional, Omar Carreón Abud, insistió en obtener terrenos, financiamiento y canonjías, o en caso contrario organizar marchas multitudinarias en esta ciudad, en una táctica alentada por el priísmo capitalino, una investigación realizada por este diario arrojó que las decisiones políticas sin fundamento legal adoptadas en esos años por organismos pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como son el Comité de Patrimonio Inmobiliario (CPI); la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN); el Instituto de Vivienda y el Fividesu, reflejan el contubernio entre priístas y líderes antorchistas para el manoseo legal de predios por cerca de 70 mil metros cuadrados tan sólo en la delegación Iztapalapa durante ese periodo, y que, de acuerdo con documentos en poder de La Jornada, continúan bajo su dominio.

En los convenios suscritos entre autoridades de tres diferentes administraciones priístas y que les permitieron la posesión de por lo menos cinco predios al 5 por ciento de su valor --cerca de 30 millones de pesos por los compromisos contraídos por medio de documentos suscritos entre las partes, y que hasta ahora no han sido pagados--, firmaron como testigos de honor o en representación del todavía Departamento del Distrito Federal, Florentino Castro López, ex delegado en Iztapalapa, o Marcelo Ebrard Casaubón, que suscribieron convenios totalmente a favor de las pretensiones de los líderes antorchistas en representación del gobierno capitalino, y cuyos rezagos legales y económicos se acumularon a lo largo de los años para quedar finalmente como herencia para el actual gobierno perredista.

Todo comenzó el 12 de marzo de 1992, cuando el gobierno del Distrito Federal envió como testigo de honor a Florentino Castro López como testigo de honor a la firma del convenio privado de cesión de derechos posesorios entre Alfonso Villalba Molina y la Asociación de Colonos Antorchistas representada por Guadalupe Zamudio Durán, Ernesto Enciso Carrillo y Agustín Antonio Hernández.

El acuerdo era que los antorchistas le compraban a Villalba Molina un terreno de 55 mil hectáreas conocido como La Muralla, a un precio fijado en aquel entonces en un millón 320 mil pesos. Y para ello, los antorchistas le entregaron de inmediato un anticipo de 400 mil pesos, y dejando un saldo pendiente de 920 mil pesos de entonces. A pesar de que el convenio suscrito ante el delegado en Iztapalapa estipulaba que no podría ser ocupado hasta que no fuera completamente saldada la deuda. Cuatro días después, el 16 de marzo de 1992, cerca de 400 familias guiadas por líderes antorchistas tomaron posesión del mismo.

El terreno La Muralla estaba en realidad integrado por tres predios: Tlatlachaloya, Taxcantolotitla y Tlatlacheloya, en San Miguel Teotongo, delegación Iztapalapa, colindantes con el municipio de Los Reyes La Paz, estado de México. Los antorchistas pagaron los 400 mil pesos (400 millones de entonces) con cheques de caja de Banamex, número 375/398182/340, por 150 mil pesos; de Banca Cremi, número 6241174, por 150 mil pesos, y de Banca Serfín, número 066208, por cien mil pesos.

Se acordó que el saldo, 920 mil pesos (o 920 millones de entonces), se liquidaría en ocho mensualidades de cien mil pesos, pagaderos a partir del 15 de abril de 1992 y con vencimiento cada quincena, dinero que sería depositado en Bancomer en la cuenta S162754-S, mientras que una sola mensualidad de 120 mil pesos se liquidaría con vencimiento del 15 de diciembre de 1992, ``para dar por finiquitada la presente cesión de derechos posesorios.

El 2 de abril de 1992, 22 días después de firmado el contrato de compraventa, el gobierno de la ciudad, por medio de Marcelo Erbrard Causabón, entonces secretario general adjunto de Estudios y Proyectos Institucionales del DDF decide, por ``problemas de tipo político y social'', reubicar a los antorchistas, por lo que el 3 de julio de ese año se suscribe un nuevo convenio entre el DDF y la organización, donde se acordó la desincorporación de otros cinco predios diferentes, a fin de ``reasentar'' a los antorchistas, en este caso por 41 mil 123 metros cuadrados.

Nunca se liquidó el adeudo anterior, a pesar de que el predio La Muralla fue expropiado 15 días después por las autoridades capitalinas para dar pie allí a la construcción de vías públicas e inclusive un eje vial, mientras que para los nuevos predios se acordó un precio a valor social de acuerdo con las tasas fijadas entonces por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales exclusivamente para esos terrenos en 26 pesos 29 centavos metro cuadrado, cuando para el resto de las organizaciones la tasa a valor social era de 270 pesos metro cuadrado.

Las tasas excepcionales y sin sustento legal acordadas por CABIN y autorizadas por todos los organismos responsables de terrenos y viviendas en el Distrito Federal llevaron a tasar en 919 mil 755 pesos con 91 centavos, cifra sufragada ya por Antorcha Campesina, un área de 42 mil 114 metros, que a valor comercial valía en aquel entonces 19 millones 279 mil 671 pesos con 14 centavos.

Además, se debe sumar el predio actualmente en litigio con las autoridades capitalinas, ubicado en la avenida Guelatao, de 25 mil metros cuadrados, y del que Antorcha Campesina alega haber pagado ya 2 millones de pesos que curiosamente le fueron suministrados por las mismas autoridades del DDF que luego aceptaron recibir.

En total, Antorcha Campesina tiene en la delegación Iztapalapa seis predios con 67 mil 114 metros cuadrados por los que ``pagó'' 2 millones 919 mil 755 pesos, y que en realidad valen comercialmente 28 millones 404 mil 671 pesos con 14 centavos, lo que le convierte en la organización política más favorecida por las diversas administraciones priístas en los últimos ocho años.