La oposición reventó el debate con el tricolor en San Lázaro, al alegar falta de quórum

Mireya Cuéllar y Enrique Méndez Ť La oposición recurrió ayer a una de las más viejas tácticas priístas para ``reventar'' el debate parlamentario en torno a la legalidad con que actuaron los consejeros del Instituto Federal Electoral al discutir el pasado 16 de noviembre el origen de los recursos con que el PRI financió su campaña en 1994: romper el quórum.

Ansioso por ventilar en la Cámara de Diputados la presunta transformación del Consejo General del Instituto Federal Electoral ``en un órgano colegiado veleidoso, inconsistente e ilegal en su toma de decisiones'' --como diría Enrique Ibarra --, el PRI preparó para el debate de ayer a buena parte de su bancada, pero se topó con una oposición que no quiso discutir el asunto más de tres horas.

Francisco Loyo Ramos abrió fuego contra los consejeros electorales, acusándolos de que ``con frecuencia rebasan el ámbito de sus facultades legales, pues manifiestan un protagonismo que bien podríamos calificar de excesivo en asuntos de la vida política del país, con criterios claramente parciales''.

El primer diputado opositor que fue a la tribuna para argumentar en favor de la decisión de los consejeros fue el tabasqueño Juan José Rodríguez Prats, quien acusó al PRI de ``intentar detener a como dé lugar el cambio''. ¿Por qué quieren ocultar la verdad, señores priístas? ¿ Por qué se oponen a que se investigue?

El perredista José Luis Gutiérrez Cureño calificó de ``berrinche'' la decisión priísta de retirarse del Consejo General del IFE y Pablo Gómez manifestó su extrañeza de que por primera vez el PRI fuera hasta la tribuna de la Cámara a acusar a la autoridad electoral de imparcialidad, cuando en el fondo del asunto está ¿quién financió al PRI en 1994 y en qué gastaron los fondos?

Reproches

Los panistas encaminaron por ahí el debate. Felipe Urbiola Ledesma les reprochó a los priístas tener una piel tan delgada: ``La mera posibilidad de que se abra una investigación --sobre los gastos de campaña de 94-- y que esto se hubiera visto en una de las sesiones, es suficiente para acusar de parcialidad a la autoridad electoral''.

¿Se imaginan esto? Traspolado a las elecciones del 88 --apuntó--, hubiera dado como resultado que el presidente de la autoridad electoral en aquella época, tendría que haber sido condenado a cadena perpetua porque se le cayó el sistema.

La imparcialidad, apuntó el panista, está en los ``actos de injusticia'' y exigió al PRI retornar al Consejo General del IFE y hacer valer ahí sus puntos de vista. ``No puede ser que el simple hecho de investigar se tome como una sanción y una gravísima violación a los derechos. Den la lucha en la protección de sus derechos y acrediten que los gastos del 94 fueron libres de toda sospecha y de toda duda, si no la sociedad se los reclamará'', remató.

Y planteó lo que mucho reiteró la oposición a lo largo del debate: ``Evolucionar; que los compañeros del PRI cambien de actitud, para permitir las investigaciones con el propósito de que se clarifiquen los hechos. Esto, en el fondo, es lo que verdaderamente importa, la verdad de los acontecimientos, si se gastaron los recursos ¿en qué y cómo se hizo?''

Pero el PRI centró su alegato --vía Enrique Ibarra-- en la ilegalidad de la decisión adoptada por el IFE, ``que autorizó introducir, como punto adicional en esa sesión extraordinaria, un informe de procedimiento violando sus propias normas'', además de llamar la atención sobre ``la reproducción que se está haciendo general en el consejo de que varios de sus miembros se exceden en sus atribuciones e incurren recurrentemente en violaciones flagrantes a la ley''.

El ``procedimiento'' adoptado por el IFE, argumentó el priísta Rafael Oceguera, fue ilegal porque según el Reglamento de Sesiones del Consejo General se establece que en el caso de las sesiones extraordinarias y especiales ``solamente podrán ventilarse aquellos asuntos para las que fueron convocadas''.

``Yo pregunto ¿esa sesión de la que el PRI se levantó había sido convocada para discutir el financiamiento de 1994? Por lo demás, en términos de la ley, ya había sido calificado y publicado en el Diario Oficial de la Federación'', apuntó.

Enrique Jackson --el PRI mandó a una parte de la burbuja al debate-- pidió a los consejeros que no se equivoquen; ``ellos no son los actores de los avances democráticos, implica que hagan su tarea, la que les encomendó el Congreso y con apego a derecho'', y les recomendó ser tan sólo un árbitro eficaz y discreto porque ``están ahí para representarnos a todos, para que tengan la confianza de todos'', no para ``sentirse los protagonistas de la transición democrática''.

Además, remarcaron los priístas, el IFE ya revisó los gastos de campaña de 1994 y emitió un dictamen que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Ayer fue la quinta ocasión --en lo que va del periodo de sesiones-- que se suspende la sesión por falta de diputados. Ultimamente se presenta una práctica en San Lázaro, cuando una mayoría ya no quiere seguir discutiendo, simplemente pide a la presidencia que se verifique el quórum y aun estando en el salón, no se registran en el sistema electrónico, de tal manera que virtualmente no están y por lo tanto no hay quórum.

El priísta Fidel Herrera informó que pedirán la destitución del presidente de la mesa directiva, Ramón María Nava, quien nunca decretó la falta de quórum y simplemente levantó la sesión al ver en el tablero que sólo se registraban 212 diputados, aunque muchos más estaban ahí. Panistas y perredistas se abstuvieron de votar.

Herrera también reclamó a la oposición --ante la prensa-- la forma tan ``atropellada'' como reventó el debate. ``Nosotros --dijo-- lo hacemos algunas veces, pero con experiencia y clase''.

La embestida fue en dos escenarios

En una reunión de la Comisión de Presupuesto, donde se revisó la cuenta pública del Instituto Federal Electoral correspondiente a 1998, los priístas bombardearon a María Eugenia de León-May, directora ejecutiva de Administración del órgano, con preguntas sobre los salarios, compensaciones y gastos de representación de que gozan los consejeros.

La priísta Laura Alicia Garza Galindo insistió en conocer con precisión esos datos. Así, la funcionaria refirió que los consejeros ganaron en 1997 un salario neto de 106 mil 142 pesos --incluyendo un bono trimestral de 22 mil 293 pesos--, más 9 mil pesos mensuales de ``gastos personales''. De manera inusual --los priístas nunca exigen tantos datos a ningún funcionario que participa en la revisión de cuenta pública--, los miembros del PRI insistieron en saber cuántos asesores tiene cada consejero y cuántos boletos de avión usan al mes.