No reconoce la justicia británica la inmunidad al ex dictador chileno
El derecho internacional ha puesto fuera de la ley el secuestro y la tortura, declaró en Londres el magistrado lord Nicholls, para quien las leyes internacionales ``reconocen que la función de jefe de Estado puede incluir ciertas actividades ilegales. Pero (el derecho internacional) dice muy claramente que la tortura y la toma de rehenes no son aceptables, en especial de parte de un jefe de Estado. No reconocerlo convertiría al derecho internacional en una farsa''.
Nicholls consideró que según la ley británica de 1978, Pinochet ``si fuera aún jefe de Estado, se beneficiaría sin lugar a dudas de inmunidad'', pero señaló que esta ley está sujeta a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas que data de 1961, y prevé que ``cuando las funciones de una persona que se beneficia de privilegios y de inmunidad finalizan, esos privilegios e inmunidad deben cesar, normalmente, en cuanto abandona el país''.
El magistrado británico se apoya en la Carta de Nuremberg de 1945, que estima que ``el principio de la ley internacional que, bajo ciertas circunstancias, protege a representantes de un Estado, no puede aplicarse a actos criminales condenados por la ley internacional''.
Y estima que ``los efectos de las relaciones diplomáticas de ese país con Chile, si se autoriza el procedimiento de extradición, o con España, si es rechazada, no conciernen al tribunal. Se trata, por definición, de consideraciones políticas que dependen del Ministerio del Interior''.
Igual que su colega Nicholls, lord Steyn consideró que si Pinochet todavía fuera ``jefe de Estado de Chile, (se) beneficiaría de la inmunidad en los procedimientos de extradición actuales'', pero actuó que el ex dictador ``cesó de ser jefe de Estado'', y que la ley de 1978 --que garantiza inmunidad de un ex presidente-- ``no se aplica en el caso de demandas criminales''.
``Tuve la ventaja de leer previamente las conclusiones de mis dos colegas --declaró lord Hoffmann--, y por las mismas razones que dan ellos yo autorizo la apelación contra la inmunidad del general Pinochet''.
A favor de la inmunidad
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de los Lores, lord Slynn of Hadley, insistió ayer en el hecho de que ``la única cuestión que importa es saber si (Pinochet) se beneficia de la inmunidad como ex jefe de Estado contra cualquier detención y procedimientos de extradición en el Reino Unido por hechos cometidos cuando era presidente''.
Teniendo en cuenta la legislación, Slynnn estima que ``por todos sus actos oficiales como jefe de Estado'', el ex dictador ``(se) beneficia, como cualquier otro mandatario, de una inmunidad permanente'', por lo que ``rechaza la apelación'' presentada contra la decisión del alto tribunal de justicia de Londres, que acordó, en principio, el pasado 28 de octubre, la inmunidad a Augusto Pinochet.
Lord Lloyd of Berwick estima que la cuestión radica en el hecho de saber si ``al cometer los crímenes que se le imputan el senador Pinochet actuaba como persona privada, o como jefe de Estado'', pero acotó: ``Sólo puede haber una respuesta. Actuaba en el ejercicio de su función soberana'', sobre todo ``porque no se ha sugerido que haya cometido con sus propias manos ninguno de los crímenes de torturas o secuestros'' que se le imputan.
``Además de posibles situaciones molestas en nuestras relaciones exteriores'', consideró este magistrado, al negar la inmunidad a Pinochet ``pondríamos en peligro las relaciones amistosas entre los gobiernos y la paz de las naciones... No somos un tribunal internacional''. (Afp)
Elliot Ness (el jefe de Los intocables) regresó a su trabajo encarnado en el juez de la Audiencia Nacional española Baltazar Garzón, quien, a sus 43 años, ostenta fama de ``incorruptible y trabajador infatigable'' gracias a los procesos en los que ha participado y que forman parte de la historia de escándalos más sonados en toda España.
Ahora Garzón generó una avalancha mundial de querellas contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet tras solicitar a Londres su extradición bajo los cargos de genocidio, terrorismo de Estado y tortura.
Solicitudes similares fueron entregadas a la justicia británica por Francia, Suiza, Italia, Alemania, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Austria y Canadá promovidas por exiliados chilenos y familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
El currículum del polémico magistrado, a quien sus críticos acusan de exagerada ambición, incluye el cargo de diputado en 1993 y su nombramiento como secretario de Estado antidroga.
Poco después decidió abandonar su carrera política, cuando el entonces jefe de gobierno español, el socialista Felipe González, no apoyó su nominación como titular del Ministerio de Justicia o del Interior.
A su regreso a la Audiencia Nacional, Garzón se encargó de varios procesos contra presuntos narcotraficantes y de las investigaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación, que en la década pasa- da realizaron una guerra sucia contra ETA.
El proceso se inició en 1995 y terminó en julio pasado con sendas condenas a 10 años de prisión del ex ministro socialista del Interior José Barrionuevo y del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.
Además, Garzón también ha realizado acciones contra ETA, como el cierre del diario independentista Egin, bajo las acusaciones de servir para financiar a la organización y como medio de comunicación entre la dirección etarra y sus comandos.
Algunos lo admiran, otros le temen, varios lo critican, pero para la mayoría es el ``Elliot Ness de la justicia española''. (Afp)