Impugnará Frei el fallo; la derecha lo acusa de ``pérdida de soberanía''

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 25 de noviembre Ť El gobierno chileno, la derecha y los militares recibieron con malestar el fallo contrario a Augusto Pinochet, y el presidente Eduardo Frei decidió impugnar el veredicto y enviar a su canciller a Gran Bretaña y España.

Ante el júbilo de los sectores de izquierda y de familiares de las víctimas del pinochetismo, la derecha reaccionó con virulencia y acusó a esos grupos de haber incidido negativamente en el fallo, e incluso arremetió contra el propio presidente al responsabilizarlo por la ``pérdida de territorio y soberanía nacional''.

No obstante, Frei recibió el total respaldo de las fuerzas armadas en las acciones en favor del ex dictador --quien cumple 40 días de arresto en Londres-- tras una reunión a la que había convocado el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los jefes del ejército, la ar- mada, la fuerza aérea y carabineros.

Una vez que se conoció la decisión de la Cámara de los Lores británica de revocar la ``inmunidad absoluta'' a Pinochet, lo que lo acerca a la extradición que solicitó España, el presidente chileno llamó a la calma a la población y anunció que impugnará tales acciones que se llevan a cabo en Europa contra el senador vitalicio.

Indicó que este jueves enviará un escrito a Londres para impugnar una eventual extradición del ex militar, y que con esa encomienda viajará a Gran Bretaña el canciller José Miguel Insulza, quien luego lo hará a Madrid.

``Acudiremos --dijo-- a todas las instancias que sean necesarias para plantear perseverantemente nuestra posición''.

Al llamar a la calma, al considerar que éste no es el fin del proceso sino que restan otras etapas, Frei reconoció que el gobierno estaba consciente de que este fallo puede traer consecuencias ``precipitadas en algunos sectores de nuestro país''.

Pero, el mandatario confió en que las gestiones podrían fructificar si hay un ``comportamiento responsable''.

Aparte del respaldo dado por las tres instituciones de las fuerzas armadas chilenas y de la policía a las gestiones del gobierno, cada una de esas fuerzas emitió comunicados por separado expresando su preocupación por la suerte del octogenario anciano, además de que calificaron el fallo como ``injusto y vejatorio''.

El comandante del ejército, general Ricardo Izurieta, tras salir de La Moneda indicó que ha terminado la etapa jurídica y comienza ahora la política.

Por ello, reafirmó el respaldo de las fuerzas armadas al gobierno de Frei, pues el envío del canciller a Londres y Madrid tendrá por objeto buscar la liberación de Pinochet políticamente.

Frei se negó a recibir en audiencia a los líderes de la oposición de derecha en repudio a las acusaciones que le hicieron de que había permitido la ``pérdida de territorio'' y de ``soberanía'', y se declaró ``profundamente molesto'' por tales señalamientos.

Los líderes de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente, Pablo Logueira, y de Renovación Nacional, Alberto Espina, quienes hicieron las imputaciones, calificaron luego el rechazo del mandatario a recibirlos de ``antidemocrático y arrogante''.

Estos dirigentes políticos demandaron el envío de una misión oficial a Londres.

Un amplio espectro político demandó que Londres envíe de regreso a Pinochet para ser juzgado en su país.

En ese marco, el precandidato presidencial democristiano, Andrés Zaldívar, apeló a razones humanitarias, mientras que el socialista Ricardo Lagos también pidió su devolución para ser juzgado en Chile.

La Iglesia católica abogó por razones humanitarias para su liberación, mientras se registraban sendas amenazas de bomba en las embajadas de Gran Bretaña y España.

En cambio, el líder socialista Ricardo Núñez dijo que el único camino para que haya ``compasión'' de los ingleses es que Pinochet se arrepienta ante todo el mundo.

En contraposición, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la dirigente comunista Gladys Marín expresaron su alegría por el fallo de la justicia británica, al tiempo que en horas de la noche se registraban disturbios entre simpatizantes de Pinochet y opositores y se hablaba de hasta un centenar de detenidos.

Por su parte, la Intendencia de Santiago dispuso la expulsión del país de los ciudadanos españoles Gonzalo Fernández de Córdoba, de 64 años de edad, y de su hija Ana Fernández, de 23, por haber simulado durante la víspera un secuestro vinculado a la situación que vive el país con el caso del ex dictador.