Beneplácito en Europa y cautela en la mayoría de naciones de AL

Afp, Ap y Reuters, Montevideo, 25 de noviembre Ť La decisión de la Cámara de los Lores de no reconocer la inmunidad de Augusto Pinochet, fue recibida con beneplácito por varios gobiernos europeos y con cautela por la mayoría de los países latinoamericanos, aunque Argentina y Uruguay se solidarizaron con el gobierno chileno, mientras las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo celebraban la noticia.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, reivindicó la competencia de la justicia chilena en el caso, y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el veredicto siente antecedentes ``para dar alcance extraterritorial a las leyes expedidas por cualquier país''.

A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, se limitó a decir que el tema es ``muy serio y complejo''. En cambio, en Ginebra, la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, saludó la decisión de los lores, que ``confirma el emergente consenso internacional contra la impunidad''.

El primer jefe de gobierno en reaccionar fue el primer ministro francés, Lionel Jospin, quien declaró: ``Es una alegría, y una mala noticia para los dictadores''. El presidente de Francia, Jacques Chirac, estimó por su parte que ``no es aceptable que haya crímenes que queden sin castigo''.

También Suecia y Portugal acogieron favorablemente la decisión, al tiempo que el canciller canadiense Lloyd Azworthy dijo que ésta sienta el precedente, ``pues una corte nacional toma la responsabilidad en la aplicación de los criterios internacionales por crímenes contra la humanidad''.

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos guardaron silencio, dado que al igual que Chile, adhieren a la tesis de territorialidad la de la justicia, en lo que respecta a las violaciones de derechos humanos de las pasadas dictaduras. Así, el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso dijo que Brasil considera que este es un tema interno entre Chile, Gran Bretaña y España.

Los gobiernos argentino y uruguayo se solidarizaron explícitamente con Chile. El canciller argentino Guido Di Tella consideró ``desubicada'' la decisión de los lores. Poco antes, el presidente Carlos Menem, que se ha proclamado amigo de Pinochet, se excusó de opinar por ``no conocer los pormenores del caso''. Sin embargo, el Senado argentino repudió al ex dictador chileno por considerarlo un ``traidor'', debido a su colaboración en 1982 con Gran Bretaña, cuando Argentina estaba en guerra con ese país por las islas Malvinas.

La cancillería uruguaya, a su vez, expresó su apoyo al gobierno de Chile ``en el ejercicio de su competencia soberana y en la consolidación de la vía institucional''. Y el general retirado Iván Paulós, uno de los protagonistas de la dictadura militar uruguaya, aseguró que el fallo es un acto de ``revanchismo internacional''.

A nivel de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el veredicto generó euforia, mientras los exiliados chilenos salieron a las calles en París, Estocolmo y Bruselas para festejar.

También en Montevideo, cientos de personas se reunieron en la Plaza Salvador Allende y la central única de trabajadores de Uruguay convocó a bailar ``de alegría''.

En Argentina --donde los jerarcas de la dictadura militar sí fueron juzgados, aunque luego Menem los indultó-- las más importantes organizaciones de derechos humanos, entre ellas las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, aplaudieron el veredicto.

Defensores de derechos humanos de Paraguay expresaron su confianza en que se abra la posibilidad de detener al ex dictador Alfredo Stroessner, quien vive en Brasil, mientras la Central Obrera Boliviana señaló que la justicia puede alcanzar a los dictadores, ``sean estos senadores o presidentes'', en aparente alusión al mandatario Hugo Bánzer, que en la década de los 70 encabezó un gobierno militar.

La disidencia cubana también se sumó al coro de los festejos: los lores británicos actuaron como ``portavoces de la conciencia universal'', dijo en La Habana Elizardo Sánchez, opositor al régimen de Fidel Castro.

David Aponte Ť El líder del bloque socialdemócrata de la Concertación por la Democracia de Chile, Ricardo Lagos, pidió ayer el gobierno de Gran Bretaña enviar de regreso a Chile a Augusto Pinochet para que responda ante la justicia chilena.

``El mismo pueblo que sufrió sus abusos tiene el mejor derecho a juzgarlo'', dijo.

El fallo de la Cámara de los Lores que declara nula la inmunidad de Estado al militar es la expresión que ya compartía un amplio sector de la comunidad internacional y que hacía parte de la convicción de los chilenos, argumentó.

En conferencia de prensa, celebrada en la sede de la embajada de Chile en México, Lagos manifestó que el fallo ``lo que está diciendo es que no existe inmunidad de Estado cuando hay violaciones a los derechos del hombre. Es un fallo que, yo creo, permite culminar bien este siglo XX, en donde tantas violaciones, en nombre de tantas verdades, entre comillas, se han cometido contra los derechos del hombre''.

Lagos, un dirigente perfilado a la candidatura a la presidencia chilena para los comicios de diciembre de 1999, recibió la noticia del dictamen de la Cámara de los Lores en la ciudad de México, invitado por el Consejo Coordinador Empresarial para ofrecer una serie de conferencias ante varios hombres de negocios.

El político chileno tenía ayer en su agenda una reunión de trabajo con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, a las 10 de la mañana, que debió ser postergada para la tarde de este jueves, cuando los personajes conocieron la decisión ocurrida en Londres.

Antes del mediodía, el político chileno dio lectura a una declaración, fundamentalmente para solicitar al gobierno de Gran Bretaña la devolución del ex dictador, con el objetivo de que sean los tribunales de su país los encargados de hacer justicia, y lanzar un llamado a los chilenos para que asuman una actitud de calma, unidad y madurez ante el fallo judicial británico.

Indicó que la decisión abre una posibilidad de afrontar y resolver en Chile los temas pendientes de la transición, los que deben incluir la conclusión de los asuntos ligados a la violación de los derechos humanos y los cambios institucionales para afianzar la plena democracia.

Pinochet y su régimen han sido juzgados no por una campaña de desinformación de la izquierda o de sus víctimas, sino por sus propios hechos, que en su defensa justificó como razones de Estado, continuó.

``Comprendo y respeto los sentimientos de las víctimas que ven en este fallo la posibilidad de obtener verdad y justicia, luego de 25 años de espera. Al mismo tiempo, tengo la convicción de que es mejor para nuestro país que Augusto Pinochet vuelva para enfrentar en nuestros tribunales las responsabilidades que ha eludido a lo largo de estos años'', afirmó.

Agregó: ``Para que así ocurra, todos los sectores nacionales tenemos la obligación de abrir efectivamente camino a la justicia. Así podemos dejar a nuestras espaldas las heridas del pasado y mirar al futuro para construir una sociedad mejor, con paz, democracia y justicia''.

Lagos agregó que el fallo en Londres es una muestra de que el gobierno chileno no ejerció a plenitud su soberanía, ``la cual implica hacer justicia. Chile no tendría autoridad para solicitar la devolución de Pinochet si no existe la convicción de hacer justicia. Lo contrario sería convalidar la impunidad''.

Jim Cason, corresponsal, Washington, 25 de noviembre Ť Altos funcionarios del gobierno de Bill Clinton se limitaron hoy a declarar que están ``estudiando'' el fallo de la Cámara de Lores de Inglaterra sobre el ex dictador Augusto Pinochet, y un miembro del Pentágono indicó que Estados Unidos espera que los militares chilenos no reaccionen en forma adversa a la decisión.

``Desde nuestro punto de vista, hemos condenado los abusos del régimen de Pinochet cuando estaba en el poder y continuamos alentando la transición chilena a la democracia'', comentó a La Jornada un funcionario de la Casa Blanca. ``También apoyamos firmemente la justicia para aquellos que podrían ser culpables de abusos de los derechos humanos, como fue en los casos de Ruanda y Yugoslavia''.

Pero este mismo funcionario, al igual que otros del Departamento de Estado y del Pentágono, se negaron a comentar directamente la decisión británica o sus implicaciones para Estados Unidos. ``Aún no hemos tenido la oportunidad de estudiar el fallo de la Cámara de Lores y evaluar sus implicaciones'', declaró a este diario un vocero del Departamento de Estado. Los funcionarios aquí, señalaron que no estaban enterados de ninguna discusión formal entre los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra en torno al caso Pinochet.

Funcionarios del Pentágono también calificaron el fallo británico como un asunto a resolver sólo por ingleses, chilenos y españoles. Pero al ser interrogados en torno a si esta decisión podría provocar una reacción adversa por parte de los militares chilenos, un alto funcionario del Pentágono comentó: ``esperamos que no hagan algo así''. Estados Unidos se reunirá con los líderes militares de América Latina en la tercera Reunión Ministerial de Defensa hemisférica que se celebrará a fines de este mes en Colombia.

Sobre si Estados Unidos tiene interés en interrogar a Pinochet en torno a su papel en los asesinatos de Orlando Letelier y la estadunidense Ronni Moffit realizados por agentes chilenos en esta capital en septiembre de 1976, un funcionario del Departamento de Estado señaló que no se ha tomado ninguna decisión de proceder formalmente en ese sentido. Alguien de la Casa Blanca agregó que ``aunque el caso Letelier-Moffit sigue abierto --y se ha investigado en forma vigorosa durante años--, no se ha tomado una decisión para acusar a más individuos''.

En 1978, el jefe de la policía secreta chilena y otros ocho acusados fueron culpados por su papel en este asesinato, y aunque se implicó a Pinochet, nunca fue formalmente acusado en el caso Letelier. El Departamento de Justicia ha confirmado que algunos funcionarios de medio nivel han estado debatiendo si solicitar o no una oportunidad para interrogar a Pinochet sobre este asunto, pero altos funcionarios de la misma dependencia se negaron a comentar en torno a ese debate interno.

Saul Landau, autor del libro definitivo sobre el caso Letelier, ha denunciado que las autoridades estadunidenses suspendieron la investigación del caso cuando se presentó la posibilidad de implicar al propio general. ``Si el apellido de Pinochet fuera Bin Pinochet, estoy seguro que lo harían arrestar de inmediato'', comentó en alusión a la campaña del gobierno contra los llamados ``terroristas'' árabes. Landau añadió que no estaba seguro de cuál es la razón por la que las autoridades estadunidenses han sido renuentes a promover un caso contra el dictador, pero especuló que podría ser el temor de que agencias del gobierno aquí podrían ser implicadas en los abusos cometidos durante la dictadura en Chile. ``Tienen que cubrir sus propios traseros'', dijo.

Amnistía Internacional y otros grupos defensores de derechos humanos realizaron una manifestación anoche frente a la embajada de Chile para apoyar la extradición de Pinochet a España, así como para demandar que Estados Unidos acuse formalmente al general.

Otros representantes de organizaciones de derechos humanos, que pidieron no ser identificados, comentaron que es poco probable que Pinochet sea extraditado a este país, ya que Washington participó en las iniciativas que culminaron en el golpe de Estado que lo llevó al poder.