Tardará de 6 a 12 meses depurar todas las policías del país, estima Labastida

José Antonio Román Ť La depuración de todos los cuerpos policiacos del país, tanto públicos como privados, tardará entre seis y 12 meses, anunció el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, quien dijo que esta decisión implica un ``cambio radical y de fondo'' en el combate a la impunidad.

Informó que para el año 2000 se pretende preparar a 24 mil policías judiciales, 6 mil 500 agentes del Ministerio Público y 3 mil 500 peritos, es decir, duplicar el número existente en este momento, con el propósito de acabar con el rezago de los expedientes que no han sido integrados y para que las investigaciones tengan una base más sólida y científica.

En conferencia de prensa realizada en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el responsable de la política interior del país estimó que alrededor de 20 por ciento de los 47 mil policías judiciales y preventivos dejarán sus cargos, tanto por tener órdenes de aprehensión como por reprobar los cinco exámenes a los que serán sometidos, como parte de la restructuración nacional de los cuerpos policiacos.

Labastida detalló también la procedencia y ejercicio de los recursos públicos que se destinarán a la seguridad pública el próximo año. Dijo que la Federación asignará 8 mil 700 millones de pesos, además de que se prevén inversiones adicionales por mil 400 millones, a cargo de los gobiernos estatales.

De los 8 mil 700 millones, 6 mil se transferirán directamente a los gobiernos de los estados y los 2 mil 700 restantes se emplearán, por un lado, para sufragar lo que se llama ``ayudas de ley'' para los reclusos del orden federal que están prisioneros en cárceles estatales; y por el otro, para ayudar a los programas de seguridad pública del gobierno federal.

Hay que destacar que en este último punto se incluyen los recursos para la Policía Federal de Caminos, la Procuraduría General de la República y para el combate al narcotráfico en diversas instancias.

Durante la conferencia, el secretario de Gobernación insistió en que con la depuración de los cuerpos policiacos iniciada el pasado lunes en tres estados y el Distrito Federal ``estamos tocando la fuente de la impunidad de la delincuencia en el país'' y agregó que los resultados obtenidos hasta ahora se deben, en gran medida, al Sistema Nacional de Información que permitió el cruce de datos para llevar a cabo operativos especiales.

Acompañado por el subsecretario de Seguridad Pública, Jesús Murillo Karam, y del gobernador del estado de México, César Camacho Quiroz, señaló que de las 780 empresas de seguridad privada que existen en el país ``prácticamente ninguna'' tenía la autorización correspondiente de la dependencia a su cargo.

Por su parte, el gobernador César Camacho, quien previamente se reunió durante casi una hora con Labastida Ochoa, informó que en el estado de México el número de policías detenidos por tener órdenes de aprehensión pasó de 32 a 72 en las últimas horas, cifra que podría incrementarse paulatinamente, debido a que las investigaciones y el cruce de información continuarán.

Insistió en que ésta es la primera etapa de una tarea que no dejará de ponerse en marcha e incluso informó que se cuenta con ``varios cientos'' de órdenes de aprehensión contra personal en archivo de diversas corporaciones, inclusive de la Policía Auxiliar del propio Distrito Federal.

Respecto a la efectividad y buenos resultados del cruce de información, el gobernador mexiquense puso como ejemplo el caso del policía judicial Ricardo Hernández, quien el pasado lunes fue detenido por la comisión del delito de lesiones y resultó que está involucrado en una averiguación previa por homicidio en el estado de Hidalgo y tiene en su contra una orden de aprehensión por otro asesinato en Veracruz.

Labastida Ochoa subrayó la necesidad no sólo de aplicar el peso de la ley a los elementos policiacos cuando la violan, sino también de reconocerles, con mejores salarios y prestaciones económicas, cuando cumplan cabalmente su tarea dentro de la sociedad.

Finalmente, recordó que tras el cumplimiento de las órdenes de aprehensión corresponde a las procuradurías de cada uno de los estados continuar las investigaciones correspondientes.