En su comparecencia de ayer ante la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, afirmó que con el paquete de medidas económicas propuesto por el gobierno federal para el año próximo, así como con las disposiciones ya implantadas desde este mes, como el incremento en el precio de la gasolina, ``México gana''.

Culpó al Legislativo de haber establecido, en forma ``deliberada'', reglas favorables a la evasión que han debilitado el sistema tributario; habló del realismo y la transparencia de la iniciativa gubernamental, y aseguró que si ésta se acepta, 82 por ciento de la recaudación adicional prevista en la propuesta provendría del 10 por ciento de la población con más altos ingresos. Asimismo, el funcionario manifestó su extrañeza por el hecho de que quienes se oponen a sus propuestas fiscales ``dedican recursos y esfuerzos'' a denunciarla.

Atribuir al Congreso de la Unión la responsabilidad por la deficiente recaudación de impuestos puede entenderse, en todo caso, como la crítica de un priísta a sus correligionarios diputados y senadores que han debilitado al fisco ``a lo largo de los años''. No está de más recordar que, hasta el año pasado, el Congreso de la Unión fue dominado en términos absolutos por el partido del actual secretario de Hacienda, y que los sucesivos gabinetes -incluidos los que ha integrado el propio Gurría- utilizaron ese hecho para aprobar cuanta ley quisieron; en ocasiones, con todas las bancadas opositoras en contra.

En otro sentido, es fácil entender el ``realismo'', más no la ``transparencia'', de una iniciativa económica que busca sacar de los bolsillos de los contribuyentes las sumas multimillonarias comprometidas por el actual gobierno en su operación de salvamento de los bancos privatizados.

Ese designio implícito en la propuesta oficial es, precisamente, el que ha provocado que la gran mayoría de los sectores, partidos, organizaciones sociales, instituciones académicas, medios y ciudadanos del país, estén destinando ``recursos y esfuerzos'' para impugnar semejante iniciativa.

A excepción del gabinete económico, los banqueros salvados por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y una parte de los legisladores priístas, la sociedad ha recibido la propuesta elaborada por Gurría como un agravio ético y económico que debe ser modificado a fondo por el poder Legislativo. Y esa posición mayoritaria quedó de manifiesto, pese a lo desangelado de la sesión de ayer, con el rechazo de toda la oposición política a los proyectos económicos del secretario de Hacienda.